El doble estándar: Niegan derecho a la libertad condicional del lonko Daniel Canio mientras por decreto firman rebajas para abusadores, violadores de DD.HH. y extorsionadores del Tren de Aragua
El caso de Daniel Canío: ocho años preso y una libertad condicional que no llega
Imagen publicada en: Radio Kurruf. Comunicado de familiares y CAM
La familia del lonko Daniel Canio Tralcal y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) denunciaron en un comunicado difundido por Radio Kurruf una «acción racista y de castigo» en su contra, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco le negara nuevamente la libertad condicional.
Según el texto de la CAM reproducido por el medio, Canio fue detenido en 2018 y condenado a más de 16 años de prisión por una «digna acción de sabotaje contra la industria forestal» en territorio wenteche, tras un enfrentamiento con carabineros del comando jungla en el que fue herido de bala y posteriormente torturado. El comunicado detalla que, sumando un abono de 3 años y 7 meses por una causa anterior, Canio ha cumplido 11 años y 7 meses de condena, «superando de sobremanera los tiempos que la ley winka establece para obtener beneficios».
La CAM califica a Canio como un «weichafe histórico», hablante de mapudungun y lonko del movimiento autonomista mapuche, y sostiene que las negativas de Gendarmería y de la justicia se deben a que «no demuestra arrepentimiento ni sometimiento ante el sistema winka». «La negativa de otorgar beneficios por parte de la institucionalidad chilena a un comunero mapuche es a nuestro juicio una acción racista y de castigo a la dignidad y coherencia de nuestro peñi», señala el comunicado, que advierte: «Mientras se entregan beneficios en contra de violadores y abusadores de niños, así como de violadores de DDHH, asesinos y torturadores, se castiga a íntegros luchadores».
El comunicado de los familiares de Canio y la CAM cierra con un llamado a la movilización: «Hacemos el llamado a nuestra gente, a las comunidades en resistencia y a todos aquellos que acompañan al consecuente weichan de nuestro pueblo, a estar atentos a este injusto caso judicial y a futuras movilizaciones de acompañamiento».
El contraste: 56 rebajas para abusadores y violadores
La denuncia mapuche cobra fuerza a la luz de las cifras reveladas por Interferencia. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. El promedio es de un decreto cada tres días, y solo una solicitud fue rechazada.
Según el medio, ninguno de los 56 se otorgó por recurso de amparo ni otra vía judicial: las solicitudes ingresaron al ministerio y este las acogió. La rebaja está regulada por la Ley N° 19.856, y aunque la Ley N° 21.421 excluyó del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores, el gobierno sostiene que existe una discusión judicial sobre su aplicación a hechos anteriores.
Interferencia destacó el contraste entre estas rebajas y otra política del mismo gobierno: el «Plan Chile Cuida a los Niños», presentado el 31 de agosto por el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para prevenir vulneraciones y proteger a la infancia. El gobierno justificó el plan frente a un escenario crítico: la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez creció 42% en un año, hay 5.788 niños esperando atención y cerca de 5.000 viven en residencias de protección. «El contraste es entre dos políticas del mismo gobierno», concluyó el medio.
Los decretos de Rabat y extorsionadores del Tren de Aragua
A las rebajas a abusadores se suma otro caso revelado por Interferencia: los decretos del ministro Fernando Rabat que dejaron en libertad a tres delincuentes venezolanos que operaban en La Serena y que se presentaron como integrantes del Tren de Aragua.
Los sujetos fueron condenados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio por extorsión, pero las víctimas no testificaron por miedo. Los decretos otorgaron reducciones de condena a Franyorkin Aramburu Hernández (9 meses), Winder Marott Morán (3 meses) y Jhonder Ollarves Berbesi (3 meses). Los dos primeros fueron firmados por Rabat; el tercero, por el subsecretario Luis Silva como ministro subrogante. El gobierno no intentó expulsarlos, pese a que ya estaban restablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Interferencia consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuántas personas hay detrás de los 56 otorgados y si ha habido cambios de criterio o instrucciones internas en la visación de estas rebajas respecto de administraciones anteriores. Hasta el cierre de la edición, no hubo respuestas.
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