Juristas y trabajadores judiciales cerraron filas con el juez Daniel Urrutia y cuestionaron que fuera removido de su cargo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, advirtiendo que representa un riesgo para la independencia judicial .
La Corte Suprema acordó por mayoría remover del Poder Judicial a Urrutia junto a otros dos magistrados, en el marco de los procedimientos abiertos por realizar viajes al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó que en la sesión se trató de la situación de 5 integrantes de la judicatura, «respecto de quienes en su momento se escuchó la relación y los alegatos de las defensas, pero que no se alcanzó a votar, debido a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la tramitación de esos casos».
La remoción se produjo como consecuencia de dos viajes efectuados por el juez —el primero a Costa Rica en el año 2020 y el segundo a Ecuador en 2022— en momentos en que permanecía bajo licencia médica psiquiátrica. A pesar de que la Corte de Apelaciones de Santiago lo había absuelto anteriormente de medidas disciplinarias, el máximo tribunal del país decidió abrir un cuaderno de remoción con el fin de evaluar su continuidad en la institución judicial.
La decisión de la Suprema, se conoce luego de que la defensa de Urrutia solicitara invalidar el resultado de la votación efectuada el pasado 19 de octubre, argumentando irregularidades en el proceso y la posibilidad de que se hayan producido filtraciones de antecedentes de carácter reservado. En ese escenario, su abogado defensor, Carlos Quezada, pidió repetir la audiencia ante un tribunal no inhabilitado, con la finalidad de impedir la destitución del magistrado.
Una vez conocida la noticia, se generaron una serie de reacciones. Desde la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) expresaron «su más enérgico rechazo» a la remoción del juez Daniel Urrutia, «dirigente de nuestra organización, por estimar que constituye una grave afectación de la libertad sindical, del debido proceso y de las garantías que deben resguardar la independencia judicial».
«Consideramos especialmente grave que esta decisión se haya adoptado sin otorgar la debida protección al fuero sindical que ampara a nuestro dirigente, reconocido expresamente en el artículo 25 de la Ley N° 19.296. Esta garantía tiene por objeto proteger el ejercicio de la representación sindical y evitar que quienes defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores puedan ser separados arbitrariamente de sus funciones», plantearon en una declaración pública.
Recordaron que el juez había sido previamente absuelto y sobreseído, «según los respectivos cargos, en el procedimiento disciplinario seguido en su contra por el uso de licencia médicas».
Para los integrantes de la OJT, resulta difícil comprender que, respecto de hechos que ya fueron examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin imponer sanciones, «la Corte Suprema haya decidido aplicar la medida más extrema que contempla nuestro ordenamiento» contra Urrutia.
Diferencia de criterios en la Suprema
Otro aspecto planteados por las y los trabajadores judiciales está vinculado con «la evidente diferencia de criterios que parece manifestarse en las decisiones disciplinarias del máximo tribunal».
Al respecto, señalaron que «resulta inevitable recordar el caso del ministro Antonio Ulloa, involucrado en graves hechos relacionados con sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo cuestionamientos por intervenciones en nombramientos judiciales, filtración de información reservada y faltas al deber de probidad» y cuestionaron que pese a la gravedad de estos antecedentes, «la Corte Suprema no reunió los votos necesarios para removerlo de su cargo».
«Mientras un ministro involucrado en hechos que comprometen directamente la probidad y la independencia de la función jurisdiccional no fue removido, un juez que había concluido su procedimiento disciplinario sin sanciones termina separado de sus funciones. Esta disparidad plantea una interrogante que la Corte Suprema tiene el deber institucional de despejar: ¿se están aplicando criterios jurídicos objetivos y uniformes, o las relaciones personales, las cercanías y las enemistades terminan influyendo en la distinta severidad con que se juzga a sus integrantes?», preguntaron las y los trabajadores judiciales.
En la declaración expusieron que para que exista confianza pública en la justicia, las decisiones disciplinarias deben responder a «criterios jurídicos verificables y no den lugar a sospechas fundadas de tratamientos preferentes o discriminatorios».
«La igualdad ante la ley obliga también a quienes tienen la responsabilidad de administrarla, especialmente cuando se trata de ejercer las más altas potestades disciplinarias del Poder Judicial», enfatizaron.
«Apartar a un juez por su actuación en defensa de los DD.HH. vulnera la independencia judicial»
En la misma línea, la Asociación Juristas por la Democracia (AJD) rechazó la decisión de la Suprema de Chile de remover al juez Urrutia y manifestó su solidaridad con el magistrado, advirtiendo que se trata de una medida que sustrae graves cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y la independencia judicial».
Cuestionaron que la decisión se haya basado remoción en hechos examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago en un sumario disciplinario que concluyó con sobreseimiento y absolución, por lo que indicaron que haber puesto en marcha otro procedimiento para imponer la máxima sanción por esos mismos hechos «compromete la seguridad jurídica y exige un examen riguroso de las garantías que deben limitar el ejercicio de la potestad disciplinaria«.
En opinión de los integrantes de la AJD, la decisión del máximo tribunal debe ser considerada «a la luz de los reiterados procedimientos y actos de hostigamiento denunciados por Urrutia a lo largo de su trayectoria como defensor de los derechos humanos».
«En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Chile por vulnerar su libertad de expresión, sus garantías judiciales y el principio de legalidad, a raíz de una sanción impuesta por un trabajo académico crítico sobre la actuación del Poder Judicial», recordaron.
A través de una declaración pública dejaron en claro que la «independencia judicial exige que quienes ejercen la jurisdicción puedan actuar sin temor a represalias, incluidas aquellas que provienen de la propia jerarquía judicial».
En consecuencia, indicaron que cada uno de los procedimientos disciplinarios deben basarse en el respeto de las garantías de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad.
Denunciaron que la instrumentalización de estos procesos «para apartar a un juez por su actuación en defensa de los derechos humanos vulnera esa independencia y produce un efecto intimidatorio sobre el conjunto de la magistratura».
«La AJD considera injustificable la remoción de Daniel Urrutia y reclama la revisión de esta decisión mediante un procedimiento que asegure plenamente sus derechos y las garantías de independencia e inamovilidad judicial, conforme a los estándares interamericanos», afirmaron desde la agrupación.
Asimismo, extendieron un llamado a las asociaciones de magistradas y magistrados , así como a las organizaciones de derechos humanos para acompañar el caso del juez y promover acciones de solidaridad y seguimiento.
«La AJD se suma a esos esfuerzos y reafirma su compromiso con la defensa de Daniel Urrutia y de una justicia independiente, comprometida con la democracia y los derechos humanos», cerraron.
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