El director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch, Philippe Bolopion, advirtió que las sanciones aplicadas por el gobierno de EEUU a la Corte Penal Internacional (CPI) son «inconstitucionales y deben ser anuladas», denunciando además que dichas medidas suponen una amenaza existencial para la CPI.
Bolopion enfatizó que las sanciones «están limitando nuestra capacidad como organización de derechos humanos, para cooperar con la Corte, para cooperar con organizaciones palestinas de derechos humanos. Por eso decidimos demandar en EEUU, porque creemos que estas sanciones contra la CPI son inconstitucionales y deben ser anuladas».
El representante de la ONG se refiere a la demanda presentada por 4 organizaciones de derechos humanos (American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch y Open Society Institute) ante un tribunal federal de EEUU, para impugnar las sanciones impuestas por Trump contra fiscales y jueces de la CPI, un experto en DDHH de la ONU, y 3 organizaciones palestinas de Derechos Humanos.
«La demanda impugna la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, el 6 de febrero de 2025, que autoriza la imposición de sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas que colaboran con la CPI en la búsqueda de justicia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», plantearon desde HRW.
Según la demanda, estas sanciones les obligan a restringir una amplia gama de actividades jurídicas y de defensa de los derechos humanos, en violación de los derechos garantizados por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act).
La demanda también argumenta que las sanciones exceden las facultades del Presidente y se basan en una supuesta ‘emergencia nacional’ que carece de fundamento real.
«La CPI es un tribunal internacional permanente creado para juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Tras los genocidios ocurridos a mediados de la década de 1990 en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional creó la CPI para evitar que los responsables de delitos graves, incluidos altos funcionarios, eludieran la justicia», recordaron desde la entidad.
Factor israelí
Un elemento a considerar en el análisis de esta noticia, es que la Corte Penal Internacional ha iniciado 18 investigaciones en distintas partes del mundo: Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia, Filipinas, Darfur (Sudán), Ucrania y Palestina.
Esta última condujo a la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, ya que Palestina es un Estado parte de la CPI.
Lee el reporte completo de HRW AQUÍ
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