Francia: Macron intenta apagar con bencina el estallido social

La estrategia del Elíseo para contener la marea de protestas que sacude Francia desde hace un mes parece extraída de un manual de emergencia fallido. Ante la mayor ola de descontento social desde los “chalecos amarillos”, el presidente Emmanuel Macron ha apostado por una combinación explosiva: por un lado, gestos económicos tardíos y limitados, que los manifestantes perciben como un paliativo insultante; por otro, una espiral represiva sin precedentes que criminaliza la protesta y restringe el derecho a manifestarse. El resultado es paradójico: cada intento por “apagar” el fuego con un chorro de bencina —ya sea en forma de un subsidio al combustible o de una carga policial— no hace más que avivar la llama de un malestar que se extiende por el tejado político de la Quinta República.

Éste sábado 31 de octubre más de 300 mil personas volvieron a manifestarse pese a la estrategia represiva del «empleado de los Rothschild«.

La mecha: de las aulas al precio de la bencina

El movimiento que hoy paraliza Francia no nació en los bloqueos de carreteras, sino en las aulas. A mediados de septiembre, estudiantes de secundaria comenzaron a protestar contra la precariedad de la educación pública: falta de profesores, aulas masificadas y centros deteriorados. Lo que en un principio era una reivindicación sectorial encontró un terreno abonado en un país exhausto por la inflación. Un llamado anónimo en TikTok contra la subida de los combustibles y el coste de vida fue el detonante que fusionó la ira estudiantil con la de la “Francia periférica”, aquella que depende del automóvil para trabajar y que ya protagonizó la revuelta de los chalecos amarillos en 2018.

La mecha se encendió definitivamente el 17 de octubre. Ese día, entre 550.000 y 800.000 personas salieron a la calle en todo el país. La jornada, que comenzó de forma pacífica, derivó en la peor ola de violencia civil en años: 2.397 detenidos, casi un millar de policías heridos y más de 1.500 comercios saqueados. El país contuvo la respiración. A partir de ahí, el Gobierno de Macron se enfrentó a un dilema que no ha sabido —o no ha querido— resolver.

La doctrina del Elíseo ha oscilado entre la mano dura y una empatía que llega siempre tarde y con las manos vacías. El primer ministro, Sébastien Lecornu, intentó el 7 de octubre apagar el fuego con un gesto puramente económico: la puesta a disposición de 10 millones de barriles de gasóleo y una promesa de rebaja de entre 12 y 18 céntimos por litro en el surtidor. Semanas después, el 26 de octubre, presentó un plan de medidas basado en 100.000 reclamaciones estudiantiles. Las organizaciones de estudiantes calificaron la respuesta de insuficiente: el Gobierno atendió, admitieron, “solo una parte” de sus demandas.

Paralelamente, Macron ha desplegado el músculo coercitivo del Estado. Tras los disturbios del 17 de octubre, el presidente adoptó un “tono marcial” y anunció que “en todos los sitios donde se pueda, se prohibirá” toda manifestación que no esté convocada por un sindicato oficial. La medida, justificada por el riesgo de disturbios, ha supuesto en la práctica la prohibición de facto de las marchas convocadas por estudiantes y chalecos amarillos en ciudades como Lyon, París o Marsella. El despliegue policial ha sido masivo: 70.000 agentes movilizados en la jornada del 24 de octubre.

Sin embargo, esta estrategia ha sido contraproducente. Lejos de calmar los ánimos, ha sido interpretada por los manifestantes como una declaración de guerra. Una manifestante lo resumía con crudeza en la jornada del 31 de octubre: “Todavía podemos poner un poco de gasolina en el coche para venir a decir que, a pesar de la represión, no vamos a callarnos”. La “bencina” que Macron ofrece en forma de subsidio o de porra se ha convertido, en el imaginario colectivo, en el combustible que alimenta la contestación.

La crítica: una “revolución autoritaria” en marcha

Analistas y organizaciones de derechos humanos coinciden en señalar que la respuesta de Macron no es una simple reacción de orden público, sino la culminación de una deriva autoritaria. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha denunciado la “gran violencia” ejercida por la policía contra los estudiantes desde septiembre y ha calificado de “política de mantenimiento del orden que busca dar miedo e impedir a la población que salga a la calle”. Un comisario confesó al semanario Le Canard enchaîné que las órdenes eran detener a estudiantes en masa “con el fin de aterrorizar a los alumnos y a sus padres, para parar las protestas lo antes posible”. Desde el inicio del movimiento, cerca de 8.000 jóvenes, más del 80% menores de edad, han sido detenidos.

La prohibición de manifestaciones no sindicales ha encendido todas las alarmas constitucionales. El Sindicato de la Magistratura y la Asociación de Defensa de las Libertades Constitucionales presentaron un recurso ante el Consejo de Estado para determinar si el presidente respeta el Estado de derecho al arrogarse la potestad de prohibir protestas sin un marco legal explícito. La doctrina de Macron, que distingue entre sindicatos “responsables” y movimientos “incontrolables”, supone una restricción sin precedentes del derecho de reunión en la Francia contemporánea.

Incluso dentro de su propio campo político, las críticas son feroces. Un diputado disidente describe la gestión presidencial como un “gobierno por encuestas”, que oscila entre la empatía y la represión según soplen los sondeos. Un candidato de la derecha clásica sentencia: “Lo de mantener el orden nunca ha sido lo suyo”.

El cálculo político: un incendio que beneficia a los rivales

A seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, el incendio social está reconfigurando el mapa político francés a velocidad de vértigo. Macron, consciente de su creciente impopularidad, ha intentado proyectarse como el garante del orden frente al caos. Pero su estrategia tiene un costo demoledor: cada intervención policial televisada, cada joven detenido y cada prohibición de manifestar refuerzan la narrativa de una presidencia desconectada y autoritaria.

Los principales beneficiarios de esta crisis no están en el Elíseo. Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda radical, ha encabezado personalmente algunas de las marchas en París, capitalizando el descontento de la izquierda. Pero la gran triunfadora en las encuestas es Marine Le Pen, cuya retórica de orden y defensa de la “Francia periférica” resuena con fuerza en un electorado que se siente abandonado por el poder central. Mientras tanto, los posibles sucesores centristas de Macron continúan divididos, incapaces de articular un relato que compita con la furia de las calles.

La situación fiscal agrava aún más el cerco sobre el presidente. Con una deuda pública cercana al 120% del PIB y una perspectiva de calificación crediticia revisada a negativa por Fitch, el margen para conceder ayudas masivas es prácticamente nulo. Macron no puede permitirse repetir el “cheque en blanco” que en su día calmó a los chalecos amarillos. Está atrapado entre la imposibilidad de comprar la paz social y la incapacidad de imponerla por la fuerza sin erosionar aún más la legitimidad democrática de su mandato.

La jornada del 31 de octubre, con 320.000 manifestantes y casi 300 detenidos, confirmó una tendencia inquietante para el Elíseo: la participación puede bajar, pero la determinación no se quiebra. La próxima cita ya está marcada en rojo: el 5 de noviembre, todos los sindicatos, de trabajadores y estudiantes, han convocado una huelga general. Si Macron no encuentra una forma de abordar las causas profundas del malestar —la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y la sensación de que la política ya no escucha—, el incendio social que hoy intenta sofocar con medidas de emergencia podría terminar consumiendo los últimos meses de su presidencia

El Ciudadano