«Un balde de agua helada»: víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú denuncian archivo de sus casos y buscan justicia en la Corte IDH
Imágenes: Publicación EFE – Rueda de prensa
Las mujeres peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) recibieron como «un balde de agua helada» el reciente archivo de su caso, debido a una ley promovida por el fujimorismo que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, según informó EFE en su publicación del 30 de octubre de 2026.
En una rueda de prensa celebrada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), varias denunciantes y sus abogados expresaron su dolor y anunciaron que llevarán la decisión fiscal ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«A todas las peruanas afectadas, la noticia nos ha caído como un balde de agua helada, no se imaginan ustedes cómo nos hemos sentido al escuchar que han archivado nuestros casos», señaló Dionicia Calderón, una de las víctimas. Calderón, campesina de la región andina de Ayacucho, es una de las 4.172 personas que, según el expediente, fueron sometidas de manera forzada, sin consentimiento previo, a ligaduras de trompas o vasectomía como parte del ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’.
Entre los imputados en la investigación están el expresidente Fujimori, fallecido en 2024, y varios exministros del padre de la presidenta peruana Keiko Fujimori, entre ellos el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
La directora ejecutiva de la Cnddhh, Tania Pariona, expuso que la decisión fiscal «compromete el acceso a la justicia a más de 4.000 víctimas» y resulta contraria a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en otros casos. «Pese a reconocer que las esterilizaciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y que existen elementos de convicción para investigar a 52 personas que han sido parte de esta política de Estado, se ha dispuesto su archivamiento gracias a la ley de Impunidad», sostuvo Pariona, en referencia a la Ley 32107, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, según consignó EFE.
La Corte IDH ya había establecido en 2025, al dictar una sentencia condenatoria en el caso de Celia Ramos Durand —quien murió en 1997 a los 34 años—, que en Perú sí se cometieron esterilizaciones forzadas bajo coacción y sin consentimiento válido. La representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano (Cusco), Maribel Meza, suplicó anular la ley: «Nos encontramos frente a ustedes con el corazón bien dolido. Ahora lo han archivado, estamos indignados, esa ley tiene que anularse porque no nos da ningún favor, se nos están negando nuestros derechos».
Durante la rueda de prensa, las víctimas relataron que muchas mujeres murieron después del procedimiento porque no se les dio medicamentos y reiteraron que nunca supieron que las iban a esterilizar. «Cuando nos llevaron como animales en un camión al hospital de Cangallo, en el piso hemos estado, como animales, gritando, con dolor, vomitando, pidiendo auxilio. Pero en ese momento nadie aparecía», denunció Calderón, quien clamó: «Qué maldad tan grande nos ha hecho el Gobierno peruano». Otra de las víctimas, Ricardina Urbina, expresó en quechua que vivió en carne propia el maltrato y sostuvo que las mujeres afectadas fueron tratadas como animales, al haber sido operadas a la fuerza, sin recibir ni reparación ni justicia por parte del Estado peruano, según recogió EFE.
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