Rabat decía tener las manos atadas, pero Justicia rechazó 22 rebajas tras su giro de criterio

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo ante la Cámara de Diputados que se encontraba de manos atadas y su cartera no podía oponerse a las rebajas de condena aprobadas por las comisiones respectivas, argumentando que una vez que esas instancias deciden conceder el beneficio, la autoridad de gobierno queda impedida de revertir la decisión. Sin embargo, registros judiciales revisados por CIPER demuestran que, tras poner en marcha esa interpretación —conocida como la «doctrina Rabat»—, el ministerio rechazó al menos 22 solicitudes de rebaja en casos de otros delitos, como homicidio y tráfico de drogas, ocurridos entre junio y octubre.

En todos esos decretos, la cartera interpretó que sí podía oponerse a la rebaja ya acordada por la comisión, contradiciendo el discurso que el secretario de Estado defendió en el Congreso.

La salida a la luz de estos registros judiciales ocurre justo cuando parlamentarios y parlamentarias de oposición ingresaron la noche del jueves la anunciada acusación constitucional contra el secretario de Estado, por su responsabilidad en la rebaja de condena a delincuentes, incluyendo algunos sentenciados por delitos sexuales contra menores y criminales de lesa humanidad.

Doctrina Rabat

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el miércoles 28 de octubre, Rabat explicó que solo las comisiones de Reducción de Condenas tienen competencia para analizar los antecedentes de los reclusos y que en ellas «se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud«. Según su argumentación, exigirle al ministro ponderar esos antecedentes significaría infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución, pues «me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones».

El criterio administrativo de la denominada «doctrina Rabat», está basado en un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, que establecen que la cartera gubernamental «no está habilitada para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido».

Esa interpretación comenzó a aplicarse en junio de este año, tras la llegada de José Antonio Kast a la Moneda, y antes de ella el despacho de Justicia sí rechazaba reducciones para agresores sexuales de menores, tal como lo hicieron gobiernos anteriores.

Ministerio de Justicia rechazó 22 rebajas de condenas

La revisión de documentos judiciales realizada por CIPER muestra que, después de la fecha en que se puso en práctica la nueva doctrina, el ministerio se opuso a lo determinado por las comisiones y rechazó conceder la reducción en al menos 22 casos de otros delitos.

Cada uno de esos casos dio origen a un recurso de amparo presentado por el recluso y en nueve de ellos, la justicia se pronunció específicamente sobre la atribución del Ministerio de Justicia para rechazar la rebaja: en siete las cortes respaldaron la denegación, en uno se favoreció al condenado y el restante sigue en tramitación.

Sin embargo, ninguno de estos antecedentes fue mencionado por Rabat cuando se presentó ante la Cámara a fines de octubre.

La normativa que fija los parámetros para acceder a las rebajas es la Ley N°19.856. Su artículo 17 establece expresamente que las reducciones no deben aplicarse a condenados por delitos sancionados con presidio perpetuo, a reclusos que cometan un nuevo delito mientras cumplen sentencia y a los agresores sexuales de menores, entre otros. En los 22 decretos revisados, la autoridad argumentó que los reclusos no podían acceder al beneficio porque cumplían con alguno de los criterios de exclusión.

Uno de los casos en que la Corte Suprema respaldó el rechazo del ministerio corresponde a un sujeto condenado por el homicidio de un carabinero, cuya solicitud fue denegada por encontrarse cumpliendo presidio perpetuo. La comisión había aprobado el beneficio sin pronunciarse sobre esa causal, y la cartera resolvió rechazarlo.

De acuerdo con el medio citado, la mayoría de los jueces de la Segunda Sala rechazó el amparo del condenado; la única disidencia fue del ministro Leopoldo Llanos, quien sostuvo que, como el delito se cometió antes de la reforma de 2022, la causal de exclusión no resultaba aplicable por no contemplarse expresamente su retroactividad.

La cartera también obtuvo respaldo judicial en la denegación del beneficio a un condenado por femicidio, pese a que ya contaba con la aprobación de la Comisión de Rebaja de Condenas y el respaldo de la Seremi de Justicia. Rabat rechazó la solicitud considerando que el femicidio contempla la cadena perpetua calificada como pena máxima. Ante la Corte de Apelaciones, el ministerio sostuvo que «tiene el deber de revisar los antecedentes a la luz del artículo 17» y verificar si concurre alguna causal de exclusión.

La Segunda Sala de la Corte Suprema determinó que el ministerio resolvió «en estricta observancia del mandato contenido en la ley y en su Reglamento».

El reglamento de la Ley N°19.856 define que la atribución de revisar las exclusiones recae tanto en la Comisión de Rebaja de Condenas como en el Ministerio de Justicia. Su artículo 77 le reconoce explícitamente a la cartera la opción de rechazar el beneficio al detectar alguna causal de exclusión: «El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el decreto que rechaza el beneficio sólo cuando de la revisión de la postulación se verifique alguno de los supuestos previstos en el artículo 17».

Ese mismo argumento utilizó el ministerio —antes de cambiar su doctrina— para rechazar el beneficio en casos de condenados por delitos sexuales contra menores, como en el Decreto N°1307, del 30 de abril, donde Rabat citó el reglamento para sustentar su decisión de rechazar la solicitud de un condenado por abuso y violación de un menor de 14 años.

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