La situación laboral de los trabajadores de call center y la creciente contratación de estos servicios fuera de Chile, formaron parte del debate que se dio en la Comisión de Economía del Senado durante el estudio del proyecto que prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores que funcionen desde el extranjero.
Según consignó el boletín del Senado, en una primera sesión, la comisión escuchó al diputado Gonzalo Winter (FA), uno de los autores de la iniciativa; a la subsecretaría de Telecomunicaciones; y al director de Asuntos Económicos Bilaterales de la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quienes expusieron sobre los alcances del proyecto.
Así, en esta segunda sesión, se recibió en audiencia a las representantes de la Central de Trabajadores de Chile, Carmen Miranda, Daniela Morel y María Olguín; a Rodrigo Aguilar de la Coordinadora de sindicatos de trabajadores de call center; y a la presidenta de la Asociación Gremial de Empresas de BPO Chile A.G., Florencia Urenda.
De acuerdo al boletín, «representantes de trabajadores y de la industria coincidieron en la importancia que tiene el sector como generador de empleo, particularmente para mujeres y jóvenes, aunque también se plantearon interrogantes respecto de los mecanismos que deberían utilizarse para proteger los puestos de trabajo nacionales».
Carmen Miranda señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es «impedir que servicios destinados a usuarios chilenos sean contratados fuera del país y, al mismo tiempo, avanzar en mejores condiciones laborales para quienes se desempeñan como operadores telefónicos».
Desde los trabajadores, plantearon la necesidad de «evitar que empleos destinados a atender a usuarios nacionales continúen trasladándose al extranjero» y propusieron «avanzar mediante diálogo, capacitación y un compromiso con la generación de trabajo en el país».
Por su parte, Florencia Urenda explicó que las empresas agrupadas operan bajo estándares propios del sector y mantienen contratos formales. No obstante, señaló que las empresas que operan en Chile enfrentan una competencia desigual debido a que las distintas regulaciones derivan en mayores costos.
En tal sentido, mencionó experiencias internacionales como Estados Unidos, Uruguay e Italia, donde existen regulaciones orientadas a favorecer o fortalecer el empleo local asociado a los servicios de contact center.
Otro de los puntos abordados fue la externalización en el extranjero de servicios vinculados a organismos públicos, donde se mencionó el caso de la atención telefónica de Fonasa. Representantes de los trabajadores manifestaron especial preocupación por aquellos call center que manejan información personal o sensible de los usuarios, particularmente cuando se trata de antecedentes clínicos.
Aún queda pendiente una audiencia con la Cámara Nacional de Comercio, mientras que se acordó ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el 2 de noviembre, añade el reporte del boletín del Senado.
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