¿Criminalización del movimiento social y sindical? ANEF Araucanía advierte sobre riesgos del proyecto nuevo estado de excepción

La ANEF Araucanía advirtió que la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción para seguridad pública debe tener "límites claros, controles democráticos efectivos y pleno respeto de los derechos fundamentales". El gremio cuestionó que una movilización social o sindical pueda ser tratada como amenaza a la seguridad.

¿Criminalización del movimiento social y sindical? ANEF Araucanía advierte sobre riesgos del proyecto nuevo estado de excepción

«Seguridad con derechos, autoridad con límites y democracia con participación”

El pronunciamiento de ANEF Araucanía

El Directorio Regional de ANEF Araucanía emitió un comunicado público en el que advierte sobre los alcances de la propuesta de reforma constitucional que incorpora un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. La organización de trabajadores del Estado señaló que, si bien enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia es una obligación fundamental del Estado, «las herramientas destinadas a garantizar seguridad deben contar con límites claros, controles democráticos efectivos y pleno respeto de los derechos fundamentales».

El gremio manifestó su preocupación por que la propuesta contempla «facultades excepcionales que podrían restringir derechos vinculados a la libertad personal y de desplazamiento, reunión, asociación y privacidad de las comunicaciones». Para el mundo sindical, estas materias requieren especial atención, porque «la organización colectiva necesita garantías efectivas para reunirse, comunicarse, realizar asambleas y ejercer legítimamente la movilización social y sindical».

Las preguntas que la reforma deja abiertas

La organización planteó tres preguntas que considera esenciales para un debate informado: ¿Qué se entenderá por una «amenaza grave e inminente a la seguridad pública» y quién determinará que dicha condición existe? ¿Qué controles efectivos tendrán el Congreso y los tribunales mientras se mantengan restricciones de derechos fundamentales? ¿Qué garantías impedirán que una movilización social o sindical pueda ser confundida o tratada como una amenaza a la seguridad pública?

Desde ANEF Araucanía sostuvieron que combatir el crimen organizado y proteger a la población es una tarea necesaria, pero advirtieron que esa respuesta «debe construirse con proporcionalidad, temporalidad, fiscalización y resguardo de las libertades democráticas». La organización concluyó su comunicado con un llamado a construir una política de seguridad basada en tres pilares: «Seguridad con derechos, autoridad con límites y democracia con participación» .

El llamado al debate informado

El comunicado del Directorio Regional de ANEF Araucanía se suma a las voces que han cuestionado la reforma constitucional impulsada por el gobierno, advirtiendo sobre el riesgo de que las facultades excepcionales para enfrentar el crimen organizado puedan ser utilizadas para restringir derechos fundamentales y criminalizar la protesta social.

La directa de la organización de los trabajadores, llamó a la ciudadanía y a los poderes del Estado a promover «un debate informado sobre el alcance de las nuevas facultades que se propone entregar al Ejecutivo», en un contexto donde el gobierno ha insistido en la necesidad de dotar de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad para enfrentar la crisis de seguridad pública.

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