Tras permanecer prófugo desde 2022, Luis Enrique Barrueto Bartning condenado por siete secuestros calificados perpetrados en la comuna de Santa Bárbara, durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue capturado por la Policía de Investigaciones (PDI), pero aunque la fuga terminó, las víctimas continúan desaparecidas.
El empresario y agricultor de 80 años condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor de las desapariciones forzadas vinculadas con el episodio Santa Bárbara–Quilaco, fue aprehendido en la zona de Pucón-Villarrica el pasado jueves 22 de octubre.
Según consignó Bio Bío Chile, al día siguiente fue trasladado a la Corte de Concepción, donde el ministro Waldemar Koch Salazar le comunicó la orden de ingreso a prisión, que se concretó horas después con su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío para cumplir la pena dictada por la justicia.
El tribunal de alzada confirmó que Luis Barrueto Bartning era el último de los 17 condenados en este proceso judicial que mantenía pendiente su ingreso a la cárcel tras permanecer durante cuatro años en condición de prófugo.
A diferencia de otros involucrados, Barrueto no pertenecía a las Fuerzas Armadas ni a la policía, sino que era un agricultor que actuó junto a su hermano Manuel y efectivos de Carabineros tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende de 1973, que dio inicio a la dictadura de Pinochet.
Durante las indagatorias, el propio imputado admitió que el jefe de la Guarnición Militar de Los Ángeles lo convocó para llevar a cabo labores de transporte y patrullaje, debiendo coordinarse con la Tenencia de Santa Bárbara para ubicar a supuestos “elementos extremistas”.
La investigación ratificada por la Corte Suprema demostró que el condenado utilizó su camioneta personal para colaborar activamente en la identificación y traslado de los detenidos, acudiendo incluso en una segunda oportunidad junto a su hermano y personal policial para capturar a otra persona. Por estas acciones, la justicia determinó que su participación fue una intervención directa, descartando la figura de simple complicidad y fijando su responsabilidad penal en calidad de autor.
Siete secuestros en 1973
Las acciones represivas por las que fue juzgado Barrueto ocurrieron el 20 de septiembre de 1973, fecha en que un contingente mixto de civiles y policías desplegó un operativo sin orden judicial por diversos sectores de Santa Bárbara, resultando en la aprehensión de siete personas. Durante la jornada matutina, el grupo irrumpió en el fundo El Huachi y capturó a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la tenencia local, desde donde se les perdió el rastro esa misma noche.
Avanzada la tarde, la misma patrulla detuvo a José Nazario Godoy Acuña en Los Junquillos para llevarlo al mismo recinto policial. Ya al caer la noche, arrestaron a Manuel Salamanca Mella en su domicilio de avenida La Feria frente a sus allegados, para luego dirigirse a una pensión en la calle Rosas y aprehender a José Mariano Godoy Acuña. Finalmente, Miguel Cuevas Pincheira fue sacado a la fuerza de su vivienda ante la presencia de su familia. Ninguno de los siete detenidos regresó a su hogar.
Perfil de las víctimas y la búsqueda de la verdad
Según consignó Bio Bío Chile, las víctimas de las desapariciones forzadas eran trabajadores agrícolas y comerciantes de la zona, varios con liderazgo en el sindicato campesino del fundo El Huache.
De acuerdo con los registros recopilados en el Informe Rettig y custodiados por el Museo de la Memoria, José Domingo Godoy Acuña (20 años), José Nazario Godoy Acuña (22 años) y José Mariano Godoy Acuña (25 años) ejercían como obreros y dirigían la organización sindical, labor que también compartían con Julio César Godoy Godoy (56 años). Por su parte, Desiderio Aguilera Solís (42 años) era trabajador del campo, Miguel Cuevas Pincheira (41 años) se desempeñaba como zapatero y militaba en el Partido Socialista, y Manuel Salamanca Mella (38 años) se dedicaba a la compraventa de ganado.
Frente a las consultas de sus familiares, Carabineros afirmó inicialmente que los hombres habían sido remitidos al Regimiento de Los Ángeles; sin embargo, testimonios entregados a la Comisión Rettig sostienen que fueron asesinados y arrojados al río Biobío desde el puente hacia Quilaco. Pese a estas declaraciones, las labores de búsqueda no permitieron dar con sus restos y sus paraderos finales siguen sin esclarecerse.
Huellas en los familiares y la lucha por justicia
La prolongada evasión de la justicia por parte de Barrueto dejó huellas profundas en las familias de las víctimas. Al respecto, Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, expresó: “Imagínate que estaba prófugo el 2022 y eso afecta mucho a los y las familiares”, según el medio citado.
Asimismo, criticó las fallas estructurales que permiten a los sancionados evadir el cumplimiento de las sentencias, señalando que “porque siempre hay algunos que se fugan”, aunque valoró la detención y la persistencia en la búsqueda de reparación: “Son pequeñas gotitas de justicia que se van logrando”.
El recorrido judicial para lograr esta condena pasó por múltiples instancias desde que la ministra Raquel Lermanda dictara en 2013 una sentencia de 10 años y un día contra los hermanos Barrueto como autores de secuestro calificado. Pese a que en 2019 la Corte de Apelaciones de Concepción redujo la pena a seis años al tipificar su rol como cómplices, la Corte Suprema corrigió dicho criterio el 19 de octubre de 2022, reestableciendo el carácter de autores y la condena de 10 años y un día. No obstante, Luis Barrueto pasó a la clandestinidad hasta su reciente captura por la PDI en la Región de La Araucanía.
Exigencia de sanciones efectivas
Abogados de derechos humanos recalcan el deber estatal frente a los crímenes de lesa humanidad. Sobre el la captura de Barrueto, el jurista Francisco Bustos, integrante del estudio Caucoto Abogados, planteó que «los Estados tienen el deber de investigar, de juzgar, pero también de sancionar de modo proporcional y efectivo«.
En ese sentido, advirtió que “el que una persona condenada por desapariciones forzadas, por asesinatos o por torturas, evada la justicia es gravísimo”, añadiendo que califica como “una excelente noticia saber que Luis Barrueto, condenado por el caso Santa Bárbara-Quilaco por la desaparición de personas, empiece ahora a enfrentar responsabilidad por los crímenes que cometió”.
Finalmente, Bustos cuestionó el uso recurrente del factor etario en las estrategias de defensa para evitar la cárcel. “Normalmente, las defensas tematizan el hecho de que los perpetradores de ayer hoy son personas de avanzada edad e intentan usar eso como una especie de argumento para la impunidad”.
Tras concretarse este arresto, restan 12 personas prófugas del listado presentado por dicho estudio jurídico, mientras las familias de Santa Bárbara continúan exigiendo saber el destino final de los siete desaparecidos.
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
