Abogados y organizaciones de derechos humanos denunciaron que la rebaja de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet constituye una medida de «impunidad» y exigieron al presidente José Antonio Kast definir si está «al lado de las víctimas o de los perpetradores».
La controversia surgió luego de que el Ministerio de Justicia otorgara reducciones de condena a tres personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos, dos de las cuales cumplen penas en el penal de Punta Peuco por secuestro calificado y torturas, mientras que el tercer caso corresponde a César Luis Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), recluido en Colina I.
Las medidas generaron de inmediato críticas de abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre sus efectos negativos en la búsqueda de justicia para las víctimas.
El caso de Acuña Luengo resulta especialmente sensible. Fue condenado por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2017 a 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fueron detenidos y desaparecidos en septiembre de 1987.
El pasado 20 de mayo, el subsecretario de Justicia, Pablo Mira Hurtado, en calidad de ministro subrogante fue el encargado de firmar el decreto que redujo su condena en 19 meses. Esto ocurrió apenas un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al Ministerio que se pronunciara sobre la solicitud del condenado, sin exigir que se concediera el beneficio. Según consignó Diario U. de Chile «la resolución invocó fallos de la Corte Suprema de 2014 para sostener que Acuña cumplía los requisitos legales».
Para Francisco Bustos, abogado del Estudio Caucoto, que representa a los familiares de las cinco víctimas, la rebaja de pena para Acuña constituye «una medida de impunidad y hay que decirlo con todas sus letras».
El jurista cuestionó que se haya aplicado a pesar de los estándares internacionales aplicables a condenados por crímenes de lesa humanidad.
«Él está condenado como coautor de cinco secuestros calificados, es decir, de cinco desapariciones forzadas, a una pena que no es la mayor que se podía imponer, que son 10 años y un día, y aun así se aplica una rebaja», señaló.
Recordó que el derecho internacional establece requisitos más severos para que se otorguen beneficios a condenados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, los cuales están relacionados con el reconocimiento del daño causado y con la colaboración con el esclarecimiento de los hechos.
Bustos también rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien afirmó que los beneficios se sustentan en interpretaciones consolidadas de los tribunales. A modo de ejemplo, citó el caso de Patricio Leonidas González Cortés y Heraldo Veloso Gallegos, condenados por los mismos hechos que Acuña Luengo, a quienes el entonces ministro Jaime Gajardo les denegó la solicitud de rebaja debido a las exigencias de la normativa internacional. Luego, sus recursos de amparo también fueron desestimados por tribunales de apelaciones y por la Corte Suprema.
«Sobre esta misma materia, los tribunales tienen una mirada totalmente contrapuesta a la del ministro», enfatizó en declaraciones a Diario U. de Chile.
Recalcó que desdeel Estudio Caucoto se han opuesto a otros beneficios otorgados a condenados por esta causa, incluyendo los casos de Rodrigo Pérez Martínez y Hugo Prado Contreras, quienes obtuvieron una reducción de condena u otro beneficio en 2020.
«Cada vez que nosotros tomamos conocimiento de algún represor que está buscando impunidad por secretaría, por esas vías administrativas o por vía judicial, nosotros siempre nos hacemos parte en representación de las víctimas, y hacemos valer esto. En el fondo nos oponemos a los mismos, en la medida, obviamente, que no cumplan los requisitos, que es casi siempre», afirmó.
«Vuelven las condenas irrisorias»
Paulina Zamorano, integrante de la Red de Observadores de Justicia y Memoria, cuestionó las reducciones de penas y también las calificó como «una clara señal de impunidad»
«Vuelven las condenas irrisorias», advirtió, señalando que algunos de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet «han entrado a cumplir (sus penas) desde hace muy poco tiempo».
Alertó también que la medida afecta el principio de proporcionalidad y «vulnera los estándares internacionales a los cuales está obligado el Estado de Chile», consignó el medio citado.
Para Zamora es necesario que para la aplicación de estos beneficios se tome en cuenta a las víctimas, sus familiares, a la sociedad, y los condenados colaboraron con la justicia en la entrega de información sobre el paradero de las personas desaparecidas, lo que «claramente no se han producido en el presente caso», afirmó.
Kast debe definir si está «al lado de las víctimas o de los perpetradores»
Por su parte, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, emplazó al ministro de Justicia Fernando Rabat a «dar explicaciones respecto de si esos condenados habían mostrado arrepentimiento, si habían colaborado o no con la justicia y si se habían escuchado las víctimas».
Asimismo, planteó que el presidente Kast «tendrá que, en definitiva, escoger si seguirá al lado de los perpetradores de estos crímenes o bien si de una vez por todas estará al lado de las víctimas».
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