Ausencias: La historia de las mujeres víctimas de desaparición forzada en Chile

«El Estado reconoció, con enorme retraso, que la tortura tuvo rostro de mujer, pero reconocer dista mucho de reparar»: Viviana Cáceres D., Amnistía Internacional

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Viviana Cáceres D. , directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile, compartió una columna en la que advierte que ninguna de las comisiones de verdad constituidas en Chile —ni la Rettig, ni la Valech I, ni la Valech II— incorporó un enfoque de género en su diseño ni en su funcionamiento. La organización señala que se trata de «una omisión estructural que determinó qué ciertas violencias fueron vistas, nombradas y validadas mientras que otras debieron esperar décadas para ser reconocidas».

Cáceres recuerda que la dictadura cívico-militar estuvo marcada por la desaparición forzada de más de mil personas, y que a pesar de las investigaciones que lo avalan, «tomó más de una década reconocer la violencia específica que sufrieron las mujeres durante ese periodo». La columna destaca que no fue hasta noviembre de 2004, en el marco de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) , que el Estado chileno reconoció formalmente las violaciones y vejaciones sexuales como un método sistemático de tortura especialmente ejercido contra las mujeres.

La directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional señala que el Informe Rettig, elaborado más de una década antes, no contempló siquiera esa posibilidad, y que esta demora tiene un costo que «no puede medirse solo en años: significó que el número real de mujeres víctimas permanece subestimado hasta el día de hoy». Agrega que la naturaleza misma de la violencia sexual —»el estigma, la vergüenza impuesta, el trauma, el silencio como mecanismo de supervivencia»— hizo que la entrega de testimonios fuera un proceso gradual y tardío, «incompatible con los plazos acotados en que trabajaron estas comisiones».

La columna de Amnistía Internacional subraya que hay otras ausencias que también deberían interpelar: «la de las mujeres disidentes, migrantes, afrodescendientes, cuyas experiencias no aparecen mencionadas en ninguno de los informes oficiales». También señala la falta de desagregación de información referida a niñas, niños y adolescentes, y que el Informe Valech I documentó personas menores de edad detenidas por la prisión de sus padres, incluso personas nacidas en prisión y privadas de libertad. «Son verdades que deberían estremecernos: hablan de infancias y juventudes arrebatadas», advierte.

A toda esta acumulación de omisiones y deudas, Cáceres suma «quizás, la más elocuente: hasta hoy no existen medidas de reparación —restitución, indemnización, rehabilitación— diseñadas específicamente para las mujeres que sobrevivieron a estas formas particulares de violencia». La directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional concluye que «el Estado reconoció, con enorme retraso, que la tortura tuvo rostro de mujer, pero reconocer dista mucho de reparar».

La columna finaliza con un llamado a la memoria histórica: «Treinta y seis años después del fin de la dictadura, la memoria histórica de Chile sigue construida sobre un relato incompleto. No se trata de reabrir heridas por afán de revisionismo, sino de una deuda pendiente con la verdad misma: una verdad que, mientras no incorpore la experiencia particular de las mujeres, seguirá siendo parcial». Amnistía Internacional sostiene que «la justicia transicional no puede darse por concluida mientras persistan estos vacíos. Nombrar lo que no fue nombrado, considerar a quienes no fueron consideradas, es también una forma de justicia que Chile todavía está en deuda».