Transmisión de Operación Cancerbero costó $18,5 millones y reo condenado por homicidio se fugó en bautizo sin custodia
La transmisión de la Operación Cancerbero
El traslado de reos de alta peligrosidad hacia la Cárcel La Laguna de Talca, realizado el jueves 13 de agosto y difundido en vivo por canales oficiales del gobierno, tuvo un costo para el Estado de $18.549.720, IVA incluido, según reveló Interferencia en una investigación publicada el 5 de septiembre de 2026. La transmisión, hoy alojada en el canal de YouTube de la Presidencia, incluyó un servicio de circuito cerrado de televisión con dirección de TV y unidad móvil.
El desembolso se cursó mediante la orden de compra N°776-627-SE26, emitida el 26 de agosto, contra un contrato de producción general ya vigente, y no mediante una licitación específica para cubrir el operativo. Ese contrato, adjudicado en junio de 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric a la empresa La Oreja Lab SpA, fue ampliado por el gobierno de Kast en un 30% mediante una nueva resolución el 28 de julio, cuya toma de razón por Contraloría llegó el 13 de agosto, el mismo día del operativo, según informó Interferencia.
El fundamento invocado por la Dirección Administrativa de la Presidencia fue la «continuidad operativa» mientras se tramita un nuevo proceso licitatorio. La Oreja Lab no es un proveedor nuevo en Presidencia. En 2025, la productora organizó la cumbre «Democracia Siempre» , el encuentro de mandatarios progresistas convocado por Gabriel Boric. Desde entonces, la productora ha adjudicado **$1.093.400.610** en 141 órdenes de compra, 90 durante Boric ($863 millones) y 50 durante el gobierno de Kast ($229 millones), según consignó Interferencia.
La fuga del reo en Copiapó
Paralelamente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó la fuga de un condenado por homicidio en Copiapó que fue autorizado por el tribunal a asistir al bautizo de su hijo sin custodia de Gendarmería ni medidas de seguridad, según informó El Mostrador. «Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia. La búsqueda de nuevas herramientas contra el crimen requiere también el cuidado de las medidas más básicas para la protección de la sociedad«, comentó Arrau.
El sujeto, un ciudadano colombiano de 21 años, cumplía una condena de 10 años de internación en régimen cerrado por homicidio calificado en el Centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó. Según explicó Arrau, el tribunal accedió a lo solicitado por la defensa, ordenando que la salida se realizara «sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción». Acompañado únicamente por profesionales del centro, el condenado eludió la supervisión y se fugó.
La fuga del reo se produce en un contexto donde el gobierno ha impulsado una agenda de seguridad con fuerte énfasis comunicacional, ejemplificada por la transmisión en vivo de la Operación Cancerbero. El ministro Arrau, quien ha sido uno de los principales impulsores de esta agenda, enfrenta ahora cuestionamientos por la falta de controles en el sistema penitenciario que permitieron la fuga de un condenado por homicidio, mientras el gobierno gastaba $18,5 millones en la transmisión del traslado de reos a la nueva cárcel de Talca .
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