Este miércoles 23/9, la Cámara aprobó por 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar las barricadas, estableciendo multas de 10 y 20 UTM (entre $718.000 y $1.435.000) y penas de presidio «a quienes no acaten el requerimiento de la autoridad para cesar la conducta».
En específico, la iniciativa amplía el ámbito de aplicación del delito de «interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte», lo cual, si bien parece tener un fin razonable, para la diputada Sofía González (PC) esconde un objetivo «oscuro y autoritario».
«Nadie puede defender que se impida el paso de una ambulancia o se ponga en riesgo a quienes utilizan el transporte público. Esos hechos deben tener consecuencias. Pero este proyecto tiene otro objetivo, un objetivo oscuro y autoritario. Lo que pretende es permitir que una persona pueda ser castigada por obstaculizar parcialmente la circulación, incluso sin ejercer violencia, si no acata un requerimiento de la autoridad», argumentó la legisladora.
«Además», agregó Sofía González, «hace que la falta de autorización pueda terminar llevando una protesta al terreno penal. Pensemos en algo muy concreto. Trabajadores que se manifiestan frente a su lugar de trabajo. Vecinos que cortan una calle porque llevan semanas sin agua o sin luz, familias que protestan por vivienda o por atención de salud que no llegan. ¿Esas personas merecen ser criminalizadas? Yo creo que no», enfatizó la parlamentaria del PC.
Para González, «una manifestación puede alterar por un momento el tránsito, puede generar incomodidad, incluso molestias, pero eso no la transforma automáticamente en un acto violento ni convierte a quienes participan en delincuentes».
Señal política preocupante
La diputada por la región de Valparaíso señaló estar preocupada, mas no sorprendida, con esta señal política del gobierno de Kast, «que insiste convenientemente en confundir orden público con seguridad pública».
«Mientras la ciudadanía espera respuesta frente al crimen organizado, al narcotráfico y a los barrios tomados por la delincuencia, el gobierno de Kast propone limitar su libertad, limitar su legítimo derecho a expresar descontento. Qué ironía, el gobierno de la libertad», comentó González.
La parlamentaria advirtió finalmente que «la democracia se debilita cuando quienes gobiernan miran la protesta social como una amenaza que hay que castigar y utilizar nuestra institucionalidad para callar a quienes piensan distinto. Ya conocemos esa historia. Algo como eso jamás, nunca tendrá mi respaldo».
«Si se quiere avanzar en esta discusión, debe quedar expresamente protegido el ejercicio pacífico de los derechos de reunión, expresión y una real libertad, siempre que no exista violencia ni un peligro grave para otras personas», remarcó Sofía González.
Seguiremos informando.
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