Por Sara Valentina Enriquez Moldez, politóloga internacionalista
Durante la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, la policía boliviana, por instrucciones de Estados Unidos, aprehendió a distintos personajes del poder judicial boliviano.
Por supuesto que ninguna de esas autoridades y exautoridades son figuras intachables, pero el mismo hecho que hayan aprehendido a la máxima autoridad judicial de un país, Roger Mariaca, fiscal general del Estado, quien estaba dando curso a las investigaciones contra Cerimedo, por órdenes de Estados Unidos, es grave y atenta contra la ya escasa soberanía de nuestros países.
El encadenamiento de hechos demuestra que hay un diseño detrás de todas estas maniobras de injerencia por parte de Estados Unidos.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó la visa de Mariaca y lo acusó de «solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico». Dos días después, el 30 de septiembre, la policía boliviana lo detuvo en el aeropuerto de Viru Viru, junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, para llevarlos a Estados Unidos.
Casi al mismo tiempo, se reportó la aprehensión de otros fiscales como Martín Irusta (fiscal superior y exabogado de Evo Morales), Meison Mamani y Julio César Porras, entre muchos otros. Hasta estos momentos se desconoce la cifra total de fiscales aprehendidos.
La acusación de Estados Unidos operó como una orden de captura extraterritorial. El vínculo que explica la urgencia de Washington es el que Beller reveló, y son las fotografías de Cerimedo junto al hijo del Presidente estadounidense, y Brad Parscale, su exjefe de campaña.
Beller preguntó públicamente si el veto a Mariaca no era, en realidad, «una protección a una red política denominada MAGA».
La investigación de Mariaca amenazaba con exponer las conexiones bolivianas de un operador directamente ligado al círculo íntimo del poder estadounidense. En ese sentido, la sanción a Mariaca se enmarca en el Escudo de las Américas, pues el comunicado del Departamento de Estado fue explícito cuando dijo que las acciones de Mariaca «socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
De la misma manera, también esta madrugada, un cuantioso operativo de la policía con agentes encapuchados intervino ilegalmente, sin órden judicial previa, la fiscalia boliviana con el evidente objetivo de hacer desaparecer las pruebas contra Cerimedo y sus escandalosos vínculos.
Además, esta operación se produce tan solo días después de que se haga público un audio de una llamada en la que se pronuncia Cerimedo con agentes del narcotráfico para facilitar el despegue y llegada de avionetas cargadas con droga desde el departamento del Beni.
Por su lado, el vicepresidente Edman Lara, quién hizo público este audio, señaló que Cerimedo recibía 15 000 dólares por cada narcoavioneta que consumaba su trayecto.
Simultáneamente, también el día de ayer, 30 de septiembre, el único detenido por el Caso Narcomaletas, Juan Carlos Espinoza, falleció en la cárcel de Palmasola y las causas aún no están esclarecidas. El caso maletas hace referencia al escándalo ocurrido el 29 de noviembre de 2025, cuando Laura Rojas, exasambleísta cercana al presidente Rodrigo Paz, llegó al aeropuerto de Viru Viru desde Miami con 32 maletas sin que las autoridades competentes hagan revisión de las mismas.
Poco después se supo que venían cargadas de armamento y kilos de narcóticos. Pasaron los meses y no existían responsables imputados, la indignación social presionó para que se esclarezcan los responsables y encarcelaron a un personaje desconocido al que impidieron hablar.
En junio de este año se hizo conocido otro escándalo relacionado al narcotráfico, cuando los controles chilenos dieron con 108 toneladas de cocaína impregnada en lo que parecían ser maderas para exportación (la incautación más grande que hizo el Estado chileno en toda su historia).
Este caso, conocido como el Caso Narcomaderas, tampoco está esclarecido hasta ahora. Las siguientes semanas se hicieron conocidos los vínculos del gobierno de Paz con los empresarios madereros y en particular con su director de ENDE (Empresa Nacional de electricidad) Zvonko Matkovic, conocido exponente de la oligarquía criollo extranjera asentada en Santa Cruz, dueño de empresas madereras relacionadas con este escándalo.
Esta seguidilla de hechos desarrollados en tan poco tiempo, en medio de la aprehensión de Cerimedo y la información que se fue ventilando por audios grabados y declaraciones de su ex pareja, Nadia Beller, dan a entender que todo lo expuesto está más conectado de lo que creemos.
Cerimedo, uno de los principales impulsores del Escudo de las Américas y hombre de Trump en América Latina, no solo se queda con la etiqueta de mercenario de la desinformación, a esta se le suman dos etiquetas más: sería el agente (vínculo) de la corrupción de las derechas latinoamericanas y un «capo» de la droga.
Desde la asunción de Rodrigo Paz, Bolivia se va consolidando como un narcoestado gobernado desde Estados Unidos.
Sara Valentina Enriquez Moldez
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