La controversia en torno al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha intensificado tras el anuncio de la oposición de solicitar una Comisión Especial Investigadora (CEI) para fiscalizar su gestión. La medida, impulsada por diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Comunista, por la Democracia, Democracia Cristiana y Liberal, apunta a la necesidad de esclarecer eventuales conflictos de interés relacionados con la aceleración de permisos ambientales por parte del Gobierno de José Antonio Kast.
La decisión surge a raíz de dos reportajes de CIPER que ponen en tela de juicio la transparencia del secretario de Estado, vinculándolo directamente con iniciativas que habrían recibido un trato preferente a pesar de contar con informes negativos por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), un escenario que ha encendido las alarmas en el Congreso.
El foco de la investigación se centra en el proyecto inmobiliario Alto Santorini, ubicado en la comuna de Concón, el cual representa una inversión cercana a los US$43,6 millones. La controversia se profundizó al revelarse que en esta iniciativa participa como socio Víctor Quiroz, quien hermano del ministro.
Víctor Quiroz no solo es el arquitecto diseñador del proyecto a través de su estudio Quiroz y Puelma Arquitectos, sino que también actúa como lobista y es propietario de una parte significativa de la iniciativa. Según los registros del Diario Oficial, el empresario integra una sociedad junto a su esposa e hijos que controla el 50% de otra sociedad, la cual a su vez tiene el 24% del proyecto Alto Santorini. De esta forma, la familia Quiroz aparece como propietaria de un 12% de la iniciativa.
La historia de esta tramitación ambiental no ha sido sencilla. El proceso de evaluación del proyecto Alto Santorini ha estado plagado de suspensiones y aplazamientos, incluyendo una pausa en 2023 a raíz del socavón en Reñaca que se mantuvo hasta julio de 2024 cuando la empresa presentó nuevos antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso.
La aprobación ambiental, ocurrida el 8 de julio, coinciden con el periodo en que Jorge Quiroz ya se desempeñaba como ministro, lo que genera sospechas sobre un posible uso de influencias. Este escenario se complica al saber que, durante la tramitación, once instituciones plantearon observaciones y que Víctor Quiroz sostuvo varias reuniones con autoridades regionales, incluyendo una efectuada en junio pasado con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que aprobó el proyecto.
Uno de los pilares del cuestionamiento técnico proviene del Sernageomin, cuyo reparo sobre la seguridad del terreno fue desestimado por el SEA de Valparaíso. El organismo advirtió sobre «un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos», señalando que no era posible descartar riesgos para la población. Sin embargo, el SEA optó por no considerar este pronunciamiento, argumentando que «la geomorfología no es un objeto de protección en el SEIA» y que las remociones en masa constituyen «un fenómeno natural que puede potenciarse por acción humana, pero cuyo gatillar recae en condiciones naturales».
El segundo proyecto que despertó las alertas, es el de la planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, que desarrolla el Grupo Errázuriz, empresa para la que el ministro Jorge Quiroz fue consultor través de Quiroz & Asociados.
Diputado Bassa: «Actitudes de Quiroz generan dudas respecto a la transparencia y probidad»
Para el diputado Jaime Bassa (FA), uno de los impulsores de que se instale la Comisión Investigadora los antecedentes son graves y planteó que “las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de algunas de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés”.
«Hemos conocido sobre la aprobación de dos proyectos sin respaldo técnico y en los que el ministro tendría conflictos de interés», afirmó en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.
Indicó que aunque bajo la dirección de Quiroz la Cartera de Hacienda ha generado nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos, «no existen actas ni documentos que den cuenta de los acuerdos, eventuales recomendaciones u otros antecedentes que deben ser públicos».
La lupa de la oposición está sobre el nuevo sistema de monitoreo y un Comité de Proyectos del SEIA coordinado desde Hacienda que facilitó la aprobación del proyecto Alto Santorini. Según los diputados, este comité, integrado por diversas subsecretarías, carece de actas y registros públicos de sus sesiones, criterios de priorización y acuerdos, lo que imposibilita conocer los fundamentos de sus decisiones.
Este «modus operandi» sin transparencia se extiende al proyecto del Grupo Errázuriz en el Salar de Atacama, donde también se echan en falta actas y registros, pese a los vínculos previos del ministro Quiroz, quien trabajó como consultor para esa empresa.
A través de la instalación de la CEI, los parlamentarios de oposición no solo buscan dilucidar las irregularidades en la tramitación de estos dos proyectos, sino indagar en el funcionamiento general del Comité de Proyectos del SEIA para determinar si se registraron irregularidades. Se espera que la instancia investigue los criterios de priorización utilizados, los fundamentos detrás de la inexistencia de actas y registros públicos, y la eventual incidencia directa del ministro en las resoluciones.
Al mismo tiempo, según consignó el medio citado, se revisará el cumplimiento de las obligaciones de probidad, abstención y declaración de intereses tanto de Quiroz como de sus asesores más cercanos, en un intento por despejar las sombras de duda que se ciernen sobre la probidad del gobierno de Kast en materia de gestión ambiental y conflictos de interés.
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