Por Leopoldo Lavín Mujica
La encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz revela una fractura preocupante entre la ciudadanía y el mundo político: ambos parecen habitar realidades distintas y otorgar prioridades diferentes a los problemas del país.
Pero hay un dato que debería provocar especial inquietud: en medio de los reiterados escándalos que comprometen a instituciones públicas, la probidad y la corrupción no ocupan el lugar que debieran en la agenda nacional.
Chile parece haberse acostumbrado a convivir con la corrupción como si se tratara de una sucesión inevitable de casos aislados. Investigaciones, tráfico de influencias, conflictos de interés, irregularidades en licitaciones y vínculos impropios entre dinero y poder aparecen periódicamente en las noticias, pero desaparecen rápidamente del debate político.
La corrupción está ahí; lo que falta es una voluntad política sostenida para enfrentarla.
La ironía resulta todavía más grave cuando la propia encuesta registra una profunda distancia entre la ciudadanía y quienes ejercen responsabilidades políticas. Si la política no consigue interpretar las preocupaciones reales de la sociedad, tampoco parece capaz de convertir la probidad en una prioridad nacional.
El problema no es solamente cuánto se roba o quién eventualmente delinque: es la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de representar, administrar y hacer justicia en nombre de todos.
Medios nacionales difundieron el 8 de enero de 2026 los resultados de un estudio de Ipsos que debería haber encendido todas las alarmas: el 57% de los encuestados identifica la corrupción como el principal problema del Poder Judicial, muy por encima de la lentitud de los procesos (39%) y de la falta de supervisión o auditoría de jueces y fallos (32%).
Más inquietante todavía: un 78% cree que las decisiones judiciales reciben influencia de personas con poder y dinero, mientras un 66% percibe presiones de los partidos políticos.
Hechos más recientes enfatizan por qué la probidad no puede seguir siendo un asunto secundario.
CIPER reveló el 27 de agosto que 5 ministros de la Corte Suprema aprobaron un trato directo por $26.889 millones con una constructora cuya oferta había sido rechazada ese mismo día en una licitación. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los controles internos del máximo tribunal. No corresponde anticipar responsabilidades penales, pero sí exigir explicaciones públicas y controles rigurosos.
Este episodio se suma a una crisis de confianza que ya ha golpeado duramente al Poder Judicial. Los casos que involucraron a ministros de la Corte Suprema y las investigaciones sobre tráfico de influencias y nombramientos judiciales han mostrado que la corrupción y los conflictos de interés no pueden ser considerados un problema exclusivo de la política partidaria.
Cuando las sospechas alcanzan a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, la exigencia de transparencia debe ser todavía mayor: nadie puede estar por encima del escrutinio ciudadano.
Por eso es insuficiente esperar que sean los partidos políticos quienes, espontáneamente, coloquen la corrupción en el centro de sus prioridades. La experiencia demuestra que la indignación aparece cuando estalla un escándalo y se extingue cuando las cámaras se apagan.
La probidad necesita convertirse en una demanda ciudadana permanente, que debería superar las fronteras partidarias: transparencia, rendición de cuentas, control efectivo de los conflictos de interés y sanciones reales para quienes abusen del poder.
La ciudadanía tiene, por tanto, una tarea que no puede delegar. Es necesario construir un movimiento ciudadano por la probidad, capaz de instalar el problema en la conversación pública y exigir respuestas concretas a quienes ocupan cargos de poder.
Y eso supone movilización democrática: organizaciones sociales, sindicatos, universidades, asociaciones profesionales y ciudadanos que ejerzan presión pública sostenida para impedir que la corrupción vuelva a ser relegada al silencio.
La encuesta Brecha Pública debería ser, entonces, una señal de alarma. Si existe una brecha entre ciudadanía y poder, cerrarla exige también enfrentar aquello que el poder parece preferir no discutir: la corrupción y la falta de probidad.
Chile no necesita más indignación pasajera después de cada escándalo. Necesita diputados y senadores que hagan bloque contra la corrupción pero, por sobre todo, urge una ciudadanía organizada que haga de la probidad una exigencia democrática permanente y obligue al poder, finalmente, a rendir cuentas.
Leopoldo Lavín Mujica
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