Memoriando el año 73 en Valparaíso: una clínica clandestina vinculada al «Plan Z»

El siguiente es el testimonio de Guillermo Correa Camiroaga, ex estudiante de Odontología de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile (actual Universidad de Valparaíso), que permite apreciar el clima que se vivía en las universidades en los primeros meses de la dictadura.

Escuchábamos música en una radio porteña en casa de mi polola cuando, entre una canción y otra, un bando al estilo militar interrumpió para hacer un llamado en forma enérgica y perentoria: “a presentarse a la brevedad en la oficina de Vicerrectoría de la Universidad de Chile los siguientes alumnos de la carrera de Odontología.” Fuimos cinco los alumnos nombrados en orden alfabético, todos amigos y compañeros del tercer año. Esta situación debe haber ocurrido a principios o mediados de octubre del año 73.

El proceso de “depuración” realizado por la dictadura en las universidades no solo significó la exoneración masiva de profesores, estudiantes, funcionarios y trabajadores de la universidad, sino además el asesinato, el encarcelamiento, la tortura y el exilio de muchos de ellos, razón por la cual ese sorpresivo llamado que escuchamos ese día en la radio nos provocó mucha preocupación y temor.

Conversando los cinco compañeros citados en el bando, por mucho que tratamos de encontrar alguna explicación o el motivo de este perentorio llamado, no llegamos a elaborar ninguna hipótesis al respecto. Concluimos que no nos quedaba otra alternativa que acudir ya que, de no presentarnos, como finalizaba el llamado difundido vía radial “debíamos atenernos a las consecuencias”.

Los rectores de las distintas universidades del país habían sido destituidos por las autoridades dictatoriales y en su reemplazo se nombraron Rectores Delegados, personas pertenecientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro. En un documento realizado por la periodista, académica y premio nacional de periodismo, María Olivia Mönckeberg, titulado “Las universidades públicas a 50 años del golpe: una senda de obstáculos, resistencia y sobrevivencia”, publicado en la Revista Anales de la Universidad de Chile, respecto a los rectores delegados expone lo siguiente: “El 28 de septiembre de 1973, dos semanas después del golpe, la Junta Militar anunció la intervención y la reorganización total de las universidades. Los rectores fueron obligados a renunciar. Dentro de las tareas gubernamentales por áreas, la educación cayó bajo el timón de la Armada”. Más adelante agrega: “el 2 de octubre de 1973, el Diario Oficial publicó el Decreto N°50 de la Junta Militar que en su artículo único disponía: ‘La Junta de Gobierno designará en representación rectores-delegados en cada universidad del país. Estos rectores-delegados cumplirán las funciones y ejercerán todas las atribuciones que corresponde a los rectores de las universidades en conformidad con las normas legales vigentes y demás acuerdos o resoluciones dictadas en su virtud’. Las universidades quedaron así a cargo de altos oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes poco o nada sabían de la labor académica.”

En el caso de la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile se nombró como Vicerrector Delegado, a instancias del propio almirante José Toribio Merino, a Andrés Barros Pérez-Cotapos, funcionario de la Armada, de profesión odontólogo y profesor de nuestra carrera. En un trabajo de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso realizado el año 2001 por Paulina Preusser, publicado en la web el año 2013, denominado “De la biografía no oficial de Andrés Barros Pérez-Cotapos”, la autora expone: “Paralelo a esto y en la ex Universidad de Chile, y actual Universidad de Valparaíso, se vivía un período de gran confusión. “Invadieron todas las escuelas, quemaron libros y revolvieron todo, así que decidí hacer algo”, explica Andrés. Siendo profesor del establecimiento se dirigió donde el almirante Merino, con quien mantenía una relación bastante cercana. ¿Qué está pasando? -le preguntó Andrés- es el colmo que dejen estos líos, si allí no hay nada. Si quieres -le respondió Merino- puedes encargarte tú mismo de las cosas de la universidad. Te puedes ir como delegado militar. Yo acepto –dijo Andrés- pero siempre y cuando sea como vicerrector. Es así como el rector de la Universidad de Chile, un general de aviación, quien recién había sido asignado, nombró el mismo mes de octubre de1973 a Andrés como vicerrector de la ex Universidad de Chile en Valparaíso”. Más adelante, respecto al alejamiento del cargo de Andrés Barros como vicerrector, la autora relata: “Según Andrés, él intentó oponerse a todo lo que no concordaba. Incluso recuerda que a él le pidieron que renunciara, porque no estaba de acuerdo con realizar una orden encomendada (…) a las semanas siguientes lo sacaron del cargo. En total duró solo cuatro meses”.

Cabe puntualizar que estas reflexiones entregadas por Andrés Barros en el trabajo periodístico anteriormente citado son realizadas a principios de los años dos mil, es decir, muchísimos años después del golpe de Estado y pueden ser interpretadas como un lavado de imagen, lo que, puntualizo, no es mi intención al citarlo en este relato. Los profesores, estudiantes, funcionarios y trabajadores universitarios que sufrieron la exoneración y la brutal represión durante el período en que fue vicerrector, tendrán su propia mirada al respecto.

Versiones que se rumoreaban en aquella época apuntan como responsable de la renuncia del vicerrector Andrés Barros Pérez-Cotapos, a un profesor del área preclínica, dentista y funcionario de la Armada perteneciente al SIN (servicio de Inteligencia Naval), que representaba el verdadero poder uniformado en las sombras en la Escuela Dental de Valparaíso en esos momentos. Más aún, un compañero nuestro que estuvo detenido en el Cuartel Silva Palma y en la Academia de Guerra Naval, lo sitúa en dicho lugar cuando era interrogado, pues reconoció su voz. Este profesor de nuestra carrera habría presionado para sacar del cargo al vicerrector Barros por encontrarlo muy débil.

Volviendo al relato inicial, a la mañana siguiente los cinco compañeros de curso partimos a presentarnos en la oficina de vicerrectoría, ubicada al interior de la Escuela de Derecho de la Chile, en calle Errázuriz.

Ingresamos al edificio por la puerta de acceso ubicada en el ala izquierda, hacia Avenida Francia, después de haber explicado a los infantes de marina que custodiaban dicha entrada el motivo de nuestra visita. Se nos indicó dirigirnos hacia el segundo piso, en donde se encontraba la oficina de vicerrectoría. Nos presentamos con la secretaria y después de un rato de espera, que se me hizo eterno debido a la ansiedad y preocupación con la que llegué hasta allí, nos hicieron pasar uno tras a otro a la oficina de Andrés Barros, el vicerrector delegado de aquel momento.

Luego de un saludo formal y frío fui invitado a sentarme frente al escritorio detrás del cual estaba sentado nuestro profesor de prótesis removible, pero esta vez no vestía el habitual delantal blanco que conocíamos, sino un uniforme de oficial de la Armada.

Comenzó con una extensa perorata en donde me planteó lo importante que era para Chile la restauración del orden y la tranquilidad, después del caos producido por el gobierno de la UP; que nuestra función como estudiantes era dedicarnos de lleno y exclusivamente a nuestras actividades académicas, dejando de lado toda actividad política que tanto daño había provocado a nuestro país; ustedes están a mitad de su carrera y deben preocuparse de ser buenos profesionales para servir a la patria, etcétera, etcétera.

“Pero, lo que los convoca a este encuentro conmigo y el motivo por el que han sido citados a comparecer aquí —continuó—, a pesar de que otras autoridades universitarias querían que se les citara directamente a recintos militares para que fueran interrogados allí debido a la gravedad de los cargos presentados en vuestra contra…”

A medida que empezaba a referirse en forma directa y concreta sobre la perentoria citación emitida a través de radioemisoras de Valparaíso, sentía como se iba secando mi boca y mi corazón latía cada vez más rápido.

“Algunos estudiantes de Odontología —continuó el vicerrector—, no sé si compañeros de carrera o de su mismo curso, los sindican como activos militantes de izquierda que trabajaban en una clínica clandestina vinculada al Plan Z, antes del pronunciamiento militar del 11 de septiembre”.

Escuchar tamaña acusación, independientemente de la falsedad del denominado plan, aumentó en mí la sensación de angustia y miedo, junto a la rabia de saber que nuestros propios compañeros de carrera y/o de curso formulaban esta gravísima denuncia en contra nuestra.

A los síntomas de boca seca y palpitaciones cardíacas aceleradas, se agregaron una sudoración fría y, sin duda alguna, una piel pálida, en los momentos en que Andrés Barros exponía la acusación.

“Esto, usted comprenderá —agregó el vicerrector— es muy, pero muy grave, pero —continuó— en muchas situaciones o circunstancias siempre hay algo que no cuadra y este caso es una de esas ocasiones, y ese el motivo por el que no permití que fueran llevados directamente a un recinto militar. Lo que no cuadra en este caso es que la clínica en cuestión es una clínica dental ubicada en la ciudad de La Calera y vinculada al Club de Leones”.

Al escuchar esas palabras la tensión bajó de inmediato, porque en este caso tenía una explicación que dar ya que, efectivamente, el Club de Leones de La Calera había implementado esta clínica dentro de su trabajo de solidaridad social para la atención de pacientes carenciados o marginados y por un compañero de curso supimos de su existencia. Como estudiantes de tercer año empezábamos con las actividades clínicas de técnicas de anestesia y extracciones y lo único que deseábamos era poder “meter las manos” para ir adquiriendo experiencia profesional, por lo que nos entusiasmamos de inmediato con la idea de ir a trabajar voluntariamente en dicha clínica, que estaba a cargo de dentistas profesionales y alumnos de los últimos años de nuestra carrera. Saber que esa era la razón por la que los cinco compañeros de curso habíamos sido acusados de participar en una clínica clandestina vinculada al Plan Z, hizo disminuir de inmediato la ansiedad, pero continuaba la incertidumbre respecto a qué sanciones pudiesen aplicarnos y las alternativas que circulaban en mi mente eran múltiples y variadas. Estaba consciente de lo que sucedía en el país y nada se podía descartar ya que, además, mi hermano había sido exonerado como profesor del Pedagógico de Valparaíso, después hecho prisionero por la Armada, trasladado primero a la Base Aeronaval de El Belloto, a la Academia de Guerra luego y finalmente se encontraba detenido en el buque Lebu, con las torturas y el trato vejatorio que todo ese proceso conllevaba.

Sin tener posibilidad de hablar o interrumpir al vicerrector para dar mi versión, continuó adelante con su charla agregando que se trataba de una acusación de extrema gravedad, pero que era totalmente falsa “y lo digo con conocimiento de causa —argumentó—, ya que personalmente participé de alguna forma en la implementación de esta clínica dental del Club de Leones de La Calera”.

“Tengo certeza, eso sí, de que todos ustedes son de izquierda y que desarrollaron actividades políticas siendo partidarios de Allende, pero, como le decía al inicio de esta conversación, eso se acabó en la universidad y ustedes tendrán que comprometerse a no participar en ninguna actividad de tipo político, ya que serán expulsados sin apelación alguna si no cumplen este compromiso”.

Andrés Barros, al terminar su alocución y sin permitir que hablara y/o argumentara a mi favor, sacó de uno de los cajones de su escritorio un papel mimeografiado, indicándome que lo leyera atentamente, lo rellenara con mis datos personales y lo firmara. Por lo que recuerdo tenía un encabezado en letras mayúsculas y de mayor tamaño que el resto de documento que decía “Compromiso de Honor”, o algo por el estilo. Más abajo se podía leer: “Yo, seguido de un espacio punteado a rellenar con mi nombre, carnet de identidad y otros datos, me comprometo a no participar en ninguna actividad de tipo político, en el más amplio sentido de la palabra, y de incurrir en faltar a este compromiso seré expulsado de manera inmediata e inapelable de la universidad”. Al final de este documento tuve que colocar nuevamente mi nombre y firmarlo.

Después de firmar este papel el vicerrector lo volvió a tomar en sus manos y lo guardó en su escritorio, pero en un cajón distinto al de donde lo había sacado. Eso es todo, me dijo, puede retirarse y retomar sus estudios cuando se reanuden las actividades académicas.

Así, como alumnos en calidad condicional, pudimos continuar adelante nuestra carrera de odontología.

Cuando nos reencontramos para hablar de lo sucedido con los otros compañeros citados comentamos lo ridículo de la acusación en contra nuestra, pero, al mismo tiempo, reflexionamos pensando en qué nos habría pasado si el vicerrector delegado hubiese sido un uniformado de carrera y no Andrés Barros Pérez-Cotapos, dentista, profesor de nuestra carrera y, además, conocedor del funcionamiento de la clínica dental del Club de Leones de la ciudad de La Calera.

Al cumplirse este mes de septiembre 53 años del golpe de Estado de 1973 he querido compartir este relato, como un pequeño aporte a la memoria histórica popular.

Guillermo Correa Camiroaga