La Corte Suprema repuso el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, con el que el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras, y habilitó la liberación del mercado y su extranjerización. Una decisión que ha sido calificada por la ciudadanía como «vendepatria» al despejarle el camino al mandatario de ultraderecha para abrir la venta de campos, agua y minerales de la nación austral a magnates y corporaciones de todo el mundo.
La iniciativa del denominado «libertario» representa un giro en la política de soberanía territorial, ya que actualmente existen restricciones que impiden que un mismo país o un grupo de inversores foráneos concentren más de un 15% del total de la superficie rural en sus manos y Milei aspira a que ese techo desaparezca por completo.
La norma seguía vigente por un fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional esa decisión y según consignó Página/12, lo que no pudo el Senado, que excluyó toda referencia a la venta de tierras a extranjeros ante el reclamo popular, lo hicieron en ocho páginas los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para promover una acción colectiva. De este nodo, el máximo tribunal no resolvió la constitucionalidad de la derogación, pero dejó sin efecto el fallo que impedía su aplicación.
De acuerdo con el medio digital, la Corte nunca se expidió sobre el fondo del DNU 70/23, que Milei publicó al asumir la Presidencia a finales de 2023, desreguló la economía y derogó leyes como Abastecimiento, Alquileres, Góndolas y Compre Nacional sin explicar necesidad y urgencia. Rechazó planteos por cuestiones formales y permitió la vigencia de buena parte del decreto.
«Para los supremos, la soberanía no es un bien jurídico ni colectivo. Todo lo que hizo hasta ahora fueron gestos favorables al gobierno libertario«, denunció.
Desde el CECIM advirtieron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido” y señalaron que «mientras el pueblo gritó con fuerza ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el decreto 70/23”.
“Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal”, afirmaron, al tiempo que denunciaron que “la Corte acaba de poner a la República Argentina en venta”.
«Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas (…) lo hizo en forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia», enfatizaron.
Límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por extranjeros
En el centro de la disputa se encuentra la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y que limitaba la titularidad y posesión de tierras rurales por extranjeros: solo un 15% podía estar en sus manos; un mismo titular no podía superar el 30% de esa porción ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo. Prohibía vender tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes y creaba un registro con autorización estatal. Milei derogó esa norma con el mega DNU 70 para abrir la puerta a empresas extranjeras y corporaciones interesadas en los recursos naturales.
Al respecto, el CECIM pidió la inconstitucionalidad del artículo 154, alegando que “redunda en un daño irreparable al pueblo argentino en general”, “libera el mercado de tierras habilitando la extranjerización de la tierra, dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.
En enero de 2024, el juez Ernesto Kreplak hizo lugar a una cautelar y suspendió la derogación. Luego, el magistrado Alberto Recondo rechazó la demanda porque los excombatientes no estaban legitimados. La Sala III de la Cámara Federal platense revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad y ordenó reinscribir la causa.
En aquella ocasión los camaristas Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin advirtieron que el Estado no mostraba “en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”. El mensaje era que, si el Gobierno quería cambiar las reglas, debía pasar por el Congreso.
El Estado apeló y la Corte le dio la razón en una breve sentencia que, además de desacreditar el reclamo, “reponer” el artículo que deroga por DNU la Ley de Tierras. Según los supremos, el “encuadre” de la Cámara “carece de todo fundamento” y plantearon que “la soberanía territorial es el conjunto de competencias que, con independencia de cualquier otro poder o autoridad, corresponden al Estado para el ejercicio de sus funciones y que consiste, básicamente, en la facultad de gobernar un territorio determinado con exclusión de cualquier otro (…) Como es obvio, dichas competencias en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo en el sentido del artículo de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia citada”, y fueron señalados por no analizar la constitucionalidad porque bastaba con negar la legitimación y afirmar que no había caso.
Según recordó Página/12 el derrotero judicial había golpeado al gobierno libertario y ante el impedimento de vender tierras a su antojo, Milei intentó la vía parlamentaria con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía derogar puntos de la Ley de Tierras y modificar la Ley del Manejo del Fuego. Sin embargo la bandera “Las Malvinas son argentinas” desplegada tras la victoria de selección albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 , el rechazo de artistas y una movilización popular el día del debate en el Senado llevaron al oficialismo a retirar esos puntos.
Asimismo, señaló que decisión de la Corte, de solo tres integrantes, que habilita la venta de las tierras sin ninguna clase de límites, parece hecha a medida de Milei quien «exhibe una defensa de soberanía impostada».
Al respecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció en un mensaje publicado en sus redes sociales que se trata de una Corte Suprema de Justicia que está «de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”.
Funa a los jueces «vendepatria»
En San Martín de los Andes, una sábana blanca con el texto «Corte Suprema Vendepatria» y otra que decía «jueces vendepatria» recibió a los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes habían viajado hasta la localidad para encabezar el “XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales”.
Sobre la puerta del hotel Le Village, ciudadanos de Neuquén autoconvocados, militantes sociales y trabajadores de ATE repudiaron el fallo con banderas, cantitos y bombas de humo. En paralelo, el Consejo Deliberante local aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una declaración de repudio a los jueces de la Suprema.
«Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle, no los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos» , sostuvo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en declaraciones recogidas por Página/12.
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