A 53 años del golpe:
Hace 53 años, el Palacio de La Moneda fue bombardeado y el Presidente constitucional Salvador Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Este viernes 11 de septiembre de 2026, por primera vez desde el retorno de la democracia, el edificio que simboliza la sede del poder político no fue escenario de una ceremonia oficial para recordar el Golpe de Estado de 1973.
En paralelo, la Corte Suprema volvió a guardar silencio: su presidenta, Gloria Ana Chevesich, no se pronunció ni pidió perdón por el rol del Poder Judicial durante la dictadura.
Corte Suprema: El perdón que nuevamente no llega
Lejos va quedando el septiembre de 2013, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, leyó un comunicado en el que los ministros reconocieron que los atropellos a los derechos humanos se debieron en parte a «la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas —las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada— pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas«.
Un reportaje de Radio Diario Universidad de Chile del 1 de septiembre de 2013 recuerda que «el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno se presentó ante el pleno de la Corte Suprema para ser aceptada por el Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no anuló sus funciones luego del 11 de septiembre.
El anhelo de los opositores al régimen de contar con un organismo de justicia imparcial se vio minimizado en 1974, cuando el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, le colocó la Banda Presidencial a Augusto Pinochet«.
El análisis establece cuatro puntos para entender las falencias del Poder Judicial: la legitimación de la Junta en 1973, el hostigamiento a jueces opositores, la Ley de Amnistía que restringió la persecución de crímenes entre 1973 y 1978, la justicia militar que permitió a uniformados eludir procedimientos civiles, y la omisión del principio de Habeas Corpus, conocido en Chile como «recursos de amparo».
La voz de los expertos
El académico y escritor Álvaro Fuentealba , autor del libro «Dictadura y Poder Judicial» , explicó a Radio Diario Universidad de Chile que «en el Habeas Corpus, la Corte Suprema está de acuerdo en una actitud que renuncia al rol de cautelar de la libertad y la seguridad individual. La Corte llega a un acuerdo en que todas las solicitudes de amparo serían centralizadas a través del ministerio del Interior, lo que es absurdo porque las personas eran detenidas en cuarteles secretos de la CNI, y el ministerio sistemáticamente informaba que no hay antecedentes«.
El reconocido abogado de derechos humanos Nelson Caucoto señaló en la época a Radio Diario Universidad de Chile que «un rechazo a un recurso de amparo se traduce en una sentencia de muerte«. Caucoto destacó que esta posición no varió mucho luego de 1990, con Pinochet al mando del Ejército, y explicó: «El Poder Judicial se influencia de poderes políticos, sociales, le llegan señales. Y si ve un Ejecutivo temeroso de los militares, no tiene carne de mártir«.
El Informe Rettig y la impunidad
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991 —que derivó en el Informe Rettig— destacó que la actitud del Poder Judicial en dictadura «produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales«.
Condenas tardías y prófugos
Hoy, luego de un largo periodo de impunidad, la justicia chilena ha establecido una serie de condenas contra responsables de crímenes durante la dictadura. Sin embargo, muchos ya han muerto en libertad, otros padecen «demencia senil» y hay casos de prófugos. En un caso de extradición de diciembre de 2023, el abogado de derechos humanos Silvio Cuneo manifestó: «Los criminales están súper viejos, uno está muerto, y de los requeridos, uno ya fue sobreseído porque estaba demente senil«. Cuneo agregó que «estos son militares condenados por el Estado Italiano, porque no se hizo nunca juicio en Chile, y fueron condenados a cadena perpetua, fueron juzgados y condenados en ausencia«, según consignó El Ciudadano.
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