La situación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat sigue complicándose, ya que se encuentra en calidad de imputado en una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, relacionada con las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, mientras que el presidente José Antonio Kast lo mantiene en el cargo.
La información fue confirmada por la Fiscalía Nacional a Radio BíoBío, y el origen de la acción persecutora responde a la denuncia interpuesta conjuntamente por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).
La acción legal acusó la presunta responsabilidad penal tanto del secretario de Estado como del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, en el proceso de visación y firma de los 56 decretos que autorizaron las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores durante los primeros seis meses del gobierno de Kast, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
La denuncia fue presentada por los parlamentarios ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte el pasado 29 de octubre y está fundada en el artículo 228 del Código Penal y cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación.
De acuerdo con Cuello y Santana los decretos emitidos por la cartera dirigida por Rabat contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La causa está en manos del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, y busca examinar los antecedentes administrativos para determinar si los actos ministeriales constituyen delito y establecer eventuales responsabilidades penales.
El diputado Cuello señaló que tanto Rabat como Silva «dictaron decretos ilegales, otorgaron rebajas de condena a pederastas cuando existía una norma expresa que lo prohibía», mientras que Santana recalcó que «por primera vez en la historia reciente de Chile tenemos un ministro de justicia imputado«.
Rabat fue consultado en el Congreso Nacional sobre su situación judicial y si esta podría afectar sus funciones como secretario de Estado, e indicó que colaborará con el proceso.
“Lo único que sé es lo que ha informado la prensa, que existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá, ¿no es cierto?, la tramitación que corresponda en conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno al respecto del cual se hace una denuncia”, declaró a la prensa.
Asimismo, los reporteros le preguntaron sobre los inusual que resulta que un ministro de Justicia se encuentre en el centro de una investigación penal como imputado y se limitó a responder que “lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”.
Luego de que trascendiera el caso de un grupo de seremis que se habrían opuesto a determinadas rebajas de condena y por resoluciones de la Corte Suprema contrarias al otorgamiento de estos beneficios, el secretario de Estado fue consultado sobre si estos antecedentes contradecían la jurisprudencia que había invocado durante su participación en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Al respecto, el titular de la cartera de Justicia señaló que «hay una disposición expresa, el artículo 10 de la ley 19.856, que determina que el único órgano competente para calificar aquella materia es la comisión«.
“Y eso es lo que he señalado desde el día uno, y eso es muy claro en la ley”, enfatizó, según consignó Radio Bio Bío.
Adicionalmente, respondió que “no hay un plazo” definido para que entregue 56 decretos cuestionados, que fueron solicitados por la oposición, argumentando que se debe proteger la información reservada y resguardar a las víctimas de los delito sexuales.
Kast insiste en mantener a Rabat como ministro de Justicia
El avance procesal contra el ministro añade una fuerte presión a su continuidad dentro del gabinete. Sin embargo, el presidente Kast insiste en su decisión de mantenerlo en el cargo.
. “Siento el respaldo del sector, siento el respaldo del Presidente de la República”, aseguró Rabat este lunes, mientras que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que algunos parlamentarios del oficialismo no están convencidos de la defensa del secretario de Estado y que desde La Moneda se encuentran en conversaciones con las bancadas frente a la acusación constitucional anunciada por la oposición.
“Hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones, mayores antecedentes”, dijo, al tiempo que planteó que “desde 1990, si mi informe no me falla, no hay ningún parlamentario de Gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio Gobierno”.
Según Arenas, desde la administración de Kast no se está pidiendo a los parlamentarios lealtad al Ejecutivo, sino “lealtad a la Constitución”, y ratificó que a juicio de La Moneda no existen causales jurídicas para destituir al titular de Justicia, consignó El Mostrador.
Las declaraciones del vocero se producen mientras representantes del PC, PS, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana entregaron una carta dirigida a Kast para exigir la entrega de los 56 decretos cuestionados y la salida de Rabat, tras considerar que «ya no es interlocutor válido para el país”.
Imagen destacada: Mediabanco.
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