Seis resoluciones judiciales respaldaron los rechazos que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, interpuso al inicio del gobierno de José Antonio Kast contra solicitudes de rebaja de condena presentadas por agresores sexuales de menores. Estos dictámenes, obtenidos antes de que el secretario de Estado cambiara su criterio y comenzara a conceder los beneficios sin litigar, contradicen la versión que él mismo entregó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde argumentó que la ley lo obligaba a otorgar estas reducciones.
Una revisión de los registros del Poder Judicial realizada por CIPER identificó al menos nueve casos en que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes recurrieron a la justicia para revertir la negativa del ministerio, expresada mediante decretos emitidos entre el 13 de marzo y el 11 de mayo de este año. En seis de esas causas la justicia terminó avalando la postura del Ejecutivo: cinco resoluciones fueron emitidas por la Corte Suprema y una quedó firme en la Corte de Apelaciones de Valparaíso sin escalar al máximo tribunal. Solo en tres oportunidades la Suprema revirtió la decisión del ministerio y aprobó la rebaja.
La secuencia temporal resulta significativa. El último fallo favorable a la decisión de no conceder la reducción fue resuelto por la Corte Suprema el 15 de junio, apenas un día antes de que la cartera emitiera el primer decreto firmado bajo la nueva «doctrina Rabat», fechado al 16 de junio. Los registros judiciales, por tanto, muestran que el ministro modificó su estrategia inicial de rechazar las solicitudes y defender esa posición en tribunales en un momento en que la justicia estaba respaldando precisamente esa línea de acción.
La doctrina Rabat
El propio secretario de Estado relató ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de octubre, que al asumir el gobierno su cartera rechazó «las primeras solicitudes de rebaja de condena». Sin embargo, explicó que esa posición cambió tras recibir «un primer recurso de amparo, en donde el máximo tribunal del país me reprocha haber privado de libertad ilegalmente a un ciudadano«. A partir de entonces, el ministerio comenzó a conceder los decretos de reducción de penas para los condenados por abusos de menores sin judicializar los casos.
La denominada «doctrina Rabat» apunta a la reforma legal de 2022, que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de la posibilidad de acceder a estos beneficios. Según Rabat, esa restricción no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia, debido al principio constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del condenado.
Bajo esa lógica, todos quienes fueron condenados antes de esa fecha podrían solicitar la reducción si cumplen ciertos requisitos, y el Estado estaría obligado a concederla.
El titular de la cartera de Justicia ha insistido en que su labor se limitaba a rubricar los actos administrativos una vez que las comisiones de reducción de condena dictaminaban de forma favorable, asumiendo que la evaluación del caso quedaba totalmente cerrada en esa fase previa.
Incluso, afirmó ante el pleno de la Cámara que existirían 470 fallos judiciales que respaldan su interpretación jurídica.
No obstante, el fallo del 15 de junio —firmado por los ministros Manuel Valderrama, María Cristina Gajardo y Dinko Franulic— contradice frontalmente esa tesis. La Segunda Sala del máximo tribunal resolvió que la Ley N°19.856, que permite la rebaja de condenas, trata sobre «un beneficio y no un derecho, por lo que no cabe hablar más que de una mera expectativa sujeta al cumplimiento de los requisitos legales del caso».
Además, el dictamen calificó la reforma de 2022 como una norma de orden administrativo y no penal, por lo que la prohibición de conceder rebajas sí puede aplicarse a condenados en años anteriores sin infringir el principio de irretroactividad.
En los amparos revisados, la postura inicial del ministerio concordaba precisamente con ese razonamiento. En mayo pasado, la cartera explicó ante la Corte de Apelaciones que «el principio de irretroactividad de la ley penal no alcanza a estas leyes, pues por su naturaleza, deben ser entendidas como leyes administrativas que rigen in actum». De igual modo, en abril el ahora exsubsecretario Luis Silva emitió un decreto que invocaba el deber del Estado de tutela y protección a la niñez, señalando que «se deben evitar potenciales riesgos a su integridad física y/o psíquica».
Las seis rebajas de condenas que Rabat sí pudo frenar
Según reportó CIPER, los seis rechazos que Rabat ganó en tribunales involucran casos de especial gravedad. Dos amparos presentados en marzo y abril ante la Corte de Apelaciones de Santiago fueron rechazados tanto por el tribunal de alzada como por la Suprema: uno correspondía a un recluso de 54 años condenado a cinco años por abuso sexual reiterado a un menor de 14 años, y el otro a un hombre condenado a seis años por violación y abuso sexual de su propia hija cuando tenía 15 años.
En Valdivia, en tanto, la corte local había aprobado el pasado 18 de mayo la rebaja para un hombre de 53 años condenado en 2018 a diez años por violación de un menor de 14 años, pero el ministerio apeló y la Suprema le dio la razón.
Otros dos casos tramitados en Valparaíso —de un hombre de 64 años y otro de 67, ambos condenados por violación de menores de 14 años— fueron inicialmente concedidos por la corte porteña, pero la Suprema rechazó las rebajas el 10 y 15 de junio.
El sexto caso, también en Valparaíso, involucró a un sujeto de 54 años condenado por violar a un menor de 14 años: la corte local rechazó su solicitud el 6 de abril y el fallo quedó firme.
«Excusa para justificar un proceder político«
El abogado Hernán Fernández Rojas, especialista en derechos de la niñez, cuestionó el cambio de criterio: «Si esta jurisprudencia de la Corte Suprema ya se había expresado había una razón lógica, racional, de justicia y del deber del ministro de ser guiado por esta orientación».
A su juicio, el ministro Rabat «busca una excusa para justificar un proceder político en lugar de cumplir un rol autónomo, independiente y de resguardo a los intereses de la niñez».
En declaraciones a CIPER, también advirtió que al aprobar los beneficios «hay un abandono de los deberes estatales en relación al resguardo de la niñez, que se trata de víctimas que no se pueden autodefender».
Desde la Fundación para la Confianza, su cofundador y director ejecutivo, José Andrés Murillo, criticó la falta de transparencia del gobierno de Kast sobre el cambio de criterio y subrayó que en estas decisiones «el interés superior del niño, que es principio rector de la convención internacional sobre los derechos del niño que Chile firmó el año 1990, se ha pasado por alto».
Imagen destacada: Mediabanco
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