Recortes millonarios a Ley Ricarte Soto y vacunación: Presupuesto de Salud de Kast enfrenta cuestionamientos en el Congreso

Ante los recortes millonarios a la Ley Ricarte Soto y los planes de vacunación el presupuesto del Ministerio de Salud para 2027 presentado por la administración de José Antonio Kast enfrenta serios cuestionamientos en el Congreso.

La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos revisó la partida de la cartera para el próximo año, que establece un aumento real de 4,7% y un presupuesto total de 18,3 billones de pesos. Aunque la ministra de Salud, May Chomali, defendió el proyecto argumentando que contempla aproximadamente 830 mil millones de pesos extra en comparación con el ejercicio anterior, la senadora Karol Cariola (PC) desestimó la existencia de una expansión real y denunció los severos ajustes aplicados a programas sociales de alto impacto social.

“Se habla de alza, pero en realidad, el gasto no aumenta nada. Se congela el presupuesto“, cuestionó.

Una de las reducciones presupuestarias más controvertidas recae sobre la Ley Ricarte Soto, un mecanismo clave diseñado para costear tratamientos de alto costo y diagnósticos complejos. La propuesta presentada por La Moneda contempla un recorte superior a los 28 mil millones de pesos, lo que implica una disminución de casi el 14,5%.

Ante esta reducción de recursos, el senador Juan Luis Castro solicitó la votación separada del ítem, advirtiendo que la decisión del gobierno de Kast vulnera a 85 mil pacientes que reciben beneficios de la ley. “Esto no es un ajuste administrativo o de una planilla extra, esto es un impacto directo a pacientes«, afirmó.

Frente a la controversia suscitada, la ministra May Chomali planteó que el fondo presupuestario llegará al límite de sus recursos durante el presente año debido a un flujo de ingresos de pacientes sobrepasa a la cantidad de quienes egresan de los esquemas médicos.

Bajo este escenario, indicó que el Ejecutivo optó por resguardar la atención de los usuarios actuales, frenando la inclusión de nuevas patologías dentro de la cobertura existente. Para solucionar el déficit estructural, la secretaria de Estado anunció que presentarán un proyecto para modificar la ley y adecuar que los recursos al aumento de la demanda.

Sin embargo, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, reaccionó con preocupación señalando la parálisis en la incorporación de terapias avanzadas y la creciente frustración de las sociedades científicas al no poder actualizar los protocolos vigentes.

“Vemos que lo financiero está amenazado, no entran nuevas enfermedades, no entran nuevos tratamientos”, acusó.

Las críticas gremiales también apuntaron a la insuficiencia del mecanismo de actualización monetaria, puesto que el fondo de alta complejidad solo se ha reajustado según el Índice de Precios al Consumidor desde 2017.

Arriagada instó al Gobierno a inyectar más recursos con el fin de ampliar la protección efectiva hacia la ciudadanía.

«Necesitamos más fármacos, mejores fármacos, mejores protocolos y más enfermedades que entren para poder proteger realmente a los pacientes“, alertó.

Recortes a la vacunación

Por otra parte, la partida destinada al Programa Nacional de Inmunizaciones experimentará un tijeretazo de 9.696 millones de pesos. Para intentar mitigar las alarmas, la subsecretaria Alejandra Pizarro Ibáñez descartó el desabastecimiento de dosis en la red nacional. «No se van a reducir vacunas, no le va a faltar vacuna a nadie». dijo.

Atribuyó la rebaja a una planificación logística eficiente, la reducción de pérdidas de insumos, mejoras de cobertura y la incorporación de nuevas tecnologías.

La sustentabilidad de la estrategia de inmunización fue igualmente puesta bajo la lupa a raíz de las irregularidades detectadas por la Contraloría en torno al vencimiento de dosis sin utilizar. Por ello, el senador Juan Luis Castro planteó la necesidad de ajustar los mecanismos de adquisición pública y respaldó que esta partida también se someta a votación individual, consignó Diario U. de Chile.

En materia de atención primaria, las discrepancias se enfocaron en el monto del reajuste per cápita, el cual contempla un alza nominal de 630 pesos por paciente, donde apenas 218 pesos corresponden a un incremento real descontando la inflación, sobre un piso basal que supera los 13 mil pesos.

Por último, el debate parlamentario abordó la controversia generada por la erradicación de 77 glosas de información, herramientas fundamentales para que el Congreso ejerza el control y seguimiento de las metas presupuestarias del sector sanitario.

Con la participación de dirigentes gremiales y agrupaciones de pacientes, la discusión en la Tercera Subcomisión Mixta concluye este martes 20 de octubre, fecha fijada para la votación decisiva de la partida presupuestaria de salud.