La detención de Luisa González ha sido denunciada como un caso de ‘Lawfare‘ por su partido, Revolución Ciudadana, y por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
En un operativo realizado en las provincias de Pichincha y Manabí, a pocas semanas de las elecciones seccionales, la Policía de la nación suramericana arrestó el jueves 22 de octubre a González, quien fue dos veces rival presidencial del actual mandatario Daniel Noboa, junto a su asistente Estefanía Molina y posteriormente ambas fueron trasladadas al Cuartel Modelo en Guayaquil.
La dirigencia del partido, incluida Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, calificó la detención como una «arbitrariedad y secuestro», mientras que el expresidente Correa denunció un procedimiento ilegal.
La Fiscalía vincula a González con el caso Caja Chica, conocido también como Laberinto, que investiga supuestos aportes ilegales de dinero venezolano a la campaña presidencial de 2023. Este proceso ocurre justo a cinco semanas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las cuales Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición al gobierno de Noboa, no inscribir candidatos bajo su nombre.
La investigación previa se inició el 27 de enero de 2026, bajo acusaciones de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, amparadas en el Código Orgánico Integral Penal. Según la Fiscalía, una red organizada habría ocultado y fraccionado fondos provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial que en 2023 unió a González y Andrés Arauz en binomio. En la lista de investigados, además de ellos, figuran el expresidente Correa así como varios exfuncionarios de su administración.
Al tercer día de haber comenzado las pesquisas Santiago Díaz Asque, exasambleísta y exfinancista de la campaña, declaró ante la Fiscalía haber trasladado dinero desde Venezuela «por disposición del presidente (Rafael) Correa».
Los allanamientos a la sede de Revolución Ciudadana y domicilios vinculados se repitieron varias veces desde entonces, incluyendo el de González.
Sin embargo, al momento de rendir su testimonio ante la fiscalía, Díaz se encontraba en medio de un proceso judicial en el que se le acusó de violar a una niña de 12 años, delito por resultó condenado el pasado 8 de mayo a 29 años y cuatro meses de prisión. Incluso, había sido expulsado por estos hechos por Revolución Ciudadana, por lo que González y Correa han afirmado que su declaración se fundamenta en su resentimiento hacia el partido, por el que dijo sentirse abandonado.
El expresidente acusó al Gobierno de Noboa de usar «a un acusado de violación» para montar «shows baratos», consignó TeleSUR.
La defensa de los investigados encuentra contradicciones en la acusación y en el testimonio de Díaz, destacando incoherencias en fechas, montos y lugares relacionados con el supuesto financiamiento. También alegan que la suma en disputa es de aproximadamente 6000 dólares, un monto que, según Rivadeneira, está justificado y cuya multa ya fue pagada. Además, cuestionan el momento en que surgió la acusación, en enero de 2026, justo cuando fuerzas estadounidenses arrestaron al presidente venezolano sin pruebas evidentes.
Revolución Ciudadana denuncia «lawfare»
El concepto de ‘lawfare’ — la intromisión del Poder Judicial en la política institucional con apoyo mediático para truncar la carrera de un líder opositor— toma fuerza entre juristas y movimientos sociales, que lo consideran un patrón regional. Ya fuera de Ecuador, Brasil y Argentina han experimentado casos similares con líderes como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. En Ecuador, un antecedente ocurrió en 2024 con la detención del exvicepresidente Jorge Glas.
Esta estrategia, según críticos, no respeta filiaciones políticas y afecta también a miembros del actual gobierno, como la vicepresidenta Verónica Abad, que en abril de 2024 acusó a Noboa de recurrir al lawfare para apartarla del cargo, tras la detención de su hijo por oferta de tráfico de influencias y enviado a una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, lo cual calificó como «un claro abuso de poder de fiscales y jueces».
El fiscal Carlos Leonardo Alarcón, que hoy encabeza la Fiscalía General, ha participado en procesos claves que la prensa ve como influenciados políticamente.
El caso por el que fue arrestada Luisa González ya impactó políticamente a Revolución Ciudadana, que fue suspendida nueve meses en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral, lo que impidió que participe en las elecciones seccionales. Si la sentencia confirma el lavado de activos, el Consejo Nacional Electoral podría cancelar el registro del partido, cerrando así su participación política.
El avance judicial también limita los derechos políticos de los implicados, quienes, si enfrentan un juicio por delitos graves o una condena firme, quedarían inhabilitados para postular en futuros procesos electorales. Esto podría bloquear al correísmo en su aspiración presidencial de 2029 antes de que comience la carrera electoral.
«Denunciamos la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política: se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto «lavado de activos» que busca disfrazar lo que en estricto derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de $6.100″, denunciaron desde Revolución Ciudadana a través de sus redes sociales.
«Trasladar observaciones de cuantía electoral a la justicia penal de delincuencia organizada para ordenar capturas de madrugada no es justicia: es un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición«, advirtieron al tiempo que exigieron que se le garantice a González gel acceso irrestricto de sus abogados defensores y veedores de derechos humanos.
Además, anunciaron la activación de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que los organismos internacionales fueron notificados sobre el quiebre de las garantías democráticas en Ecuador.
El contexto político se suma a un desgaste de la gestión del presidente Noboa, que ha visto caer su aprobación significativamente desde inicios de 2026, especialmente en Quito y Guayaquil. Su popularidad tocó picos en 2024 tras declarar un «conflicto armado interno» contra bandas criminales, pero eventos posteriores han erosionado ese respaldo.
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