Todo legal y con plata ajena: el Estado permitió apuestas de las AFP que dejaron pérdidas por US$10.000 millones

Durante veinte años, el Estado amplió sucesivamente el margen legal para que las AFP arriesgaran los ahorros de los trabajadores en instrumentos especulativos, lo que desembocó en que en septiembre de 2026 los fondos de pensiones registraran pérdidas que superarían los US$10.000 millones.

Las cifras reveladas ante el Senado por el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez señalan que este desplome patrimonial no solo redujo de manera inmediata el cálculo de jubilación para 360 mil personas que se encuentran en edad de retiro, sino que también perjudicó el recálculo anual de otros 85.000 pensionados acogidos a la modalidad de retiro programado.

Lo más paradójico de este escenario es que las administradoras no infringieron ninguna ley; Ya que por el contrario, según reportó CIPER, apostaron con los ahorros previsionales amparadas en un marco regulatorio diseñado por el propio Estado durante las últimas dos décadas.

«El Estado lo permitió, a través de la dictación de normas y reglamentos que ni siquiera fueron aprobados por el Congreso, porque así lo permite la regulación vigente», indicó el medio de investigación.

Riesgos de las operaciones con swaps

Entre enero y septiembre de 2026, el sistema previsional chileno experimentó un derrumbe en la rentabilidad de los fondos supuestamente más conservadores, debido a que estos fueron expuestos a operaciones arriesgadas, inestables y de largo plazo con instrumentos financieros conocidos como swaps. En términos simples, se trata de contratos mediante los cuales dos partes acuerdan intercambiar los flujos de pagos generados por sus respectivas posiciones: la primera cede los pagos de su instrumento a la segunda, y recibe a cambio los de la posición de esta última.

En este tipo de acuerdos financieros, una de las partes abona un interés fijo y percibe de la otra un interés variable, por lo que el resultado económico beneficia a una y perjudica a otra según las fluctuaciones del mercado. Específicamente, las AFP pactaron con bancos nacionales y extranjeros entregar una tasa variable y cobrar una fija, con la expectativa de que los tipos de interés en EE. UU. descendieran por debajo de su costo. Sin embargo, ocurrió el escenario opuesto y las entidades previsionales tuvieron que cubrir dichas pérdidas utilizando los fondos de los cotizantes.

CIPER señaló que, aunque inicialmente la Ley 19.031 de 1994 autorizó a las AFP a utilizar estos instrumentos exclusivamente para cubrirse ante eventuales riesgos financieros, una serie de modificaciones administrativas transformaron dicha herramienta defensiva en un vehículo de especulación a largo plazo, exponiendo los ahorros previsionales a una volatilidad extrema.

Esta flexibilización normativa se gestó mediante decretos y resoluciones elaborados por la Superintendencia de Pensiones y visados por los distintos ministros de Hacienda de los últimos veinte años, sin necesidad de pasar por la aprobación del Congreso.

Tres hitos del proceso de desregulación

Académicos y expertos consultados por el medio de investigación identificaron tres hitos clave en este proceso de desregulación. El primero ocurrió en octubre de 2008 con la resolución N° 24, que facultó a las administradoras para invertir en forwards y swaps de monedas y tasas con fines de rentabilidad, abandonando el objetivo exclusivo de cobertura.

Según explicó el doctor en Economía Roberto Bonifaz, esta medida “abrió el riesgo de tomar posiciones con derivados, acotado por un tope que medía el monto y no el plazo, pero que era igual desde el fondo A hasta el E”.

El segundo punto de inflexión llegó en junio de 2012, cuando la resolución 46 y la Norma de Carácter General 69 delegaron el control de las políticas de riesgo a los propios directorios y comités de inversión de cada AFP, eliminando cualquier tope regulatorio a las pérdidas, según advirtió el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Silva.

Finalmente, en mayo de 2019, la Norma de Carácter General 242 consolidó la exposición al peligro financiero. De acuerdo con Bonifaz, esta disposición permitió “que los derivados de inversión con el mismo activo objeto se compensaran ‘sin importar las fechas de vencimiento’”.

En términos contables, esto significó que un contrato swap a veinte años podía anularse con otro a apenas tres meses, “aunque el primero arriesgara muchas veces más que el segundo” debido a las amplias fluctuaciones del largo plazo.

Al amparo de estas licencias legales, la exposición de los fondos chilenos escaló durante la década actual. Según datos del Banco Central citados por Bonifaz, los contratos de swaps sobre tasas extranjeras pasaron de un monto de referencia de US$3.286 millones en enero de 2022 a la abultada cifra de US$270.713 millones en diciembre de 2025.

Esta explosión financiera desvirtuó por completo la naturaleza de los multifondos más conservadores. Al no existir límites diferenciados por fondo ni restricciones sobre la duración de las inversiones, los fondos D y E —destinados a quienes están próximos a jubilar— terminaron asumiendo incluso mayores riesgos que el fondo C, contraviniendo la lógica básica de protección del ahorro previsional.

Para José Luis Ruiz, exconsejero titular del Consejo Técnico de Inversiones entre 2019 y 2023, las administradoras incurrieron en graves fallas de gestión. “Dado que el mandato legal de las AFP es invertir en instrumentos que garanticen una adecuada seguridad y rentabilidad, un error fundamental radicó en concentrar la gestión en maximizar los retornos esperados, descuidando el control de riesgos”, señala el académico.

En declaraciones a CIPER, Ruiz enfatizó que “las AFP también fallaron en gestionar la graduación de riesgo entre los distintos multifondos, la cual debería decrecer de manera ordenada desde el Fondo A (mayor riesgo) hasta el Fondo E (menor riesgo)”, advirtiendo que no basta con restringir la renta variable al 5% en el Fondo E si no se controla su riesgo interno.

Advertencias del Banco Central

Las consecuencias de estas apuestas trascienden el daño individual a los futuros pensionados y amenazan la estabilidad económica nacional. Desde 2024, el Banco Central venía advirtiendo en sus Informes de Estabilidad Financiera que este cambio en el portafolio incrementaba peligrosamente la deuda de corto plazo y podía generar serias “tensiones” en el mercado.

El instituto emisor alertó en noviembre de 2025 que, ante pérdidas en estas operaciones, las AFP requieren liquidez inmediata para pagar garantías a la banca internacional, obligándolas a rematar sus activos más seguros en Chile, como los bonos de renta fija local, lo que presiona al alza las tasas de interés y frena el crecimiento y el empleo.

Sin embargo, recién en abril de este año, tras dos años de alertas, la Superintendencia dictó la resolución 549 y la Norma 362 para fijar límites a las pérdidas potenciales en derivados, un giro regulatorio con el que, en palabras del académico Víctor Silva, “termina la opacidad y el regulador puede ver la exposición [al riesgo] cada semana”.