El juez Daniel Urrutia y otros dos magistrados fueron removidos de sus cargos en el Poder Judicial, tras la resolución del Pleno de la Corte Suprema en la investigación a jueces y juezas que viajaron al extranjero estando con licencia médica.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó que en la sesión se trató de la situación de 5 integrantes de la judicatura, «respecto de quienes en su momento se escuchó la relación y los alegatos de las defensas, pero que no se alcanzó a votar, debido a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la tramitación de esos casos».
Así, tras dos sesiones, se determinó «remover en votación unánime a un integrante de la judicatura; remover, en votación dividida, a dos integrantes; y rechazar la remoción de 2 magistrados. Uno por mayoría y otro por que no ejercía el cargo de juez en el momento de su licencia», explicó Chevesich.
Una vez conocida la noticia, hubo inmediatas reacciones. Desde la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) expresaron «su más enérgico rechazo» a la remoción del juez Daniel Urrutia, «dirigente de nuestra organización, por estimar que constituye una grave afectación de la libertad sindical, del debido proceso y de las garantías que deben resguardar la independencia judicial».
«Consideramos especialmente grave que esta decisión se haya adoptado sin otorgar la debida protección al fuero sindical que ampara a nuestro dirigente, reconocido expresamente en el artículo 25 de la Ley N° 19.296. Esta garantía tiene por objeto proteger el ejercicio de la representación sindical y evitar que quienes defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores puedan ser separados arbitrariamente de sus funciones», plantearon en una declaración pública.
«A lo anterior se agrega que Daniel Urrutia fue previamente absuelto y sobreseído, según los respectivos cargos, en el procedimiento disciplinario seguido en su contra por el uso de licencia médicas», recordaron desde la OTJ.
«Resulta difícil comprender que, respecto de hechos que ya fueron examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin imponer sanciones, la Corte Suprema haya decidido aplicar la medida más extrema que contempla nuestro ordenamiento», agregaron desde la organización sindical.
Criterio dispar
Otro aspecto planteados por las y los trabajadores judiciales tiene que ver con los criterios dispares del Pleno de la Corte Suprema, pues «resulta inevitable recordar el caso del ministro Antonio Ulloa, involucrado en graves hechos relacionados con sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo cuestionamientos por intervenciones en nombramientos judiciales, filtración de información reservada y faltas al deber de probidad».
«Pese a la gravedad de estos antecedentes, la Corte Suprema no reunió los votos necesarios para removerlo de su cargo», cuestionaron desde la OTJ.
Seguiremos informando.
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