Más allá de cualquier posición ideológica -o, si se quiere utilizar una categoría gramsciana, más allá de cualquier determinada “visión de mundo”- hay momentos en que la realidad termina imponiéndose sobre las trincheras políticas.
Chile atraviesa uno de esos momentos.
Por Patricio Mery Bell
Las discusiones acaloradas entre posiciones políticas ortodoxas ayudan poco cuando el desafío es comprender la transformación que está experimentando el fenómeno criminal en nuestro país. Es natural que una oposición busque diferenciarse de un gobierno y que un gobierno defienda sus políticas. Pero la seguridad de las personas no puede transformarse en una disputa permanente de consignas y el debate no puede terminar en un mano dura extrema y represión a cambio de levantar el secreto bancario o poniendo a uno sobre el otro. Eso es reduccionismo intelectual y miopía.
La inseguridad, el narcotráfico, los homicidios, los secuestros y la expansión del crimen organizado constituyen problemas reales que requieren respuestas institucionales igualmente reales.
Y hay un dato que obliga a mantener cierta perspectiva: Chile registró 1.091 víctimas de homicidio consumado durante 2025, 118 menos que en 2024, mientras la tasa cayó de 6,1 a 5,4 víctimas por cada 100 mil habitantes. Es una disminución relevante, pero todavía estamos frente a un fenómeno que exige políticas sostenidas y de largo plazo. Además, el 48,7% de los homicidios de 2025 involucró armas de fuego. (Fiscalía de Chile)
El problema, por tanto, no consiste solamente en cuántos homicidios tenemos. La pregunta es qué tipo de estructuras criminales estamos enfrentando.
El crimen organizado cambió de escala
Chile ya no enfrenta únicamente delincuencia común o bandas locales dedicadas al tráfico de drogas.
La propia Fiscalía Nacional ha advertido sobre la expansión y transformación del crimen organizado, caracterizado por una mayor sofisticación tecnológica, lavado de activos, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y penetración de economías locales y mercados ilícitos. (Fiscalía de Chile)
En ese escenario aparecen organizaciones y células de distintas procedencias y características: el Tren de Aragua y sus estructuras derivadas, Los Gallegos, Los Piratas, Los Pulpos, Los Choneros, Los Caleños, Los Orientales, Trinitarios y otras agrupaciones identificadas por las investigaciones del Ministerio Público.
No se trata de demonizar nacionalidades. El crimen organizado no tiene nacionalidad: tiene estructura, dinero, logística, armas, capacidad de corrupción y redes transnacionales.
Un ejemplo particularmente revelador es el de Los Piratas, célula vinculada al Tren de Aragua. La Fiscalía acreditó judicialmente que operó en Tarapacá entre 2021 y 2023, controlando terminales de transporte formales e informales utilizados para el traslado de migrantes irregulares y utilizando violencia, homicidios y extorsiones para mantener control territorial. Siete integrantes fueron condenados por asociación criminal y homicidios. (Fiscalía de Chile)
Otro caso es Los Gallegos, organización vinculada al Tren de Aragua en Arica. En 2026 la Fiscalía informó condenas contra integrantes de esta estructura por secuestro, tráfico de drogas, tenencia de armas y asociación criminal. En otro proceso, dos internos vinculados a la organización fueron condenados por conspirar para realizar un atentado explosivo contra tribunales de Arica. (Fiscalía de Chile)
En Arica, además, la Fiscalía ha obtenido condenas contra organizaciones extranjeras dedicadas al tráfico de drogas. En abril de 2026, 18 integrantes de una agrupación dedicada al tráfico de ketamina recibieron penas que, en conjunto, superaron los 118 años de presidio. (Fiscalía de Chile)
Y el fenómeno no se limita al norte. La propia Fiscalía identifica a Los Pulpos operando en la Región Metropolitana y a otras organizaciones dedicadas a extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y lavado de activos. También ha advertido que organizaciones como Los Choneros, de origen ecuatoriano, han comenzado a ocupar nodos logísticos relevantes dentro de las cadenas del narcotráfico. (Fiscalía de Chile)
El verdadero desafío: cuando el crimen intenta penetrar al Estado
Aquí aparece quizás la dimensión más delicada del problema.
El crimen organizado no busca únicamente controlar una esquina, una población o un punto de venta. Busca controlar mercados, transportar dinero, lavar activos, acceder a información privilegiada, comprar voluntades y, eventualmente, penetrar instituciones.
El caso conocido durante septiembre de 2026 en torno al exfiscal Vinko Fodich constituye un episodio particularmente grave precisamente por esa razón.
Fodich fue detenido y posteriormente formalizado en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por una presunta estructura vinculada a secuestros extorsivos, asociación criminal y otros delitos. La investigación también involucró a funcionarios activos de la PDI. Según antecedentes expuestos por el Ministerio Público y reportados por distintos medios, la estructura habría utilizado un falso cuartel policial para intimidar y extorsionar a ciudadanos chinos que además serían parte del temido clan Chen (El País)
La investigación también mantiene una arista relacionada con una casa de cambio y presuntas operaciones de lavado de activos. En esta dimensión, los antecedentes todavía forman parte de una investigación judicial y deben distinguirse cuidadosamente de hechos establecidos mediante sentencia. (BioBioChile)
Precisamente por eso resulta importante no caer en generalizaciones. Un caso investigado no permite afirmar que una institución completa esté infiltrada. Pero sí constituye una señal suficientemente seria como para preguntarnos si los mecanismos de control interno, inteligencia financiera, protección de investigaciones y supervisión de funcionarios están a la altura del nuevo escenario.
Y aquí está uno de los puntos centrales: la lucha contra el crimen organizado no puede consistir solamente en aumentar las penas o desplegar más policías.
Seguridad sí; represión política, no
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha puesto la seguridad en el centro de su agenda. Su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla más de 20 proyectos que ya se encuentran en el Congreso y nuevas iniciativas, mientras la reforma constitucional presentada en agosto busca establecer nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo, incluyendo un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y mecanismos para facilitar la incautación de bienes asociados a estas organizaciones. (Subsecretaría del Interior)
También durante abril se promulgó la reforma constitucional que incorporó a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la trasladó a la esfera del Ministerio de Seguridad Pública. (Gobierno de Chile)
El debate democrático no debería reducirse a estar “a favor” o “en contra” de la seguridad.
La pregunta más importante es otra:
¿Cómo construimos un Estado suficientemente fuerte para enfrentar al crimen organizado y, al mismo tiempo, suficientemente democrático para no transformar la seguridad en una herramienta de persecución política?
Esa frontera es fundamental.
Pues es clave esta ley no vaya terminar afectando, la libertad de reunión de las personas que quieren protestar por un tema medioambiental, o de un sindicato que lucha por sus derechos, el de ciudadanos que creen que una ley o gobierno es injusto, ni interfiriendo la labor informativa de periodistas y ciudadanos como ya se ha visto en ausencia de una ley que regule temas de importancia desde la perspectiva de la seguridad.
Chile necesita policías con mayores capacidades de inteligencia; fiscales especializados; jueces protegidos frente a las amenazas del crimen organizado; un sistema penitenciario capaz de impedir que las cárceles se conviertan en centros de operaciones criminales; inteligencia financiera; persecución patrimonial; control efectivo de fronteras; cooperación internacional y municipios con capacidad real de prevención además de evitar que los fiscales y jueces sean comprados por el crimen organizado y después de dejar sus cargos pasen a ser parte de ellos, por eso hemos propuesto carrera funcionaria de por vida o a lo menos inhabilidad para que los persecutores terminen vinculados a las bandas criminales. Es obvio que debemos frenar el contagio criminológico en instituciones del Estado.
Pero también necesita garantías.
La seguridad humana significa proteger a la población frente al delincuente, pero también protegerla frente a los abusos del propio Estado.
No hay contradicción entre ambas cosas.
La reforma que falta
Por eso, además de la agenda legislativa actualmente impulsada por el Ejecutivo, Chile necesita discutir seriamente una reforma integral del sistema de persecución penal y de justicia.
Una reforma de esa naturaleza debería abordar, al menos, seis dimensiones:
- Ministerio Público.
Fortalecer las fiscalías especializadas en crimen organizado, mejorar los sistemas de control interno y establecer mecanismos más robustos de prevención de conflictos de interés y corrupción. - Inteligencia financiera.
Perseguir el dinero debe ser tan importante como perseguir a quien dispara. El crimen organizado necesita empresas, testaferros, sociedades, cuentas, transferencias y mecanismos para transformar dinero ilícito en patrimonio aparentemente legítimo.
En 2025, por ejemplo, Fiscalía y PDI desarticularon una estructura vinculada al Tren de Aragua investigada por lavado de activos y extracción ilegal de más de US$13,5 millones, con 52 detenidos en distintas regiones. (Fiscalía de Chile)
- Sistema penitenciario.
Si los líderes criminales continúan dirigiendo organizaciones desde las cárceles, el Estado estará perdiendo una batalla fundamental. El aislamiento efectivo de los líderes y la inteligencia penitenciaria deben ser prioridades. - Protección institucional.
Fiscales, jueces, policías, gendarmes, funcionarios de aduanas y autoridades locales deben contar con mecanismos efectivos de protección frente a amenazas, corrupción y cooptación. - Prevención territorial.
La seguridad no comienza cuando aparece una patrulla. Comienza mucho antes: iluminación, recuperación de espacios públicos, urbanización, escuelas, oportunidades laborales, tratamiento de adicciones, intervención de barrios críticos y presencia permanente del Estado. - Cooperación internacional.
El crimen organizado no reconoce fronteras. Chile tampoco puede combatirlo exclusivamente dentro de sus fronteras. Intercambio de inteligencia con Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países debe formar parte de una estrategia permanente.
Una discusión que Chile no puede seguir postergando.
Por Patricio Mery Bell
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