Decisiones que producen injusticia social en Educación: Discontinuar «Yo elijo mi PC» es también restringir oportunidades

Por Katerin Arias Ortega y Miguel Del Pino Sepúlveda, Núcleo MIRAS

En los últimos días, a raíz del presupuesto 2027, hemos visto una serie de reacciones de distintos sectores políticos, educativos y de la población civil, respecto de la discontinuidad del programa “Yo elijo mi PC”.

A primera vista, podríamos asumir que son decisiones administrativas con la finalidad de resguardar el recurso público. Sin embargo, detrás de estas decisiones aparentemente técnicas, existe un cuestionamiento más profundo: ¿Quién tiene derecho a disponer de las condiciones materiales necesarias para aprender?

Esta pregunta adquiere especial relevancia en territorios históricamente vulnerabilizados, como La Araucanía, que presenta bajos resultados en pruebas a gran escala y altos niveles de pobreza multidimensional.

Aquí, la tecnología representa para muchos estudiantes el principal o único acceso a dispositivos y experiencias educativas digitales, por lo que retirarla puede generar efectos diferenciados según el territorio.

Analicemos la discontinuidad del programa desde perspectivas de justicia social; comencemos con la filósofa Nancy Fraser.

En términos de Fraser, el problema puede ser comprendido como una cuestión de justicia distributiva, ya que una sociedad “justa” no puede limitarse a garantizar formalmente los mismos derechos si las condiciones materiales para ejercerlos se encuentran distribuidas de manera desigual.

La redistribución constituye una dimensión fundamental de la justicia, importa no solo reconocer el derecho a la educación, sino también garantizar los recursos que permiten hacerlo. Una distribución aparentemente igualitaria puede reproducir desigualdades cuando desconoce las diferentes condiciones de partida.

Quitar un computador a quien tiene múltiples alternativas de acceso tecnológico no tiene el mismo significado que retirarlo a alguien para quien ese dispositivo representa una de las pocas posibilidades de acceso a recursos digitales.

Fraser nos permite ampliar la mirada hacia el reconocimiento y la representación: ¿Por qué las necesidades de determinada población son consideradas menos prioritarias?

¿Quién decide qué recursos son indispensables y cuáles pueden ser retirados? ¿Participan las escuelas, docentes, estudiantes y familias en estas decisiones?

Una política educativa difícilmente puede considerarse justa socialmente, si quienes experimentan directamente sus consecuencias tienen escasa capacidad para intervenir en su definición.

Revisemos estas preguntas desde el planteamiento de Axel Honneth, para quien el reconocimiento constituye una condición normativa fundamental para la construcción de la identidad y la autorrealización de las personas.

Así, el reconocimiento no constituye solamente una cuestión interpersonal, también se relaciona con las condiciones sociales que permiten a las personas desarrollar un sentido de dignidad y valor.

Cuando determinada parte de la población experimenta sistemáticamente menores oportunidades, menores recursos o una menor consideración de sus necesidades, el problema puede adquirir una dimensión simbólica asociada con ¿qué lugar ocupa esa persona dentro de aquello que la sociedad considera digno de ser protegido y fortalecido?

Por eso, retirar tecnología a estudiantes de sectores menos favorecidos no debería analizarse exclusivamente en términos de cantidad de computadores o presupuesto disponible.

Es necesario preguntarse qué mensaje institucional puede producir esa decisión, lo que nos obliga a mirar más allá de la situación inmediata y preguntarnos por las estructuras que producen y reproducen posiciones de subordinación.

La pobreza, la exclusión y la desigualdad no son condiciones naturales de determinados territorios o grupos sociales, son el resultado de procesos históricos, políticos y económicos que han distribuido de manera desigual las posibilidades de participación, reconocimiento y acceso a los bienes sociales.

Entonces, explicar la discontinuidad del programa “Yo elijo mi PC” solo como una falta de recursos es problemático porque la brecha digital no es únicamente una diferencia en el acceso a dispositivos, sino que se constituye en una expresión más de desigualdad.

Antes de tomar decisiones técnicas y administrativas tendríamos que cuestionarnos: ¿Qué sociedad estamos construyendo cuando los recursos educativos se retiran precisamente de aquellos lugares donde más pueden contribuir a ampliar las oportunidades?

Estamos claros que la tecnología no garantiza por sí misma una educación justa, pero su ausencia, cuando se suma a otras desigualdades, puede profundizarlas.

Por eso, discutir quién recibe, quién pierde y quién decide sobre los recursos tecnológicos de las poblaciones menos favorecidas, no es una discusión meramente presupuestaria, sino más bien es una discusión sobre justicia social.

Katerin Arias Ortega y Miguel Del Pino Sepúlveda, Núcleo MIRAS