La Liga para la Protección de los Presos Saharauis acusa a las autoridades penitenciarias de agredir a Abdallah Abbah durante su traslado entre hospitales y de no cumplir el acuerdo alcanzado con el fiscal del Rey para poner fin a la protesta. El caso se suma a un patrón de tortura que el Comité contra la Tortura de la ONU ya calificó de «estructural».
Abdallah Abbah lleva más de dieciséis años privado de libertad. El 23 de septiembre de 2026, junto a otros ocho presos saharauis, inició una huelga de hambre indefinida. Veintidós días después, cuando su estado era ya extremadamente débil, fue trasladado desde la prisión de Tiflet 2 al hospital de esa localidad para someterse a análisis médicos. Lo que ocurrió en las horas siguientes, según la denuncia de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, constituye una vulneración de su integridad física y, posiblemente, un acto de tortura.
Un traslado contra su voluntad
El relato de la organización, basado en la información transmitida por la familia del detenido, comienza el martes 13 de octubre. Abbah se negó a recibir suero por vía intravenosa —una decisión coherente con la huelga de hambre que mantenía— y solicitó regresar al establecimiento penitenciario. Lejos de respetar esa negativa, fue trasladado contra su voluntad al hospital de Jemisset.
En ese segundo centro se produjo el episodio más grave. Según la denuncia, el responsable de guardia intervino violentamente para imponerle la administración de suero, provocándole heridas en una mano. La Liga califica la actuación de «agresión deliberada». Después, el preso permaneció retenido en un pasillo hospitalario desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche, antes de ser trasladado «violentamente» al hospital Moulay Youssef de Rabat. Allí quedó abandonado en otro pasillo hasta las cuatro de la madrugada, rodeado de presos comunes, algunos en estado de alteración. Al día siguiente, según la misma fuente, se le privó incluso del acceso al agua, pese al riesgo que esa privación representaba tras tres semanas sin ingerir alimentos.
El acuerdo que no se cumplió
El jueves 15 de octubre pareció abrirse una salida. El fiscal del Rey visitó al preso acompañado de un representante de la Administración Penitenciaria, identificado como Yahya, y de otro del Consejo Marroquí de Derechos Humanos. Según la Liga, se alcanzó un acuerdo para poner fin a la huelga a cambio de dos compromisos concretos: el traslado de Abbah a una prisión de su elección y el seguimiento adecuado de su estado de salud.
Ninguno se materializó. El lunes 19 de octubre, el preso fue devuelto a la prisión de Tiflet 2 sin que se hubieran adoptado las medidas pactadas. Para la organización, el incumplimiento «demuestra la falta de garantías que padecen los presos saharauis y pone en cuestión la credibilidad de las instituciones marroquíes que participaron en las negociaciones».
La versión oficial: «condiciones normales»
La Delegación General de la Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) de Marruecos rechazó las acusaciones. En un comunicado del 13 de octubre, sostuvo que los presos se encuentran en condiciones «normales» y reciben la atención sanitaria necesaria. Afirmó que solo cinco reclusos secundaban la huelga —frente a los ocho o nueve que denuncian las ONG— y atribuyó los traslados a «razones disciplinarias» o a solicitudes de los propios internos.
Un patrón que la ONU ya certificó
El caso de Abbah no es un incidente aislado. En mayo de 2026, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas publicó sus conclusiones tras examinar cuatro nuevas denuncias de miembros del grupo de Gdeim Izik. El organismo fue categórico: los diez casos examinados hasta la fecha revelan «un patrón consistente de arrestos arbitrarios, confinamiento solitario, actos de tortura o malos tratos durante los interrogatorios y el uso posterior de confesiones obtenidas bajo coacción en los procesos judiciales».
Las víctimas describieron haber sido «golpeadas severamente, quemadas con cigarrillos, amenazadas con violación, suspendidas en la llamada posición del ‘pollo asado’ durante periodos prolongados, sometidas a ‘falaka’ —golpes repetidos con una barra de hierro en las plantas de los pies—, mantenidas en confinamiento solitario y privadas de comida y atención médica». El vicepresidente del Comité, Peter Vedel Kessing, concluyó que se trata de «un problema estructural en el manejo de Marruecos de los casos relacionados con Gdeim Izik».
El origen de todo ello se remonta a noviembre de 2010, cuando miles de saharauis levantaron el campamento de Gdeim Izik cerca de El Aaiún para reclamar mejoras sociales y económicas. Su desmantelamiento por las fuerzas de seguridad desembocó en enfrentamientos con once agentes y tres civiles muertos. Veinticinco activistas fueron detenidos y, en 2013, un tribunal militar los condenó a penas de entre 20 años y cadena perpetua, sobre la base de confesiones que los acusados denunciaron haber firmado bajo tortura. Aunque el Tribunal de Casación anuló la sentencia militar en 2016 y ordenó un nuevo juicio civil, la Apelación de Rabat confirmó las condenas en 2017. Hoy, según Human Rights Watch, 19 integrantes del grupo siguen encarcelados.
La dimensión bioética: la Declaración de Malta
La denuncia de la Liga no solo tiene una dimensión legal, sino también ética. La imposición de suero intravenoso por la fuerza a un huelguista de hambre contraviene la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial, que establece que «la alimentación forzada que contraria una negativa informada y voluntaria no está justificada» y que es ético «permitir que un huelguista de hambre determinado muera con dignidad en lugar de someterlo a intervenciones repetidas en contra de su voluntad». La organización saharaui considera que las actuaciones denunciadas vulneran igualmente la Convención Internacional contra la Tortura y las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las personas encarceladas.
El silencio que persiste
La presión internacional existe, pero no ha logrado traducirse en resultados. La FIDH y la OMCT expresaron el 12 de octubre su «profunda preocupación» por la salud de los huelguistas y exigieron la implementación de las decisiones de la ONU y la liberación inmediata de los presos políticos saharauis. La ISHR denunció ante el Comité de Descolonización que Marruecos no ha cumplido ninguna de las resoluciones de los mecanismos de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch mantienen la denuncia desde el inicio: los juicios estuvieron «empañados» por confesiones obtenidas bajo tortura.
La Liga exige ahora una investigación judicial independiente, la identificación de los responsables y medidas urgentes que garanticen la seguridad y la atención sanitaria de Abbah. También reclama al Consejo Marroquí de Derechos Humanos que haga públicos los resultados de su intervención, y responsabiliza a las autoridades penitenciarias de la integridad física y la vida del detenido.
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