Por Hafdala Chadad Brahim, diplomático saharaui
El 30 de octubre de 2026 no será recordado únicamente como el día en que expiró el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso).
Será recordado como el momento en que el Consejo de Seguridad estuvo a punto de abrir uno de los precedentes más peligrosos para el derecho internacional contemporáneo: permitir que una ocupación militar encontrara legitimidad política mediante una resolución de Naciones Unidas.
Ese desenlace no llegó a producirse. El veto ejercido por la Federación de Rusia impidió que prosperara el proyecto impulsado por Estados Unidos, una iniciativa que pretendía reorientar el proceso político hacia una fórmula donde la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía de Rabat adquiría un protagonismo que desdibujaba el fundamento original del proceso de paz: el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
La importancia de aquella jornada no puede medirse por el número de votos obtenidos por cada proyecto. Esa lectura ha sido utilizada propagandísticamente tanto por Rabat como por Washington para construir un relato favorable a sus posiciones.
Lo verdaderamente decisivo fue otra cosa: el Consejo de Seguridad no llegó a convertirse en el instrumento que legitimara una ocupación cuya soberanía sigue sin ser reconocida por el derecho internacional.
La batalla no era por una misión, sino por un principio universal
Durante semanas, la Administración estadounidense intentó aprovechar la renovación anual de la Minurso para modificar sustancialmente el marco político del conflicto.
El cambio más significativo no era administrativo. Era conceptual.
La misión creada en 1991 nació para preparar las condiciones que permitieran al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación mediante un referéndum. La propuesta estadounidense desplazaba ese horizonte hacia una negociación construida alrededor de la autonomía marroquí, convirtiendo una propuesta de una de las partes en el eje del proceso político.
Ese cambio habría tenido consecuencias que trascendían el Sáhara Occidental. Si el Consejo de Seguridad hubiera aceptado esa lógica, habría quedado abierto un precedente según el cual una ocupación prolongada, respaldada por determinadas potencias, podría terminar condicionando o vaciando de contenido el derecho de un pueblo a decidir su propio destino.
No habría sido únicamente una derrota para los saharauis. Habría supuesto un golpe contra uno de los principios fundacionales del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial: que la fuerza no genera soberanía y que los pueblos sometidos a procesos de descolonización conservan el derecho a decidir libremente su futuro.
En otras palabras, Naciones Unidas habría corrido el riesgo de acercarse peligrosamente a una lógica que el derecho internacional moderno precisamente nació para superar: la idea de que el poder militar puede convertirse en fuente de legitimidad territorial.
China y Argelia desmontaron el relato del consenso
La reacción internacional demuestra que el desacuerdo iba mucho más allá del enfrentamiento entre Washington y Moscú.
China explicó que el proyecto estadounidense no era equilibrado, que presionaba a una de las partes para aceptar un resultado predeterminado y que había sido sometido a votación sin consultas suficientes entre los miembros del Consejo.
Argelia fue todavía más lejos. Su representante permanente ante Naciones Unidas, Amar Benjama, denunció que el proyecto constituía una desviación de los principios fundacionales de la organización y advirtió que nadie tiene derecho a otorgar a una potencia ocupante una soberanía que jurídicamente no posee.
Su intervención dejó una pregunta que continúa resonando: ¿Quién teme realmente a la democracia cuando se trata de permitir que el pueblo saharaui vote sobre su propio futuro?
Esa pregunta resume el núcleo del conflicto. Porque la cuestión nunca ha sido únicamente la autonomía. La cuestión sigue siendo si el pueblo saharaui puede ejercer el derecho que Naciones Unidas le reconoce desde hace décadas.
Incluso algunos votos favorables marcaron distancia
Resulta igualmente revelador que Dinamarca y Letonia, pese a votar a favor del proyecto estadounidense, aclararan expresamente que ese voto no implicaba reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Esta precisión desarma uno de los argumentos utilizados posteriormente por Rabat para presentar aquella sesión como una validación internacional de su posición. No lo fue. Puede existir apoyo a una determinada iniciativa diplomática sin que ello modifique el estatuto jurídico del territorio ni el principio de autodeterminación.
La diferencia es importante porque demuestra que incluso entre quienes respaldaron el proyecto existía conciencia de que la soberanía sobre el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión jurídicamente abierta.
La Minurso se retira, pero el derecho permanece
La consecuencia inmediata del bloqueo fue la expiración del mandato de la Minurso. Al día siguiente, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, anunció oficialmente el inicio del proceso de liquidación de la misión.
Sin embargo, el comunicado de António Guterres Secretario General de la ONU, contiene una afirmación que probablemente será recordada como uno de los documentos más importantes de esta crisis.
El secretario general recordó que la Minurso fue creada en virtud de la resolución 690 del Consejo de Seguridad, para proteger y permitir al pueblo del Sáhara Occidental ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación. Y añadió una frase que desmonta cualquier intento de presentar el fin de la misión como el final del conflicto: «La salida de la MINURSO no deroga esos derechos inalienables».
Estas palabras tienen una enorme fuerza jurídica y política. Significan que puede retirarse una misión. Puede fracasar una negociación. Puede bloquearse el Consejo de Seguridad. Pero no desaparece el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
La respuesta del Frente Polisario
Horas después, el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, el embajador Dr. Sidi Mohamed Omar, respondió al anuncio del secretario general. Su comunicado recuerda que la misión fue creada para aplicar el Plan de Arreglo acordado entre Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, cuyo objetivo era precisamente culminar la descolonización mediante un referéndum.
También sostiene que Marruecos, con el respaldo de determinados miembros del Consejo, fue debilitando progresivamente el mandato de la misión desde su creación, recordando como punto de inflexión la expulsión del componente civil de la Minurso en 2016.
Pero el mensaje central es otro. El Frente Polisario reafirma que el pueblo saharaui mantiene intacto su derecho a la autodeterminación y la independencia y que continuará defendiendo esos derechos mediante los medios legítimos reconocidos por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
La retirada de la Minurso no supone, por tanto, una renuncia saharaui. Supone el fin de una misión. No el fin de una reivindicación nacional.
Marruecos no puede cerrar unilateralmente el expediente
El Palacio Real marroquí para consumo interno presentó el fin del mandato de la Minurso como si el asunto estuviera prácticamente resuelto. Pero, esa interpretación choca con la propia arquitectura jurídica de Naciones Unidas.
El Sáhara Occidental continúa inscrito desde 1963 en la lista de territorios no autónomos pendientes. La Asamblea General mantiene competencias sobre su proceso de descolonización. El Comité Especial de Descolonización sigue existiendo. Y el propio Secretario General de la ONU ha reiterado que la organización continuará trabajando mediante su enviado personal, Staffan de Mistura.
Nada de ello desaparece porque concluya una misión de mantenimiento de la paz.
La ONU llega a un momento decisivo
La desaparición de la Minurso deja una pregunta incómoda para Naciones Unidas. Durante 35 años existió una misión creada para facilitar el ejercicio de un derecho que nunca llegó a materializarse. Ahora la misión se retira, pero el derecho sigue vigente.
La organización deberá explicar cómo piensa seguir defendiendo ese principio sin el principal instrumento que durante décadas representó su presencia sobre el terreno. Esa responsabilidad pasará al próximo secretario general. Y también recaerá sobre un Consejo de Seguridad que acaba de comprobar hasta qué punto sus propias divisiones pueden afectar a uno de los últimos procesos de descolonización pendientes en el mundo.
Un derecho que ninguna potencia puede borrar
La lección del 30 de octubre va mucho más allá del Sáhara Occidental.
Cuando una gran potencia intenta convertir una ocupación en un hecho consumado mediante el peso de su influencia diplomática, está poniendo a prueba la solidez del derecho internacional.
El veto ruso no resolvió el conflicto. Tampoco devolvió al pueblo saharaui el referéndum que lleva décadas esperando. Pero sí impidió que Naciones Unidas diera un paso que habría debilitado uno de sus propios principios fundacionales.
Porque el verdadero protagonista de esta historia no es el Consejo de Seguridad, ni Washington, ni Moscú, ni Rabat. Es un pueblo cuyo derecho sigue reconocido por la Carta de Naciones Unidas y por el conjunto del proceso de descolonización.
Las misiones pueden retirarse. Las potencias pueden cambiar de estrategia. Pero ningún Estado, ninguna resolución impuesta y ninguna ocupación pueden borrar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.
Hafdala Chadad Brahim, diplomático saharaui
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