Sitios de memoria en Chile: entre la falta de reconocimiento y el olvido presupuestario

Por Londres 38, especio de memorias.

A partir de la década de los 90, las y los familiares de víctimas, ex prisioneras y prisioneros políticos,  y organizaciones sociales y de derechos humanos dieron continuidad al largo camino, iniciado en dictadura,  de denuncia, señalización, reconocimiento y protección de los sitios que funcionaron como recintos o espacios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar en Chile.

Los sitios de memoria son todos estos lugares, así como también aquellos donde se resistió a  la represión, o donde hoy se conmemoran estos hechos. Estos espacios constituyen una herramienta fundamental para la comprensión del pasado reciente, la elaboración colectiva de la memoria y la defensa de los derechos humanos. Para el logro de esos objetivos los sitios de memoria se han constituido como espacios de investigación, creación y difusión en diversos ámbitos, entre ellos, la historia y la memoria, el patrimonio material e inmaterial, la arquitectura y la arqueología, las artes, la educación  y la gestión.  Así, se han constituido también como espacios de enseñanza y aprendizaje y de encuentro comunitario.

A pesar de que los estándares internacionales de los derechos humanos señalan que su recuperación y preservación constituyen obligaciones imperativas de los Estados para asegurar la verdad, la justicia, la reparación simbólica y las garantías de no repetición; los sitios de memoria, funcionan -mayoritariamente-  mediante el esfuerzo colectivo de defensores de los derechos humanos y la colaboración del voluntariado. Y solo algunos de ellos cuentan con trabajadores remunerados.

Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) existen 1.132 recintos y sitios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar en Chile. De los más de mil sitios de memoria, sólo 83 han sido declarados como monumento nacional, asociados a la memoria y los derechos humanos, por el Consejo de Monumentos Nacionales, 72 de ellos corresponden a  espacios de memoria y 11 a archivos. Esta cifra ya es representativa  del atraso estatal en la materia. Desde marzo a la fecha, no solo no se ha avanzado en ello sino que se ha detenido la revisión de 63 solicitudes de declaratorias, modificación o  ampliación de la protección para estos  sitios de memoria,  presentadas por organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, de los más de mil sitios de memoria que se registran a nivel nacional, sólo 21 de ellos reciben financiamiento por parte del Estado para el funcionamiento de sus planes de gestión: 12 de ellos mediante el Programa de Sitios de Memoria del Servicio Nacional del Patrimonio (SERPAT) -cuya administración depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos-  y 9 sitios de memoria (7 inmuebles y 2 archivos) vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, financiados mediante la Partida 29, capítulo 3, programa 5 del Presupuesto del SERPAT.  

Por otra parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos financia 8 proyectos vinculados a sitios de memoria mediante un fondo concursable (en los que los sitios deben competir entre sí año tras año) para iniciativas específicas como reparaciones, construcciones de obras menores, reconstrucción arquitectónica digital, acciones de prevención y seguridad, entre otros.  

Los montos para la mantención, administración y gestión de los sitios son insuficientes, y en muchas ocasiones inciertos, abarcando un reducido número de sitios de memoria –principalmente de la Región Metropolitana-. Esta situación empeoró con la reducción presupuestaria ordenada por el actual gobierno mediante el Decreto 332 del Ministerio de Hacienda (de 24 de abril), disminuyendo el monto asignado al Programa Sitios de Memoria en un 43,90%, pasando de  $1.183.527.000 a $663.593.000 millones de pesos (subtítulo 24 de la Subsecretaría de Derechos Humanos). Este recorte presupuestario ocasionó que 6 sitios de memoria, que habían recibido recursos parciales en años anteriores, no recibieran financiamiento estatal durante este año, por lo que, en algunos casos, anunciaron su cierre forzado, y en otros, realizaron diversas actividades en búsqueda de financiamiento y aportes voluntarios.  

También se redujo en un 55,48% el Subtítulo 33 del Fondo del Programa de Sitios de Memoria, afectando directamente el fondo de inversión (componente 2) de los sitios de memoria, pasando de $505.426.000 a $225.000.000. 

Por otra parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos modificó en abril de este año las bases del fondo concursable que depende de dicha repartición, pasando a financiar sólo la línea de sitios de memoria y no  la línea de cultura, la cual estaba destinada a la investigación, rescate y puesta en valor de archivos y producciones artísticas, y a la generación de espacios de educación comunitarios, entre otras iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y las graves violaciones a estos, cometidas durante la dictadura.

En la propuesta del ejecutivo para el año 2027, el presupuesto original del Programa de Sitios de Memoria (sus tres componentes más inversión), disminuyó en un 59,56%, pasando de  $1.688.953.000 a $683,075,000. Entre los efectos de esa reducción está la eliminación completa del Subtítulo 33 de ese Programa,  lo que significa que no habrán recursos para la recuperación y rescate de sitios de memoria.

Si revisamos los montos que se entregan a los sitios de memoria mediante la glosa del SERPAT y el Programa de Sitios de Memoria, la diferencia entre el año 2026 y la propuesta presupuestaria del 2027, es del 34.92% menos, pasando de $2.887.547.000 a solo $1.879.195.000 para el próximo año. Es decir, existe un total de $1,008,352,000 menos para el financiamiento de la gestión y administración de los sitios de memoria. Esto sin considerar el aumento del IPC anual.

Estos recortes forman parte de un ajuste general del presupuesto 2027, y se suman a los ya realizados durante 2026, con una importante afectación a derechos sociales en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura, y el empleo de los trabajadores del Estado y en general. Esto, a pesar de las promesas de campaña de que ningún derecho se vería  perjudicado. 

Aunque pudieran considerarse inferiores en comparación con otros programas del Estado, esta disminución del presupuesto estatal afecta gravemente, y de manera directa, la preservación y gestión de los sitios de memoria, poniendo en peligro  su continuidad y el patrimonio que conservan. 

Esta decisión del gobierno es un retroceso que pone en cuestión las obligaciones del Estado chileno en materia de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición de los crímenes cometidos por sus agentes. Obligaciones que han sido establecidas por el sistema internacional de los derechos humanos y a las que el Estado se ha comprometido.

El Congreso tiene ahora la responsabilidad de corregir estas decisiones.

Por Londres 38, especio de memorias.