Hacienda destraba proyectos y uno favorece al hermano de Quiroz, pero Sernageomin lo objetó por “remociones en masa”

Lobby, plazos exprés y una objeción técnica sepultada: así el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, logró la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario de su hermano Víctor, pese a que el Sernageomin advirtió riesgos de deslizamientos, derrumbes y desprendimientos

Hacienda destraba proyectos y uno favorece al hermano de Quiroz, pero Sernageomin lo objetó por “remociones en masa”

El mecanismo de aceleración de permisos ambientales impulsado desde el Ministerio de Hacienda permitió la aprobación del proyecto inmobiliario Alto Santorini en Concón, iniciativa en la que participa como socio el arquitecto Víctor Quiroz, hermano del titular de la cartera, Jorge Quiroz. La medida fue adoptada pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantuvo su objeción técnica por el riesgo de «remociones en masa» en el terreno, lo que ha generado cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés y falta de transparencia en el proceso.

La estrategia de la administración de José Antonio Kast para destrabar inversiones, encargada personalmente por el ministro Jorge Quiroz, consiste en un sistema de monitoreo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la creación de un Comité de Proyectos integrado por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. Esta instancia, que sesiona periódicamente y es liderada por el despacho de Hacienda, no cuenta con actas públicas que documenten sus deliberaciones o acuerdos, lo que ha despertado suspicacias sobre sus criterios de priorización.

El proyecto del hermano de Quiroz

Según consignó CIPER en un reportaje, Alto Santorini contempla una inversión de US$43,6 millones (aproximadamente $40 mil millones) y busca levantarse en un sector aledaño a las dunas de Concón. Víctor Quiroz no solo es el arquitecto diseñador del proyecto a través de su estudio Quiroz y Puelma Arquitectos, sino que también actúa como lobista y es propietario de una parte significativa de la iniciativa. Según los registros del Diario Oficial, el empresario integra una sociedad junto a su esposa e hijos que controla el 50% de otra sociedad, la cual a su vez tiene el 24% del proyecto Alto Santorini. De esta forma, la familia Quiroz aparece como propietaria de un 12% de la iniciativa.

La tramitación ambiental de este proyecto ha estado marcada por diversas suspensiones y aplazamientos. En 2023, producto del socavón que afectó a un edificio en el sector de dunas de Reñaca, el proceso de evaluación fue detenido, reanudándose en julio de 2024 cuando la empresa presentó nuevos antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso. Once instituciones plantearon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental, y los representantes del proyecto solicitaron en dos oportunidades ampliar el plazo para responder a esos reparos, extendiendo el proceso hasta el 31 de marzo de este año, veinte días después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda, tras la llegada de Kast a La Moneda.

De acuerdo con el medio de investigación, ya con su hermano en el gabinete, Víctor Quiroz intensificó sus gestiones de lobby, reuniéndose en junio con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que aprobó el proyecto. El empresario registró diez audiencias con autoridades de la región en los meses previos a la resolución favorable del SEA.

La objeción técnica de Sernageomin

A pesar del impulso político al proyecto, el Sernageomin mantuvo su reparo técnico, señalando que el terreno presentaba «un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos», y solicitando un estudio específico al respecto.

Tras revisar la nueva respuesta de la inmobiliaria, el servicio respondió el pasado 28 de abril y consideró que no era «posible descartar fundamentalmente la generación de impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población».

Sin embargo, según consignó CIPER, el SEA de Valparaíso decidió no considerar el pronunciamiento de Sernageomin, argumentando que «la geomorfología no es un objeto de protección en el SEIA» y que las remociones en masa constituyen «un fenómeno natural que puede potenciarse por acción humana, pero cuyo gatillar recae en condiciones naturales».

 El pasad 8 de julio, el SEA declaró ambientalmente favorable el proyecto, aunque incorporó la observación como una condición dentro de un «Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias por remoción en masa» que deberá presentar la empresa, lo que significa que los posibles riesgos de un socavón en el sector no han sido determinados con precisión.

El mecanismo de Hacienda y sus vacíos de transparencia

El plan impulsado por el ministro Quiroz busca monitorear los tiempos de tramitación ambiental y apoyar el cumplimiento de plazos que la ley fija a cada organismo. Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que se trata de un «sistema interno de información que reúne antecedentes públicos y de libre acceso disponibles en el SEIA», y que su finalidad es conocer el estado de los proyectos de inversión. Sin embargo, no existen registros públicos de las recomendaciones o acuerdos del comité de subsecretarios.

Michel Figueroa, director de Chile Transparente, advirtió a CIPER que «desconocemos los criterios que están teniendo en cuenta y que están utilizando para priorizar uno por sobre otro», lo que «puede dejar la puerta abierta al tráfico de influencias, las influencias indebidas o incluso a que veamos situaciones de conflicto de intereses que no estén quedando registradas».

El presidente José Antonio Kast destacó en su cuenta pública que, gracias a este mecanismo, se ha resuelto el 60% de la inversión que estaba a la espera de resolución de recursos de reclamación. No obstante, el propio ministro Quiroz ha estado involucrado en discusiones sobre el cuestionado proyecto de ley miscelánea o megarreforma económica-tributaria que contempla beneficios a empresas inmobiliarias con incentivos tributarios, sin haber transparentado en su Declaración de Patrimonio que su hermano integra uno de los estudios de arquitectura más grandes de Viña del Mar, vinculado a obras de importantes constructoras e inmobiliarias.

CIPER indicó que intentó contactar a Víctor Quiroz a través de los números disponibles en el registro del proyecto y el correo de su estudio de arquitectos, sin obtener respuesta hasta el cierre del reportaje publicado.

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