Andes Iron, la empresa titular del proyecto minero-portuario Dominga, compareció «por iniciativa propia» como imputada en la causa penal iniciada tras la querella presentada por la organización internacional Greenpeace en mayo pasado, con el objetivo de aclarar «eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos vinculados a la tramitación judicial del proyecto».
Recordemos que esta acción judicial fue interpuesta después que se conocieran pagos por más de $255 millones realizados por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, cuyos socios Eduardo Lagos y Mario Vargas, están imputados y en prisión preventiva en el marco del caso conocido como «Trama Bielorrusa».
Ahora, en un escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, «la propia empresa reconoce que los hechos denunciados podrían revestir carácter de delito», apuntan desde Greenpeace, calificando la decisión de la firma como «significativa».
«La empresa titular de Dominga no se desmarca y reconoce la gravedad de los hechos que están siendo investigados, y a la vez admite que estos le atañen directamente y que tiene interés en acceder a los antecedentes de la investigación, asumiendo la calidad de imputada», explicó Matías Asun, director de Greenpeace en Chile.
«Andes Iron acaba de reconocer algo muy relevante: que la investigación por eventuales actos de corrupción en torno a Dominga no es un asunto ajeno a la empresa, sino que los hechos denunciados por Greenpeace se relacionan directamente con su participación en la tramitación del proyecto», agregó el dirigente ambientalista.
Para Asun, «si la empresa entiende que esta investigación la afecta al punto de tener que comparecer en ella, en calidad de imputada, entonces, con mayor razón, resulta indispensable esclarecer qué ocurrió y quiénes participaron con la mayor celeridad posible, especialmente dada la insistencia de la propia empresa en seguir presionando judicial y políticamente para que su proyecto se concrete a toda costa».
El representante de Greenpeace destacó en este punto que la querella «no fue dirigida contra Andes Iron, sino que fue presentada de forma abierta, en contra de todos quienes resulten responsables. Pero más allá de esto, aquí hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Para qué contrató Andes Iron a un estudio cuyos abogados hoy están imputados por hechos de corrupción judicial?», preguntó Matías Asun.
Sobre este punto, el abogado Mauricio Daza comentó que «la comparecencia de la empresa en esta causa hace todavía más urgente responder esta pregunta y determinar cuál fue el verdadero propósito de esos pagos, y qué papel pudieron haber tenido estos abogados en la tramitación judicial de Dominga».
«Dominga no puede convertirse en un proyecto blindado frente a la investigación de posibles redes de corrupción. Si existen antecedentes que apuntan a eventuales sobornos o favores indebidos en su tramitación judicial, deben investigarse hasta las últimas consecuencias y con celeridad, y en esto no podemos dar ni un paso atrás», remarcó finalmente Matías Asun.
Seguiremos informando.
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
