El Estallido y la urgencia de abandonar la culpa

Por Belén Carvajal, militante Partido Popular

A siete años del Estallido Social, nos enfrentamos a una amarga contradicción: la rabia acumulada contra décadas de abusos y desigualdad terminó siendo capitalizada por los mismos sectores responsables directos de ese malestar.

Este resultado no responde a un error del pueblo en la calle, sino a la profunda orfandad de conducción política que arrastramos como izquierda, la cual nos ha impedido ofrecer una esperanza y un horizonte transformador que movilice a los sectores populares.

En 2019, desde la izquierda institucional habitábamos una posición cómoda, integrada al establishment y desvinculada del pueblo —mirándolo desde la otredad, como si no fuéramos parte de él—, siendo incapaces de encauzar la energía popular en un proyecto de transformación, fruto de la propia deslegitimación que construimos. Hoy, el peligro latente es tropezar exactamente con la misma piedra.

Marx advirtió que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa.

Si la respuesta política de la izquierda frente al descontento vigente sigue limitándose a conferencias de prensa en salones, a la unidad electoral sin construcción de unidad social y política, a renunciar a un lenguaje honesto que llame a las cosas por su nombre, a la adopción ciega de la agenda punitiva de la derecha y a la criminalización de la protesta, estamos cayendo de lleno en esa farsa. No existe forma de conducir el descontento popular mientras se sostiene el garrote que lo reprime.

Si como izquierda insistimos en tratar como delincuentes a quienes se movilizan para ganar la aprobación de las élites, e insistimos en demostrar que respetamos la institucionalidad y que somos los mejores garantes de la estabilidad neoliberal, el pueblo, tarde o temprano, volverá a pasarnos por encima.

La derrota real no ocurre al perder una votación o un plebiscito, sino cuando compramos el marco analítico del enemigo. Ocurre cuando asumimos el sentido común de la ultraderecha reaccionaria y fascista, y caminamos cabizbajos pidiendo disculpas por lo que somos, por lo que pensamos y por lo que defendimos, jurando jamás volver a disputar el sentido común bajo la excusa de que nuestro único deber es administrar la institucionalidad liberal.

Ante esta trampa, debemos ser enfáticos: una derrota política —y sobre todo una derrota electoral— es muy distinta a un fracaso. Sufrimos derrotas electorales, es verdad, pero no fracasamos. El fracaso significaría asumir que nuestras convicciones eran erróneas, que el diagnóstico estructural sobre el modelo era falso, que una Nueva Constitución Política no es necesaria, y que la impugnación al abuso no tenía legitimidad.

Aceptar el relato del «fracaso» es una claudicación ideológica y una renuncia directa al verdadero quehacer de la política como militantes de izquierda: transformar la realidad.

Esa renuncia le ha regalado terreno a la reacción para disputarnos la memoria y los símbolos. Nos arrebataron el 4 de septiembre —que históricamente perteneció al triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular en 1970— para fijarlo en el sentido común como el emblema de la derrota constitucional.

De la misma manera intentan domesticar el 18 de octubre, el 11 de septiembre o el Día de la Dignidad Nacional: buscan vaciarlos de su potencia de lucha, convertirlos en lecciones de culpa y castigo, e imponer el relato de que el Golpe de Estado, la dictadura, y las violaciones a los derechos humanos eran inevitables. Disputar el sentido común exige rescatar estas fechas y volver a cargarlas de contenido.

Superar esta parálisis en el quehacer requiere dejar de lamentarnos, de pedir disculpas, y trazar una ruta concreta para la acción política; no porque sea electoralmente funcional, sino para disputar de verdad el poder y el sentido de nuestra sociedad.

La rabia sin organización es estéril o reaccionaria. Por eso, la tarea prioritaria de la izquierda no está en la gestión burocrática ni en congraciarnos con los históricos administradores del modelo para garantizar una alternancia vacía de contenido —abandonando nuestro deber de transformar la correlación de fuerzas solo para instalar a funcionarios acomodados en la institucionalidad del Estado—, sino en la reconstrucción del campo social y popular con conducción política y trabajo de base, capaz de erigirse en una alternativa real.

La política emancipadora se despliega en una guerra de posiciones constante que se da en los sindicatos, las coordinadoras sociales, las poblaciones, las organizaciones estudiantiles, las iglesias y las canchas de fútbol. Es allí donde se construye fuerza social y se articula un nuevo bloque histórico, no en la improvisación de una marcha ni en la especulación de las encuestas electorales.

En Chile, mientras en los sectores populares se abre una nueva iglesia evangélica casi a diario —convertidas hoy, mediante el financiamiento e influjo geopolítico estadounidense, en verdaderos frentes de masa de la ultraderecha para inocular el individualismo, la resignación y el sometimiento—, la izquierda simplemente abandonó el territorio.

Olvidamos que, a pesar de que muchos somos ateos, la dimensión espiritual y comunitaria del pueblo debe ser un motor emancipador y liberador, no una doctrina castradora, conformista con la miseria terrenal ni condescendiente con el poder.

Es precisamente ahí donde debemos estar disputando hoy: construyendo una política territorial viva que recupere los barrios, una espiritualidad que libere a nuestra juventud de las garras del narcotráfico y las drogas (también herramientas inoculadas por el Poder), y que devuelva la fe colectiva en la capacidad, y sobre todo, necesidad, de transformar nuestra realidad.

Al mismo tiempo, debemos subordinar nuestro papel en la institucionalidad al proceso de acumulación de fuerzas. Ocupar espacios en ella no puede ser un fin en sí mismo ni un refugio para profesionales de la política, sino una trinchera táctica para potenciar las luchas populares, visibilizar sus demandas y desmantelar la arquitectura del modelo.

Esta trinchera institucional es inútil si no va acompañada de una disputa abierta por el sentido común y de una batalla frontal contra los defensores del modelo y enemigos de la dignidad humana, lo que exige defender sin vacilaciones el derecho inalienable a la protesta social, y garantizarla como herramienta de autotutela.

La manifestación no es un delito que deba administrarse con lógica policial, sino el motor histórico con el que los pueblos empujan los límites de lo posible.

No se puede pretender construir una alternativa al neoliberalismo pidiendo perdón por nuestras ideas o actuando como administradores amables del orden vigente. La reconstrucción de un proyecto popular exige coherencia, organización territorial y la valentía ideológica de romper el espejo del adversario.

La historia está lejos de cerrarse, la tesis de Fukuyama no era real, y la única forma de no seguir gestionando nuestras propias derrotas es asumir con responsabilidad la tarea de organizar el malestar y conducir la transformación. A siete años del Estallido Social, la lucha sigue.

Belén Carvajal