Balance judicial del estallido expone una amplia y mayoritaria impunidad en casos de violencia institucional
El análisis de CIDSUR
El Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR) difundió un análisis basado en el Informe Estadístico del Estallido Social en Chile de la Fiscalía Nacional (2025), que revela que, sobre un universo de 32.901 causas vinculadas al período iniciado el 18 de octubre de 2019, 11.506 corresponden a violencia institucional, esto es, el 34,1% del total.
Sin embargo, el abogado Sebastián Saavedra advirtió que la cifra no se condice con los resultados judiciales. «Del total de casos de violencia institucional ingresados por la Fiscalía Nacional, sólo en 958 casos se identificó a un presunto responsable y 219 culminaron en sentencia condenatoria, eso es un 1,9% de los casos», señaló el profesional en un video difundido por la organización.
El análisis de CIDSUR precisa que se comprenden los casos vinculados a violencia institucional cuando los acusados son funcionarios policiales y militares. Actualmente, el centro lleva siete investigaciones, de las cuales en cuatro casos se ha logrado llevar a juicio a 13 agentes del Estado —4 funcionarios de Carabineros y 9 del Ejército de Chile. En tres de ellos la investigación penal sigue vigente, aunque «hasta la fecha no se ha obtenido indicios de participación de algún imputado conocido».
Las causas sin imputado conocido son investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Local de Temuco, en casos relacionados con las víctimas de lesión ocular L.A.F., C.R.S. y N.M.S. El video con las declaraciones de Sebastián Saavedra puede revisarse aquí: Ver video CIDSUR.
Museo de la Memoria: “Recordamos a las víctimas de la violencia estatal y la importancia del respeto y la defensa de los derechos humanos”
En paralelo, el Museo de la Memoria publicó un mensaje con motivo de los siete años del inicio de las masivas manifestaciones, recordando a las víctimas de la violencia estatal y la importancia del respeto y la defensa de los derechos humanos. Según el informe de la Fiscalía de octubre de 2025, 11.183 personas fueron víctimas de violencia institucional entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellas, el 70,4% corresponde a víctimas de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos.
El reporte también registra 464 víctimas de trauma ocular de distinta gravedad. De ellas, el 87% eran hombres y el 13% mujeres; mientras que el 92% eran mayores de edad y el 8% menores de edad. La magnitud de las lesiones oculares llevó a implementar el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), destinado a brindar atención a las personas que sufrieron daños oculares producto de disparos de balines, perdigones y otros objetos por parte de agentes del Estado.
En 2022, este programa fue reemplazado por el Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO), que buscaba fortalecer y reimpulsar la reparación en salud de las víctimas. Sin embargo, distintas agrupaciones de víctimas de la represión policial han denunciado que las medidas de rehabilitación y acompañamiento han sido insuficientes. Según la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, al menos cinco personas afectadas por la violencia estatal se han quitado la vida.
La publicación del Museo de la Memoria puede revisarse aquí: Ver publicación.
En materia de justicia, el informe señala que la mayoría de las causas fueron cerradas sin condena, debido entre otros factores, a las dificultades para identificar a los responsables. De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron en sentencias condenatorias. La mayoría de las causas fueron archivadas, sobreseídas o terminaron sin que se perseverara en la investigación. «En este día recordamos los aprendizajes que nos ha dejado nuestra historia: que el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia deben ser un estándar siempre», concluyó el Museo de la Memoria.
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