Ante el anuncio del posible retiro del proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, enviado al Congreso el día 17 de agosto, la organización Amnistía Internacional (AI) instó al Presidente de la República «a retirarlo efectivamente» dado que su contenido «podría poner en peligro la democracia y los derechos fundamentales de la población».
Recordemos que la propuesta presentada por el Ejecutivo establece la creación de un «nuevo estado de excepción» para situaciones de seguridad pública, además de entregar facultades extraordinarias a la figura del Presidente, entre otros aspectos.
«El riesgo para la democracia no está en que el Estado fortalezca sus capacidades para combatir el crimen organizado, sino en que, bajo ese objetivo, se amplíen de manera significativa las facultades excepcionales del Ejecutivo y las posibilidades de restringir derechos fundamentales sin controles proporcionales y suficientes», planteó Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de AI en Chile.
«En una democracia constitucional, la seguridad pública debe garantizarse dentro del Estado de derecho: las medidas extraordinarias deben ser realmente excepcionales, estar sujetas a controles efectivos, tener límites temporales claros y ser compatibles con las obligaciones de derechos humanos», enfatizó Bustos.
Para analizar el proyecto en detalle, Amnistía Internacional Chile desarrolló un informe donde se concluye que, más allá de la legitimidad política de fortalecer las capacidades estatales frente al crimen organizado, existe una incompatibilidad estructural entre el mecanismo constitucional propuesto y los límites que el derecho internacional impone a los estados excepcionales.
«El proyecto no simplemente crea nuevas potestades de seguridad ordinarias: incorpora permanentemente al régimen constitucional facultades que por su intensidad, alcance y naturaleza corresponden exclusivamente a supuestos de excepcionalidad», alerta el reporte.
Además, el análisis arroja que la reforma «agrava los problemas anteriores al introducir o ampliar significativamente la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esta participación debe ser extraordinaria, no ordinaria; subordinada y complementaria, no sustitutiva; regulada por normas suficientemente claras respecto de sus competencias, límites y formas de actuación; y fiscalizada mediante mecanismos independientes».
«El proyecto no satisface estas exigencias», afirmó tajante Rodrigo Bustos. Para más información, descarga el informe completo AQUÍ.
«Amnistía Internacional insta a retirar el proyecto de reforma constitucional en su formulación actual, atendido que las objeciones identificadas no corresponden exclusivamente a aspectos formales o de técnica legislativa, sino a elementos estructurales de la propuesta que pueden afectar el carácter excepcional de determinadas potestades estatales y alterar el modelo constitucional de seguridad pública», remarcaron desde la ONG.
Sobre el punto, Rodrigo Bustos agrega: «La continuidad de su tramitación no resulta aconsejable mientras no exista una reformulación integral que permita determinar con precisión la finalidad, necesidad, alcance y límites de las facultades propuestas. Insistimos en una idea que hemos planteado reiteradamente: la seguridad y los derechos humanos no son conceptos opuestos ni excluyentes».
«Chile no tiene que elegir entre una sociedad más segura y el pleno respeto de los derechos humanos. Ambas son obligaciones del Estado y deben avanzar de manera conjunta», concluyó el director de Amnistía Internacional.
Foto Portada: Mediabanco
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