Recortan los derechos, pero no la voz

Por Javiera Leal Villalón, cientista política, encargada Unidad de Estudios Fundación Voz Pública

“Fue una marcha preventiva”, dijo el Presidente José Antonio Kast al día siguiente de que miles de estudiantes, profesores y trabajadores llenaran la Alameda bajo el lema “Ni un peso menos para la educación” y se preguntó por qué no habían marchado después con el presupuesto 2027 ya leído.

El Mandatario lo dijo como quien reprocha a alguien por salir con paraguas antes de que llueva, pero quienes marcharon el 1 de octubre no necesitaban leer el proyecto para saber lo que se venía, dado que ya lo habían visto en sus casas.

Porque la marcha no fue preventiva, fue memoria, una memoria de lo que pasa cuando el Estado se retira de la educación y deja que cada familia se las arregle como pueda. Esa memoria tiene nombre y apellido: deuda educativa.

La que cargan los deudores del CAE y la que el Estado mantiene con cada estudiante al que le recorta lo que necesita para aprender.

Ahora que el proyecto se conoce, la sospecha tenía fundamento. El presupuesto 2027 deja sin recurso a “Yo elijo mi PC”, un programa con más de 17 años, que este 2026 entregó computadores a más de 96 mil estudiantes de 7°básico.

Consultado por los problemas del programa, el Ministro de Hacienda admitió que no recordaba este caso en particular, pero que “de seguro tenía hallazgos”. Para miles de familias ese computador fue el primero de la casa y se recorta sin poder explicar por qué, dejando a miles de estudiantes sin acceso a uno, sin la posibilidad de poder conectarse con la educación.

No es el único recorte, dado que, según el Consejo de Rectores, los aportes a las universidades bajan en más de 36 mil millones de pesos, el Ministerio de Ciencia pierda un 7,4% de su presupuesto y las becas de posgrado vienen de un año con convocatorias suspendidas.

El Gobierno responde que el presupuesto de Educación crece, pero en términos reales se mantiene prácticamente igual, lo que sube en una línea se descuenta en otra. Mientras se recorta lo que permite estudiar, se cobra con dureza lo que costó estudiar.

Hoy más de 550 mil personas están morosas con el CAE, con una deuda que supera los 4 billones de pesos. Este año, la Tesorería presentó más de 90 mil demandas y comenzó a embargar cuentas bancarias y propiedades, advirtiendo que el proceso puede terminar en remate.

Nadie está diciendo que no se quiera pagar, el problema es qué se cobra y cómo se cobra: los montos que hoy se exigen no reflejan lo que se pidió para estudiar, sino años de intereses acumulados sobre una deuda que existe porque el Estado decidió no financiar directamente la educación.

Los convenios de pago que se ofrecen como salida tienen cuotas que muchas veces no calzan con los sueldos reales. Lo sé por experiencia propia, intenté regularizar mi situación y me lo negaron, mientras la deuda seguía creciendo. No es rebeldía, es imposibilidad.

La Tesorería asegura que los embargos han recaído principalmente en deudores de altos ingresos y que la mayoría podría acceder a un convenio; puede ser, pero una política de cobranza también se mide por el miedo que instala en los otros 550 mil deudores.

El Gobierno insiste en que la austeridad es necesaria para levantar al país y la responsabilidad fiscal es una decisión legitima, pero cabe preguntarse por qué el ajuste siempre empieza por el computador de un niño de 7° básico, por la universidad pública y por el bolsillo de quien se endeudó para estudiar ¿Cómo se levanta un país apretando primero a quienes menos tienen?

No es solo Chile. En Francia, los estudiantes secundarios han salido a las calles por la falta de profesores, las salas de clases saturadas y el deterioro de las infraestructuras escolares en medio de un presupuesto que también recorta personal.

Allá el Gobierno tuvo que movilizar de urgencia a 3.000 docentes suplentes. Son realidades distintas, pero dejan la misma lección, cuando un Estado trata la educación como un gasto que se puede recortar y no como un derecho que debe garantizar, la calle se lo recuerda.

El Presidente Kast pidió marchar con el presupuesto leído, ya está leído y la Confech anunció que seguirá movilizada durante toda la discusión en el Congreso. Se podrá recortar lo que se quiera en nombre del bien del país, pero jamás se podrá recortar el espíritu de lucha, la dignidad y las voces de una generación que aprendió a punta de deudas.

Porque, al final, ¿cuánto cuesta un derecho cuando el Estado decide no garantizarlo?

Javiera Leal Villalón