Cosechar riqueza, producir precariedad: Los cuerpos detrás del crecimiento de la fruticultura chilena

Por Ignacia Borgeaud y Carolina Amaral, Centro de Estudios e Investigación La Grieta — Kilombo Negrocentricxs

Chile suele hablar de su agricultura desde el éxito. Crecimiento de las exportaciones, apertura de nuevos mercados, innovación tecnológica, competitividad y capacidad para posicionar productos nacionales a miles de kilómetros de distancia forman parte de un relato que durante décadas ha acompañado la consolidación del modelo agroexportador.

La cereza se ha convertido quizás en una de sus imágenes más perfectas: brillante, seleccionada, trazable, cuidadosamente embalada y destinada a recorrer miles de kilómetros para ingresar a mercados internacionales altamente competitivos.

La importancia de la fruticultura no se limita a su presencia en las exportaciones.

En términos estructurales, el sector silvoagropecuario primario ha representado durante las últimas décadas alrededor del 3% del PIB nacional, pero cuando se consideran sus encadenamientos con la agroindustria, los insumos y los servicios asociados, su peso económico ampliado alcanza aproximadamente un 10,4% del PIB según la última estimación disponible de ODEPA.

En 2026, además, la fruta continúa ocupando una posición estratégica dentro del comercio exterior: solo durante la temporada 2025/2026 los envíos frutícolas superaron los US$9 mil millones, y la fruta fresca concentró la mayor parte de ese valor.

Incluso en un año marcado por retrocesos en parte de la producción frutícola, su comportamiento ha incidido directamente sobre la actividad agropecuario-silvícola medida por el Banco Central.

Esto permite dimensionar la contradicción que atraviesa nuestro análisis: no estamos hablando de una actividad económica marginal, sino de una cadena productiva relevante para la generación de riqueza y divisas del país; precisamente por eso resulta políticamente necesario preguntarse quién produce esa riqueza, bajo qué condiciones y qué proporción de sus costos sociales termina siendo absorbida por temporeros, temporeras y trabajadores migrantes.

Detrás de esa mercancía existe otra historia menos visible. La historia de quienes podan, ralean, cosechan, seleccionan, embalan, cargan y transportan esa fruta.

Temporeros y temporeras, trabajadores nacionales y migrantes, mujeres que además del trabajo remunerado sostienen labores de cuidado, personas que recorren temporadas y territorios buscando dónde vender nuevamente su fuerza de trabajo.

Nuestra investigación desarrollada en la Región de O’Higgins nació precisamente desde esa contradicción: preguntarnos por los cuerpos que desaparecen detrás de las cifras. Eso nos llevó hacia otra inquietud aún más política: ¿Qué relaciones de trabajo existen detrás del éxito agroexportador chileno y por qué permanecen tan ausentes del debate público?

Porque mientras discutimos cuánto exporta Chile, cuánto crece el sector o cuánto vale una determinada temporada, omitimos hablar sobre quién produce esa riqueza, bajo qué condiciones lo hace y cómo se distribuyen los costos, los riesgos y los beneficios de ese crecimiento.

La precariedad que actualmente experimenta parte de la población migrante inserta en la agricultura chilena no comenzó con la migración irregular.

Lo anterior permite desmontar una de las ideas más extendidas dentro del debate público: que la llegada de trabajadores extranjeros habría producido o profundizado por sí misma el deterioro de las condiciones laborales.

La historia del trabajo agrícola chileno muestra algo diferente, mucho antes de la actual migración latinoamericana y caribeña, la expansión de la fruticultura de exportación ya había consolidado una fuerza de trabajo caracterizada por la temporalidad.

La producción agrícola posee tiempos específicos, durante determinados períodos necesita miles de trabajadores. La fuerza de trabajo debe aparecer cuando la fruta la necesita y desaparecer de los costos permanentes cuando termina la temporada.

Así se consolida una de las figuras fundamentales de la transformación del campo chileno: la temporera y el temporero. No son una anomalía del modelo, sino que son centrales a su funcionamiento.

La modernización agrícola no eliminó esa condición. Aumentó la tecnología, mejoraron los sistemas de riego, se sofisticaron los packings, crecieron las cadenas de frío y Chile consiguió colocar fruta cada vez más lejos de sus fronteras. No obstante, una parte importante de quienes hacían posible esa transformación continuó entrando y saliendo del trabajo de acuerdo con las necesidades de la producción.

La mercancía se modernizó, pero las relaciones laborales no usufructuan de la misma suerte. Es aquí donde emerge la contradicción central que atraviesa toda nuestra investigación: el mismo modelo capaz de garantizar estándares internacionales extraordinariamente exigentes para la fruta no se traduce en condiciones equivalentes para todas las personas que la producen.

La fruta premium necesita miles de manos, la cereza permite observar esta contradicción con particular claridad. Su producción requiere una utilización intensiva de trabajo humano concentrada en períodos relativamente breves. Cuando comienza la temporada, miles de manos deben estar disponibles:

Alguien poda. Alguien ralea. Alguien cosecha. Alguien selecciona. Alguien embala. Alguien transporta.

La cereza que aparece finalmente como una mercancía sofisticada y altamente valorizada es el resultado de una extensa cadena de trabajo, esto obliga a desplazar la mirada desde la mercancía hacia las relaciones sociales que permiten producirla.

No está demás decir que el capital no produce riqueza por sí solo, puesto qu necesita fuerza de trabajo y necesita organizar esa fuerza de trabajo de una manera compatible con las necesidades de acumulación.

Durante determinadas semanas existe una enorme necesidad de trabajadores y después esa necesidad disminuye, la temporalidad acotada de los ‘acuerdos’ laborales permite resolver ese problema.

La subcontratación y los arreglos informales permiten conseguir rápidamente trabajadores sin incorporarlos de manera permanente a la estructura empresarial, y la existencia de una población con menores herramientas de negociación puede hacer todavía más desigual la relación entre quien necesita vender su fuerza de trabajo y quien tiene capacidad para comprarla.

En este sentido, ¿qué costos del modelo agroexportador son absorbidos por las empresas y cuáles son asumidos individualmente por los y las trabajadoras, sus familias y los territorios?

¿Quién asume los meses sin empleo? ¿Quién absorbe el costo de enfermarse? ¿Quién paga los desplazamientos entre temporadas? ¿Quién sostiene la vida cuando termina la cosecha? ¿Quién cuida mientras se trabaja?

¿Quién asume el riesgo cuando no existe contrato?

Cuando estas preguntas desaparecen del análisis económico, la mercancía parece producirse sola. En el proceso de investigación, se observa que las mujeres son el corazón de la transformación agrícola. Las mujeres de la clase obrera históricamente han trabajado en el mundo rural chileno, aunque una parte importante de ese trabajo haya permanecido invisibilizada como ayuda familiar, trabajo doméstico o colaboración dentro de las economías campesinas.

La expansión de la fruticultura incorporó masivamente mujeres al trabajo asalariado, pero lo hizo principalmente desde la temporalidad: Cosecha. Selección. Packing. Embalaje.

Las mujeres ingresaron al trabajo productivo sin abandonar el trabajo reproductivo. Después del campo o del packing continúa la comida, la crianza, la limpieza, el cuidado de niños, niñas, personas mayores y enfermas. La reproducción cotidiana de la vida, que no constituye una cuestión secundaria respecto de la economía, sino que es parte central de ella.

La producción de mercancías depende también de la reproducción cotidiana de quienes trabajan, una parte considerable de ese costo permanece fuera de las cuentas empresariales y continúa siendo absorbida por los hogares y, dentro de ellos, de manera desproporcionada por las mujeres.

Por eso cuando hablamos de temporeras no hablamos solamente de incorporación femenina al mercado laboral, sino que hablamos también de una economía que utiliza trabajo remunerado mientras descansa sobre enormes cantidades de trabajo de cuidados no remunerado.

La acumulación tiene entonces una dimensión que pocas veces aparece en las estadísticas de exportación. Mientras la fruta cruza fronteras convertida en mercancía, una parte de los costos necesarios para producirla permanece dentro de las casas. La trabajadora migrante ingresó a una estructura laboral que ya había sido construida sobre la temporalidad, la flexibilidad y una distribución desigual de los riesgos.

Esta diferencia es políticamente fundamental porque permite invertir la pregunta. En lugar de preguntarnos si los migrantes deterioraron el mercado laboral, debemos preguntarnos por qué determinados sectores del mercado laboral encuentran en trabajadores con mayores necesidades económicas y menores herramientas institucionales una fuerza de trabajo particularmente disponible.

La explotación laboral se encuentra en las interseccionalidades de la subalternidad, es decir, clase, género, nacionalidad, raza, barrera lingüística, situación migratoria, entre otras. Nuestra investigación en O’Higgins permitió observar precisamente cómo estas dimensiones pueden encontrarse en un mismo cuerpo: trabajadora-mujer-migrante-temporera-cuidadora.

¿Qué ocurre laboralmente con una persona que permanece en el país, necesita sobrevivir y posee menos posibilidades de ingresar al mercado formal? ¿Hasta que punto la irregularidad migratoria deja de ser una falla del sistema, a ser una condición construída para el usufructo del sector privado?

Una persona con estatus migratorio irregular tiene poco, si es que algún poder de negociación, porque teme ser expulsada por denunciar, porque está forcluida del lugar de ciudadano y sujeto de derechos, porque la extranjeridad puede traducirse en desconocimiento de los derechos inalienables, mecanismos de denuncia o instituciones laborales. Cuando disminuyen los derechos migratorios, también puede disminuir la capacidad efectiva para ejercer derechos laborales.

La respuesta de esta encrucijada reside en pensar más allá del debate migratorio, y exige enlazar estas cuestiones con los debates sobre la dignidad del trabajo. Durante 2026, el gobierno ha profundizado una agenda centrada en control fronterizo, expulsiones y salida de personas en situación migratoria irregular, el discurso gubernamental coloca el «orden migratorio» y el control de fronteras en un lugar central.

Pero mientras el Estado –supuestamente– endurece su relación con la migración irregular, las necesidades productivas de sectores como la agricultura no desaparecen.

Por eso existe una perversidad estructural cuando se ejerce un control migratorio individual, que vilifica al migrante irregular sin fiscalizar a las grandes empresas que lucran con la vulnerabilidad legal de estas personas.

Es necesario preguntarnos: ¿Cuántos empleadores son fiscalizados por utilizar trabajo informal? ¿Quién responde cuando un trabajador no tiene contrato? ¿Quién responde por jornadas abusivas?

¿Quién responde por exposición a agrotóxicos? ¿Quién responde por intermediaciones laborales irregulares?

La seguridad migratoria no puede reemplazar la seguridad laboral. Aquí existe además una disputa sobre el significado de la palabra seguridad, en el debate público contemporáneo, seguridad y migración aparecen cada vez más asociadas.

Pero ¿qué significa seguridad para una temporera?

Seguridad puede también re-pensarse como garantías laborales, principalmente en rubros con altos riesgos médicos y fisiológicos, con largas y extenuantes jornadas, usualmente en la intemperie, expuesta a condiciones climáticas, pesticidas y lugares sin acceso libre agua potable.

Existe entonces la seguridad desde el discurso criminalizante que emana del Estado, y la ensoñación del fortalecimiento de la seguridad laboral de quiénes aportan a que la economía de Chile produzca sus frutos.

Cuando la primera monopoliza completamente la discusión, la segunda desaparece. La xenofobia desplaza el conflicto estructural de la precarización laboral en Chile, revelando la función política de los discursos anti-migrantes.

En sociedades atravesadas por inseguridad económica, salarios insuficientes, crisis habitacional, endeudamiento y debilitamiento de derechos sociales, existe siempre una disputa por explicar las causas del malestar, cuyas vertientes individualistas abundan en medios de comunicación que son manejados por intereses privados y empresariales.

¿Por qué una empresa puede encontrar trabajadores dispuestos a aceptar determinadas condiciones? ¿Qué estructuras hacen posible esa desigualdad? ¿Qué ocurre con la capacidad de negociación de toda la fuerza laboral cuando existe un segmento de trabajadores que posee mayores dificultades para rechazar?

Ahí aparece una consecuencia que debería preocupar también a la clase trabajadora nacional, puesto que la precarización de algunos siempre es expansible a todos.

Por eso defender los derechos de los trabajadores migrantes no constituye una demanda separada de la defensa de los trabajadores nacionales desde una perspectiva de clase.

Si un empleador puede pagar menos a alguien porque está irregular, el problema no es la nacionalidad de ese trabajador, el problema es la existencia de una relación laboral en la cual resulta posible utilizar esa vulnerabilidad para disminuir costos o disciplinar la fuerza de trabajo.

La respuesta, por tanto, no debería ser quitar todavía más derechos, sino que garantizar que ningún trabajador pueda ser utilizado para precarizar las condiciones de otro.

Cuando Chile celebra su competitividad agroexportadora, deberíamos preguntarnos también cómo se construye esa competitividad.

¿Qué ocurre cuando la vulnerabilidad de una persona puede transformarse en una ventaja económica para otra?

Emerge ahora una otra contradicción que atraviesa nuestro presente: La frontera puede cerrarse para los derechos mientras determinados sectores del mercado continúan abiertos a esa misma fuerza de trabajo. La contradicción de la cereza chilena está ahí. Una mercancía capaz de cruzar el mundo con absoluta libertad mientras algunas de las personas que la producen viven bajo condiciones profundamente desiguales para desplazarse, trabajar y ejercer derechos.

La fruta cruza fronteras como mercancía. El capital cruza fronteras como inversión. Pero cuando quien cruza la frontera es el trabajador, algo se enrigedece.

Ignacia Borgeaud y Carolina Amaral, Centro de Estudios e Investigación La Grieta — Kilombo Negrocentricxs