«Alto riesgo de reincidencia sexual»: La historia del condenado por abuso de dos menores, que terminó libre por decreto del Gobierno

Cinco rechazos judiciales hasta que llegó el decreto del Gobierno: el caso del hombre condenado por abusar de su hija y nieta que quedó libre por una rebaja de pena

Un hombre condenado por abusar sexualmente de dos niñas de su propia familia, entre ellas su hija, cuando esta tenía apenas cinco años, quedó en libertad gracias a una rebaja de condena de 27 meses, pese a que la justicia le había negado cinco veces la libertad condicional. Según reveló The Clinic en un reportaje firmado por Sebastián Palma, las solicitudes de libertad condicional de A. —cuyo nombre real fue omitido para proteger a las víctimas— fueron rechazadas reiteradamente entre 2024 y 2026. Gendarmería había advertido en sus informes un «alto riesgo de reincidencia sexual», pero un decreto firmado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, reconoció la reducción de pena y adelantó el término de su condena en más de dos años.

A. no era un interno conflictivo. Durante casi once años mantuvo calificaciones de muy buena conducta, completó la enseñanza media, participó en talleres de carpintería y cuero, y no registraba sanciones. Sin embargo, sus delitos eran de extrema gravedad: fue condenado en diciembre de 2015 a 12 años y 540 días de presidio por abusos sexuales reiterados contra su hija y por abuso sexual contra una segunda niña de ocho años. The Clinic consignó que, en el juicio, el tribunal estableció que los abusos contra su hija comenzaron cuando ella tenía cinco años y se prolongaron hasta los doce, con una frecuencia de al menos dos veces al mes. La sentencia original fijaba el término de la condena para el 5 de noviembre de 2028.

Pese a su buena conducta, las evaluaciones de Gendarmería fueron categóricas. En un informe psicosocial del 26 de marzo de 2026, los profesionales señalaron que A. «mantenía un discurso que minimizaba su responsabilidad» e incluso «llegaba a atribuir la iniciativa de los abusos a las propias víctimas». El documento identificó «una presencia elevada de rasgos psicopáticos» y calificó el «riesgo específico de violencia sexual» como «alto». The Clinic detalló que, aunque reconocieron avances en su adaptación penitenciaria, los evaluadores advirtieron que esos progresos «no se traducían en modificaciones significativas de los factores asociados a la reincidencia» y recomendaron que, antes de su egreso, fuera incorporado a un programa especializado en violencia sexual.

La historia judicial de A. cambió cuando, el 3 de junio de 2026, la Comisión Cordillera de Beneficio de Reducción de Condena volvió a calificar su conducta como sobresaliente y reconoció los 27 meses de rebaja que había acumulado. El 20 de agosto de 2026, el Ministerio de Justicia dictó el Decreto Exento que concedió el beneficio, firmado por el abogado patrocinante Fernando Ruiz Puschel. Según The Clinic, el caso forma parte de la polémica por las reducciones de penas concedidas durante el gobierno de José Antonio Kast a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, que ya suman 56 sentenciados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la aplicación de estos beneficios invocando criterios jurisprudenciales.

El caso de A. es uno de los más controvertidos de una trama que ha conmocionado al país. The Clinic reconstruyó la historia de las cuatro niñas que formaban parte de su entorno familiar y que, durante años, mantuvieron en silencio los abusos. La denuncia llegó a Carabineros en febrero de 2015, cuando una de las hermanas mayores decidió hablar con la hija de A. y descubrió que ambas habían sido víctimas. La sentencia, sin embargo, solo logró acreditar los abusos contra dos de ellas. Para los jueces, el daño provocado a su hija fue «especialmente grave»: la joven necesitó atención psicológica y debió abandonar el hogar familiar. Once años después, el mismo hombre que había sido condenado por abusar reiteradamente de ella obtuvo una reducción de pena que lo dejó en libertad.