¿Y las platas de los trabajadores?: 11 senadores exigen aclarar si las AFP tienen fondos expuestos a crisis bancaria en Paraguay

Un grupo de 11 senadores exigen que la Superintendencia de Pensiones aclare si las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mantienen recursos previsionales expuestos a la crisis bancaria que estalló en Paraguay y si existe algún riesgo para los ahorros de los trabajadores chilenos.

Mediante un oficio dirigido a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, los parlamentarios Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla (DC); Claudia Pascual, Daniel Núñez y Karol Cariola (PC); Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez (FA); las independientes Fabiola Campillai y Alejandra Sepúlveda, y Esteban Velásquez (FRVS) solicitaron que se requiera información al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez Huerta, sobre si las AFP tienen recursos invertidos en Ueno Bank, intervenido el pasado 3 de noviembre por el Banco Central de Paraguay por problemas de solvencia.

Ueno Bank comenzó a operar en noviembre de 2023 y que, producto de una agresiva estrategia digital, logró convertirse en una de las principales entidades financieras de Paraguay hasta llegar a contar en 2026 con 2,9 millones de clientes, casi la mitad de los 6,5 millones habitantes del país suramericano.

Este Banco no solo administra los ahorros privados de millones de paraguayos: también gestiona el 9% de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que está a cargo de las pensiones de 32.000 jubilados del país y parte de los fondos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y de la Represa Binacional de Itaipú, una de las mayores empresas productoras de energía del planeta.

Sin embargo, el Banco Central de Paraguay ordenó su intervención y disolución luego de comprobar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, afectando a sus clientes y pensionados.

Esto a su vez gatilló una crisis de gobernabilidad, por la que el presidente Santiago Peña, quien intentó dejar el poder, enfrenta un juicio político.

La acusación presentada por un bloque de 35 diputados atribuye a Peña, entre otras cosas, un presunto conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding, el nombramiento de Carlos Carvallo —exdirectivo del la entidad financiera— al frente del Banco Central de Paraguay y haber permitido una concentración irregular de fondos previsionales del IPS en el banco.

Senadores exigen aclarar si las AFP tienen fondos expuestos a la crisis de Paraguay

Ante este complicado escenario, el senador Iván Flores (DC) vinculó la solicitud con los cuestionamientos que enfrentan las AFP en Chile por la pérdida de valorización de US$7.700 millones en contratos derivados vinculados a tasas de interés estadounidenses.

Esta situación generó un impacto superior a los US$11.000 millones en los ahorros previsionales. El Fondo E, considerado el más conservador del sistema y que reúne a cerca de 770 mil afiliados— de los cuales más de 60 mil superan los 60 años—, acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, el segundo peor desempeño desde que se tienen registros, mientras que el Fondo D registró una merma de 6,38% en el mismo período.

“Además del desastre que dejaron las AFP y que se está investigando por parte de la Superintendencia de Pensiones, nosotros, los senadores de la bancada unida, hemos pedido (…) que la Superintendencia nos informe qué es lo que está pasando con los fondos de trabajadores chilenos en Paraguay”, señaló Flores.

Para el parlamentario se requiere saber si existen inversiones de las administradoras chilenas que puedan verse afectadas con la criris financiera paraguaya.

“Lo estamos pidiendo con premura”, enfatizó en declaraciones recogidas por El Mostrador.

El requerimiento de los senadores incluye a las inversiones directas como indirectas en Ueno Bank, su matriz Ueno Holding, el Grupo Vázquez y otras sociedades vinculadas. También piden verificar si las administradoras poseen activos en bonos soberanos, instituciones financieras, corporaciones o fondos de inversión paraguayos.

De manera puntual, los parlamentarios demandaron precisar las sumas comprometidas, herramientas financieras, AFP involucradas y la clasificación por tipo de fondo, extendiendo la consulta a las operaciones ejecutadas entre 2023 y 2026.

Del mismo modo, requirieron evaluar si la intervención bancaria causó pérdidas, desvalorización de activos o riesgos en las pensiones chilenas, especificando si la Superintendencia ha implementado acciones de fiscalización especiales.

A la fecha, no se reportan antecedentes de inversiones afectadas ni perjuicios para los afiliados chileno; no obstante, el propósito de los legisladores es que el ente regulador esclarezca dicha situación.

Dentro del documento, los senadores dejaron en claro que “la protección de los fondos de pensiones exige una supervisión preventiva”, particularmente ante escenarios de insolvencia financiera e incertidumbre institucional en plaza extranjeras.

En consecuencia, instaron a remitir la información a la brevedad, amparándose en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.