El gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, que José Antonio Kast elogió y catalogó como «un ejemplo para toda la región», se encuentra en medio de una severa crisis causada por un escándalo bancario y un pedido de juicio político.
Durante una visita realizada a la nación suramericana en julio pasado, Kast se presentó ante el Congreso Nacional de Paraguay, donde elogió la reducción de impuestos como modelo económico.
«Paraguay en los últimos años es un modelo a evaluar y a analizar, porque bajando impuestos han crecido«, afirmó el mandatario en la ocasión.
Sin embargo, tres meses después, el mismo país que según el ultraderechista » ha sabido ir ordenando la casa», enfrenta un fuerte escenario, luego de que un bloque de 35 diputados de la oposición presentaran ante el Parlamento un pedido de juicio político para destituir al presidente Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, como consecuencia de una crisis bancaria que dejó a unos tres millones de personas con sus depósitos congelados.
El Banco Central de Paraguay ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo requerido.
Presentan acusación de juicio político contra Santiago Peña
La iniciativa parlamentaria quedó registrada mediante el Proyecto de Resolución titulado «Que dispone la formulación de la acusación de juicio político contra el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional». Bajo el mismo fundamento legal, los legisladores ingresaron un segundo expediente enfocado en el vicepresidente Alliana.
El texto del libelo presentado contra al mandatario de derecha le atribuye, en primer lugar, un conflicto de intereses derivado de su participación en Ueno Holding.
A ello se suma el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay, que según los parlamentarios es «incompatible con el deber de resguardar el interés público«, consignó la Cámara de Diputados del país suramericano en una nota de prensa.
El documento también acusa a Santiago Peña de haber impulsado modificaciones a la ley de conflictos de intereses y de haber permitido la concentración de cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, rebasando los límites que establece la normativa vigente.
En el caso del vicepresidente Allieana, es señalado por los parlamentarios de haber operado para blindar legislativamente la crisis de la entidad financiera y le reprochan «haber avalado la colocación de fondos previsionales y haber mantenido silencio ante las alertas sobre el exceso de límites crediticios con empresas vinculadas».
Ambos documentos tienen como tesis central que tanto el presidente como el vicepresidente paraguayo, conocían la situación crítica de Ueno Bank— que cuenta con tres millones de clientes en un país que no llega a los siete millones de habitantes— y, aun así, «subordinaron el interés público a intereses privados».
En su artículo 225, la Constitución de Paraguay habilita el juicio político al presidente, al vicepresidente y a otras altas autoridades por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.
La Cámara Baja debe formular la acusación con una mayoría de dos tercios para que pase a manos del Senado, que actúa como tribunal y requiere el mismo porcentaje de votos para una eventual condena.
Tras la presentación, el proyecto deberá seguir el trámite reglamentario en la Cámara Baja, donde se definirá si alcanza los apoyos políticos necesarios para que la solicitud de juicio político prospere.
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