“Es un cachetazo a la universidad pública”. Con esa frase, la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni, sintetizó el malestar que atraviesa al sistema universitario argentino tras el nuevo recorte aplicado por el gobierno de Javier Milei, que ha gatillado un llamado a paro y marcha federal como respuesta.
Tras una nueva reunión paritaria en la que la administración del ultraderechista volvió a ofrecer el mismo incremento del 3% que ya había sido rechazado a comienzos de septiembre por resulta extremadamente baja frente a una deuda que ronda el 32% y que, según la Ley de financiamiento sancionada hace casi un año, el Ejecutivo está obligado a saldar.
El encuentro, lejos de acercar posiciones, profundizó la ruptura. Según consignó Página/12, los funcionarios libertarios insisten en que “están a derecho”, pero los hechos demuestran lo contrario. Para los miembros de la comunidad universitaria, esta respuesta por parte del Gobierno de Milei y el retraso en el pago de lo que adeuda representa “una falta de respeto”, “un atropello a los trabajadores del sector”, y “una burla”.
Medidas de fuerza y una nueva marcha federal
El viernes pasado hubo paro y el próximo martes sucederá lo mismo en todas las universidades nacionales y desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron medidas durante 23 días, que incluyen paros rotativos que comenzarán este lunes en el rectorado, continuarán el martes en la Facultad de Medicina, el miércoles en Arquitectura y Diseño, el jueves en Farmacia y Bioquímica, y el viernes en Ingeniería. Este esquema se extenderá hasta el 22 de octubre.
A nivel general, ya se anunció la quinta marcha federal universitaria para el jueves 15 de octubre, aunque aún no está definido el lugar: algunos proponen Plaza de Mayo, otros frente a Tribunales o en el Congreso.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, calificó la paritaria como “un fracaso total”.
“Dijeron lo mismo que habían dicho en la paritaria anterior. Por supuesto que la respuesta de todos los sindicatos, docentes y no docentes fue negativa. Ni siquiera recuperaba la inflación desde junio, que fue cuando habíamos tenido el último aumento”, afirmó en declaraciones recogidas por Página/12.
“Ya se acordó la marcha para el 15 de octubre, pero aún no está claro dónde será y eso es lo que vamos a resolver en las próximas reuniones”, enfratizó.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, fue aún más dura: “Fue bochornoso, va a quedar en las páginas más oscuras de la historia del sistema educativo nacional».
Expresó su rechazo a que desde la administración del denominado «libertarios» los hayan citado «para repetir como loros que ya nos habían dicho» y señaló que «el tono, la tesitura que manejan las autoridades de la subsecretaría de Políticas Universitarias no es acorde al marco de una discusión paritaria«.
Por tal motivo, extendió un llamado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones para demostrar que «las universidades son un patrimonio que no queremos perder«.

Un presupuesto que no garantiza el funcionamiento de las universidades
Otro de los reclamos de los docentes está relacionado con el presupuesto 2027 presentado por Milei, el cual busca destinar al área 4 billones de pesos argentiinos menos de lo reclamado.
Mientras las casas de estudio solicitan 11 billones de pesos, el gobierno está dispuesto a pagar 7,5 billones, lo que supone un 32% menos. Esta brecha implica dejar a las casas de estudio al borde del cierre y resucita el fantasma de suspender el dictado de clases durante el primer cuatrimestre del próximo año.
«A duras penas, las universidades podrán abonar salarios y no quedarán fondos para el pago del funcionamiento en general (luz, agua, seguridad, entre otras) y mucho menos para el resto de actividades», advirtió Página/12.
Si se compara con los montos registrados en las últimas décadas, el presupuesto destinado al sector universitario representa el 0,53 por ciento del PBI, muy por debajo del 0,87 por ciento de 2015. De confirmarse el presupuesto, los gastos de funcionamiento disminuirían un 50 por ciento y las becas un 70 por ciento con respecto a 2023.
Al respecto, Alejandra Zinni denunció que desde el sector llevan más de 330 días sin que el gobierno cumpla la Ley de financiamiento y que la propuesta presentada es insuficiente para garantizar sus funcionamiento,
«Se presentó la Ley de presupuesto de la nación y nuevamente lo que vemos es el desfinanciamiento sostenido. Es escueto, es triste y expresa un desconocimiento profundo del sistema de educación superior. No contempla una recomposición sustancial de los salarios ni mucho menos de los gastos de funcionamiento, de las inversiones para ciencia y tecnología, ni de la infraestructura”, cuestionó.
“Es un cachetazo a la universidad pública, a las chances de acceder a una movilidad social ascendente”, remató la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes.
