Por Andrés Arce Olate y Amaru Vásquez Lamatta
Frente al proyecto de ley (mensaje N°127-374) presentado por el gobierno de José Kast, que permite retrasar hasta el año 2040 la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública y facilita que los municipios mantengan la administración de escuelas y liceos mediante la reducción de los requisitos de postergación de los traspasos, como integrantes del Movimiento por la Unidad Docente, desde la reflexión colectiva, expresamos nuestro rechazo a este proyecto y al diseño del Ejecutivo para la destrucción de la Educación Pública.
La implementación de la Ley N.º 21.040 ha dejado en evidencia importantes falencias en el funcionamiento de la Nueva Educación Pública, especialmente en materia de financiamiento, gestión, autonomía territorial y participación de las comunidades. Las modificaciones publicadas en mayo reconocen parte de estas dificultades e incorporan algunos ajustes administrativos y de coordinación, pero están lejos de resolver los problemas estructurales del sistema. Se mantiene el financiamiento por asistencia, una participación sin capacidad resolutiva, una estructura de metas sostenida en la rendición de cuentas y una institucionalidad que todavía reproduce lógicas de mercado que han debilitado históricamente a la educación pública.
Pero en esto somos claros: nuestra crítica al funcionamiento de los Servicios Locales no puede ser utilizada para justificar la prolongación de la administración municipal. La municipalización, impuesta durante la dictadura, fragmentó la educación pública entre comunas con capacidades financieras, técnicas y políticas profundamente desiguales. Debilitó la responsabilidad directa del Estado y sometió a las escuelas y liceos a la competencia por matrícula y recursos.
Esta educación municipal dejó una herencia marcada por deudas, infraestructura deteriorada, información incompleta sobre trabajadores, contratos, bienes y recursos, además de profundas desigualdades entre comunas. Y estas condiciones han afectado directamente los procesos de traspaso. A esa herencia se han sumado dotaciones insuficientes en los Servicios Locales, burocracia, problemas de gestión, decisiones centralizadas y una débil participación de las comunidades educativas.
Esta realidad exige corregir y transformar la Nueva Educación Pública, garantizando las condiciones necesarias para su funcionamiento. Pero utilizar las consecuencias del abandono municipal y las falencias actuales de los SLEP como argumento para detener la desmunicipalización creemos que solo prolonga un modelo que ya demostró sus límites.
Es evidente que este proyecto se despreocupa categóricamente de fortalecer el mismo sistema que crea la ley 21.040, pues no contiene ninguna medida orientada a fortalecer a los SLEP durante los años de extensión…
El proyecto impulsado por la ministra Arzola no constituye una medida aislada. Forma parte de una matriz ideológica contraria al fortalecimiento de la presencia del Estado en educación. Mientras se facilita la permanencia de los municipios y se promueve la expansión de los establecimientos particulares subvencionados, se posterga la construcción de un sistema público nacional que sea coherente y se profundiza la fragmentación educativa.
Es evidente que este proyecto se despreocupa categóricamente de fortalecer el mismo sistema que crea la ley 21.040, pues no contiene ninguna medida orientada a fortalecer a los SLEP durante los años de extensión, con toda la evidencia del daño estructural a nivel financiero que hoy les afecta. Por el contrario, mantiene como gusto ideológico de esta administración la municipalización como forma de fragmentar y quebrar aún más el sistema, al mismo tiempo que se impulsa un proyecto de ley (Boletín N° 16.743-04) que busca facilitar la creación de establecimientos educativos particulares subvencionados.
Defendemos la continuidad de la desmunicipalización, pero no para conservar los SLEP tal como funcionan actualmente. Queremos ser claros al señalar que la Ley 21.040 no resuelve el grave problema estructural que mantiene a la Educación Pública en una profunda crisis que todas las comunidades del país evidencian día a día, efecto de una planificación de más de 40 años para promover su destrucción desde tiempos de la Dictadura Civil Militar chilena.
Exigimos financiamiento basal, estable y suficiente; traspasos sin deudas; respeto integral de los derechos laborales; inversión permanente en infraestructura; dotaciones adecuadas; autonomía territorial y participación resolutiva de las comunidades educativas y fin a la estandarización educativa.
Nuestro horizonte sigue siendo la construcción de un Sistema Nacional Articulado de Educación Pública, de carácter estatal, comunitario y feminista, que supere definitivamente la municipalización y las lógicas de mercado presentes en el sistema escolar.
Andrés Arce Olate
Vicepresidente Regional Valparaíso CPCh.
Vocero MUD
Amaru Vásquez Lamatta
Dir. Regional Metropolitano CPCh.
MUD Sección RM
Unidad Docente, agosto 12 de 2026.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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