Por Javier Arroyo Olea | Equipo de investigación y conflictos socioambientales, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Antes de entrar a La Moneda, José Antonio Kast ya había caracterizado la relación que pretendía establecer con la administración de Donald Trump.
Lejos del patriotismo que envalentona su sector, la política del patio trasero y la servidumbre fue la opción que tomó el gobierno chileno al sumarse al denominado “Escudo de las Américas”. Tal decisión ha suscitado cuestionamientos por sus alcances.
La falta de claridad quedó expuesta cuando el propio ministro de Defensa, Fernando Barros, admitió que no manejaba todos los antecedentes de la decisión.
El Ejecutivo presentó la adhesión como una medida de cooperación contra el crimen organizado. Pero la declaración conjunta va bastante más allá de la seguridad, pues presenta tres pilares, a los que suma economía y coordinación multilateral.
En el apartado económico propone explorar mecanismos de revisión de inversiones, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos y promover normas para proveedores de infraestructura digital.
En otro, el documento anuncia medidas contra 24 organizaciones calificadas como “narcoterroristas”, frente a las cuales los países buscan “defender su soberanía”. La lista se concentra en redes criminales latinoamericanas y deja fuera a las redes de tráfico de drogas y lavado de dinero que operan en Estados Unidos.
Así, Washington conserva la facultad de conducir la respuesta regional sin someter su propio territorio al mismo escrutinio. Cabe mencionar la situación que enfrenta México, luchando en abierta desventaja contra bandas narco que usan armamento moderno de alto calibre fabricado para el Ejército de Estados Unidos e ingresado ilegalmente al país.
En Chile, incluso aquel relato de luchas contra el crimen organizado ha caído en la más absoluta incongruencia por parte de una administración que ha evidenciado su política autoritaria.
La indolencia de la decisión de Kast desconoce la historia y experiencia de América Latina respecto a las formas de intervención que han tenido países como Estados Unidos en la política nacional.
Al plantear que «no vamos a perder soberanía con la llegada de posibles ejercicios militares», el gobierno chileno reduce el problema a la eventual presencia de tropas y abre una puerta que profundiza en cada uno de los pilares: entregar la soberanía de Chile.
La soberanía también se juega en la capacidad de decidir qué actividades económicas se impulsan, qué inversiones se autorizan y para quién se explotan los bienes comunes naturales. Lo que adhirió el Presidente Kast conlleva entregar en bandeja la autonomía de Chile, promoviendo, por ejemplo, la salvaguarda de cadenas de suministro de lo que para Trump son “minerales críticos” para su economía y seguridad, mientras que para Chile son estratégicos.
Esto ya fue facilitado a la administración Trump tras la firma del memorandum de entendimiento de mayo de 2026, donde Chile se compromete a dejar ser y hacer al capital foráneo para explotar bienes comunes naturales como cobre, litio, tierras raras y cuanto otro contribuya a fortalecer los intereses estadounidenses.
En este sentido, la declaración suscrita por Kast también propone explorar «mecanismos de control de inversiones», algo que puede fortalecer aún más la lógica dependiente de las grandes economías para el caso de Chile. Así, todo aquello que no le parezca a Estados Unidos podría quedar sujeto a escrutinio.
Para el gobierno chileno no hay caminos alternativos de desarrollo. Para una administración que presenta la inversión como respuesta casi exclusiva a los problemas del país, los costos del extractivismo vuelven a quedar fuera: empleos precarios, presión sobre el agua y los ecosistemas, y economías locales obligadas a adaptarse a proyectos definidos lejos de sus territorios.
Profundizar esa matriz bajo el lenguaje de la seguridad hemisférica no ofrece una salida a la dependencia, por el contrario, la profundiza. De esta forma, Chile pasaría a un plano mucho más asimétrico, validando institucionalmente la entrega de su soberanía a merced del águila estadounidense.
Todo esto ocurre cuando el gobierno de Kast cumple una mitad de año en ejercicio, con una desaprobación galopante y la salida de decenas de secretarios regionales ministeriales. Mientras su propia administración atraviesa una crisis, compromete al país con una agenda cuyos costos recaen también sobre los territorios.
Javier Arroyo Olea, OLCA
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