La ministra en visita de causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez, teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados de 17 campesinos, entre ellos un menor de edad, en octubre de 1973 en las Termas de Chihuio, comuna de Futrono.
En la sentencia, la magistrada condenó al exuniformado a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
«La magistrada ordenó el ingreso del condenado en prisión preventiva, pese tratarse de una sentencia de primera instancia, debido a la cuantía de la pena, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y una eventual posibilidad que se reste de la justicia», consignó el boletín del Poder Judicial.
Dentro de todos los hechos establecidos por la investigación de la ministra Plaza, se indicó que «con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a «causas no precisadas» bajo la fecha del 9 de octubre de 1973″.
«Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería ‘Cazadores’, quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de ‘testigos de comprobación de defunción’, en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas», agrega la indagatoria.
Además, el fallo establece que los cuerpos de los campesinos ejecutados «permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultarlos, mediante la inhumación clandestina de las victimas», procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo».
«Un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen», añade la indagatoria.
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