La construcción del nuevo Casino Dreams de Talca suma un nuevo y complejo capítulo.
El proyecto, que se levanta junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, ha estado rodeado de controversias desde que comenzó a avanzar sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Una de las principales discusiones ha estado precisamente ahí: en si las características reales de las obras correspondían efectivamente a aquellas que fueron informadas a las autoridades para obtener los permisos.
Entre los antecedentes que han alimentado esa controversia aparece la profundidad de las excavaciones. Mientras inicialmente se informó una intervención del orden de 1,4 a 1,6 metros, posteriormente se han conocido antecedentes que darían cuenta de excavaciones considerablemente mayores.
El conflicto ya tiene distintas aristas administrativas y ambientales. El SEA del Maule inició un procedimiento para revisar la resolución que permitió al proyecto no ingresar al SEIA y organizaciones ambientalistas también han llevado antecedentes a la justicia.
Pero ahora se abrió otro frente. Casino de Talca presentó una querella para que el Ministerio Público investigue si detrás de la obtención y mantención de las autorizaciones del proyecto pudieron existir conductas con relevancia penal.
Conversamos con Juan Carlos Manríquez, abogado que presentó la acción judicial en representación de Casino de Talca, para entender qué se está denunciando, quiénes podrían ser investigados y qué podría ocurrir con el casino si la justicia determina que algunos permisos fueron obtenidos sobre antecedentes que no correspondían a la realidad.
–Hasta ahora se hablaba de posibles irregularidades administrativas o ambientales. ¿Qué encontraron ustedes para decir: «Esto puede ser penal»?
-Hicimos un análisis muy detallado de la cronología y del desarrollo completo del proyecto, contrastándolo con las normas y las prácticas regulatorias aplicables. Lo que advertimos es lo que consideramos un esquema de «medias verdades»: información entregada a determinadas autoridades y antecedentes que, a nuestro juicio, no fueron puestos íntegramente a disposición de otros organismos.
Nuestra tesis es que eso permitió que un proyecto que podía enfrentar importantes obstáculos, obtuviera sucesivamente permisos y autorizaciones que le dieron una apariencia de regularidad. Por eso Casino Talca dijo «ya no más». Entregamos estos antecedentes a la justicia y ahora corresponde que sea el Ministerio Público el que determine si existieron delitos y quiénes eventualmente participaron en ellos.
-Uno de los puntos más llamativos es la profundidad de las excavaciones. ¿Por qué importa tanto si se informó una cosa y finalmente se excavó otra?
-Porque no estamos hablando simplemente de una diferencia de centímetros. Es uno de los antecedentes que, junto con otros, podría permitir determinar si las declaraciones realizadas ante la autoridad reflejaban efectivamente las características de las obras que se pretendían ejecutar.
Nuestra posición es que, si la autoridad hubiese conocido desde el comienzo toda la información relevante, determinadas autorizaciones podrían no haberse otorgado en los mismos términos. Eso es precisamente lo que debe esclarecer la investigación.
-Dicho más simple: ¿Informar una obra y después ejecutar otra podría constituir un delito?
-Puede tener consecuencias penales si se acredita que se faltó deliberadamente a la verdad respecto de hechos sustanciales para obtener una autorización. Lo que deberá establecerse es qué se informó, quién lo informó, qué sabía cada interviniente y qué fue finalmente ejecutado.
Dependiendo de lo que determine la investigación, podrían configurarse delitos vinculados a declaraciones falsas o falsificación de instrumentos públicos.
-¿Ustedes creen que estamos frente a un hecho puntual o a una cadena de actuaciones?
-La querella apunta precisamente a que se investigue una posible sucesión de conductas. No estamos mirando un documento aislado. Estamos pidiendo que se revise el proceso completo y se determine si distintas actuaciones estuvieron encaminadas a conseguir permisos, certificados o autorizaciones que, con todos los antecedentes sobre la mesa, eventualmente no habrían podido obtenerse.
-¿Hasta dónde debería llegar esa investigación?
-Hasta el comienzo. Hay que reconstruir toda la tramitación: qué antecedentes se presentaron, quién los elaboró, quién los conoció, quién tomó decisiones sobre ellos y sobre qué información se otorgó cada autorización.
-¿Eso significa que la investigación podría alcanzar también a funcionarios públicos?
-Sin duda. La investigación no debería limitarse a quienes ejecutaron materialmente las obras. Si existen antecedentes, debe establecerse la eventual responsabilidad de privados y también de funcionarios públicos que hayan intervenido en la tramitación o aprobación de los permisos. Lo importante es determinar quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué hizo con esa información.
-¿Qué pasa si la justicia concluye que un permiso clave se consiguió entregando información incorrecta?
-Eso podría tener consecuencias muy importantes. La Ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales contempla efectos respecto de autorizaciones obtenidas mediante antecedentes falsos o ilícitos.
Si se acredita judicialmente que determinados permisos o resoluciones fueron obtenidos de esa manera, la validez de esas autorizaciones puede quedar seriamente comprometida. Y si cae una autorización indispensable para la ejecución del proyecto, evidentemente se abre una discusión sobre la posibilidad misma de continuar y posteriormente recibir esas obras.
-Pero mientras la justicia investiga, el casino se sigue construyendo. ¿No existe el riesgo de que cuando haya una respuesta el proyecto ya esté terminado?
-Precisamente por eso creemos que deben evaluarse medidas ahora. A nuestro juicio, el Ministerio Público debe analizar con rapidez los antecedentes y determinar si corresponde solicitar medidas que impidan que la investigación termine siendo irrelevante porque las obras ya fueron completamente ejecutadas.
También creemos que la Superintendencia de Casinos de Juego y el Consejo Resolutivo deberían revisar detalladamente los antecedentes del proceso. Consideramos que existen antecedentes suficientes para que la Fiscalía evalúe solicitar la suspensión de las obras mientras se investigan los hechos.
No tendría sentido investigar durante meses si determinados permisos fueron obtenidos irregularmente y que, mientras tanto, el proyecto siga avanzando hasta transformarse en un hecho consumado.
-¿Esta querella podría terminar poniendo en riesgo la apertura del nuevo Casino Dreams de Talca?
-Sí, dependiendo de lo que establezca la investigación Si se acredita que autorizaciones esenciales fueron obtenidas mediante conductas ilícitas, las consecuencias no serían solamente penales para quienes resulten responsables. También podrían afectar directamente los permisos sobre los cuales se sostiene el proyecto. Eso es lo que ahora tendrá que determinar la justicia.

Las dos querellas serán investigadas en una misma causa
Al cierre de esta nota, la Fiscalía de Talca confirmó que esta querella fue agrupada con la otra acción penal que ya se encuentra siendo investigada por hechos relacionados con el proyecto del nuevo Casino Dreams de Talca.
Se trata de la querella presentada previamente por Bio Eco Terra, que llevó a sede penal antecedentes vinculados a las obras ejecutadas en el sector y a sus eventuales efectos sobre el humedal y su sistema hídrico, solicitando que se investigue la posible existencia de ilícitos ambientales.
De esta forma, los antecedentes aportados por ambas acciones judiciales serán analizados dentro de una misma investigación penal, que ahora deberá determinar si las controversias que durante meses han rodeado la construcción del nuevo casino corresponden únicamente a materias administrativas y ambientales o si, además, existen hechos constitutivos de delito.
Seguiremos informando.
