La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud (Fentess), parte de la multigremial G7, asistió a la más reciente sesión de la Comisión de Salud del Senado para emplazar a la autoridad legislativa a no precarizar los derechos salariales de los trabajadores públicos ante la iniciativa que busca equiparar el Subsidio de Incapacidad Laboral con el del sector privado.
Como parte activa de este colectivo sanitario que reúne a diversos gremios de la salud chilena, la vocera y presidenta nacional de Fentess, Claudia Farías, enfatizó que los técnicos de la salud no se oponen a la fiscalización de los abusos por licencias médicas; sin embargo, catalogaron como injusto que «la gran mayoría del personal de la salud pública deba asumir restricciones y castigos salariales por malas prácticas de una minoría».
«Existe una gran preocupación por parte de los trabajadores de la salud pública que nos obliga a estar atentos y al pendiente, no solamente de esta problemática, sino que también de los avances que se vayan dando entorno al presupuesto en salud para el año 2027 a fin de evitar recortes de fondos que afecten la operación de los servicios a nivel nacional», señaló Farías al término de la cita, que no contó con espacio para que las asociaciones convocadas expusiesen sus puntos.
Desde la Federación detallaron que «la extensión de la discusión en torno a cómo los recortes del presupuesto de salud afectarán beneficios como la Ley Ricarte Soto impidió completar el acta propuesta para la jornada», por lo que se realizará una nueva sesión para este efecto.
Tras el encuentro, la Confederación Fenats Unitaria valoró la invitación cursada a los gremios del sector y llamó a mantener en el centro la opinión de usuarios de servicio y a sus trabajadores.
«Es fundamental que nuevamente Chile vuelva a mirar la salud pública como centro junto a las necesidades de los usuarios y usuarias de un sistema donde el Estado sea garante de las buenas condiciones laborales y sociales», planteó el líder sindical Ricardo Ruiz Escalona.
Las organizaciones recordaron que la iniciativa del Gobierno busca frenar el gasto fiscal en el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL). No obstante, el punto más crítico para los gremios es la propuesta de introducir un periodo de carencia de 2 días y modificar el pago de los primeros días de reposo.
Desde Fentess advierten que esta última medida «vulnera derechos laborales consolidados y castiga a quienes, precisamente, se ven más expuestos a contraer enfermedades por su labor en la red asistencial».
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