La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó «categóricamente» las recientes sanciones impuestas por la administración de Donald Trump en EEUU, contra varios de sus jueces y fiscales adjuntos.
Para el organismo, se trata de un «ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial», advirtiendo que medidas de este tipo «no solo amenazan el estado de derecho internacional, sino que también afectan directamente a las víctimas, que acuden a la Corte cuando han agotado todas las demás vías».
Desde la ONU, en tanto, su Secretario General António Guterres se sumó a las críticas remarcando que la acción del Gobierno de Trump pone «en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y suponen un duro golpe a la justicia penal internacional».
Guterres llamó además a todos los países a que respeten sus compromisos jurídicos y respalden la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que las sanciones de EEUU son «inaceptables» y pidió que «se retiren de inmediato», mientras que la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, denunció en un comunicado de que estas medidas buscan obstaculizar la justicia e intimidar a quienes trabajan con el tribunal.
Akane aseguró que seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, basándose en la ley y las pruebas: «La Corte no se dejará amedrentar», manifestó la jurista japonesa.
No son las primeras sanciones
El gobierno de Trump ya ha aplicado previamente sanciones a 9 de los 18 jueces de la CPI, a los dos fiscales adjuntos, al exfiscal y a un miembro del personal.
Entre los sancionados figuran la presidenta de la Corte, Tomoko Akane (Japón), y el abogado principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye (Senegal).
En rondas anteriores, Washington también había sancionado a los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).
Desde la CPI insistieron en que estas medidas «socavan el Estado de derecho» y que «cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en peligro».
¿Cuáles son las sanciones?
Fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó sobre las sanciones este viernes 9/10, justo después que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales.
«Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros», dijo Rubio en un video publicado en redes sociales, donde reiteró que «Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI».
En concreto, las sanciones aplicadas dejan a la CPI sin acceso a servicios financieros con sede en EEUU, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses.
Asimismo, establecen un plazo de 6 meses para que las empresas y las personas en territorio estadounidense que tengan negocios con la Corte «reduzcan y cierren esas actividades».
Seguiremos informando.
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