Asociación Americana de Juristas alerta con profunda preocupación por el estado de derecho en Chile

La Asociación Americana de Juristas alerta por el estado de derecho en Chile

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC desde 1989 y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra, expresó su «profunda preocupación» por la situación del estado de derecho en Chile. Lo hizo en una Asamblea virtual celebrada el 7 de noviembre de 2026. Según el pronunciamiento, los hechos recientes comprometen la independencia judicial, las garantías del debido proceso y la protección de los derechos humanos, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios internacionales sobre independencia de la judicatura.

El documento advierte sobre tres frentes: las denuncias de uso de mecanismos judiciales y disciplinarios con fines de persecución política, la destitución del juez Daniel Urrutia Laubreaux y las irregularidades denunciadas en el proceso penal contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. A ellos suma las decisiones del gobierno del presidente José Antonio Kast que permitieron reducir las penas de personas condenadas por graves delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Sobre Jadue, la AAJ sostiene que su caso presenta «elementos característicos del lawfare en América Latina». Menciona el uso prolongado y desproporcionado de medidas cautelares, la exposición mediática de las acusaciones y la afectación anticipada de derechos políticos. Desde el 3 de junio de 2024, recuerda, el exalcalde ha estado sometido a prisión preventiva, arresto domiciliario total y arresto domiciliario nocturno por más de dos años, sin sentencia condenatoria firme. En septiembre de 2025, agrega, el TRICEL lo excluyó del padrón electoral y le impidió ser candidato parlamentario. La AAJ lo califica como una «proscripción política» producida antes de que los tribunales establezcan su responsabilidad. Cuestiona además el deber de objetividad del Ministerio Público: la investigación fue reabierta en octubre de 2025 para diligencias sobre las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla y luego cerrada sin que se materializara la diligencia solicitada.

El pronunciamiento enlaza el caso con el denominado Caso Audios y con las relaciones investigadas entre Hermosilla, el exministro Andrés Chadwick y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Destaca la participación de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Samuel Donoso en iniciativas judiciales contra Jadue. Vargas y Lagos, querellantes en representación de la empresa Best Quality, están en prisión preventiva por presuntos sobornos y lavado de activos en la «Trama Bielorrusa». Donoso enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por presunto soborno ligado a nombramientos judiciales. La AAJ valora que, el 29 de octubre de 2026, el tribunal declarara inválida la adhesión a la acusación presentada por Lagos, por vicios de mala fe e ilegalidad. Exige un juicio justo, imparcial y dentro de plazo razonable, la revisión de las medidas cautelares y una investigación independiente de las denuncias de interferencia y corrupción judicial. Recuerda que ya había denunciado el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2026.

Respecto de la Corte Suprema, la AAJ manifiesta su «más enérgico rechazo» a la destitución del juez Urrutia, acordada el 28 de octubre de 2026. La organización recuerda que, en agosto de 2020, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado chileno por vulnerar la libertad de expresión, las garantías judiciales y el principio de legalidad del magistrado. La remoción se fundó en dos viajes al extranjero durante licencias médicas, a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022. Esos hechos, subraya, ya habían sido examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo absolvió y sobreseyó. Cuestiona además el respeto a su fuero sindical, amparado por el artículo 25 de la Ley N.º 19.296, y la desigualdad de trato: en septiembre de 2025 la Suprema no reunió los votos para remover a Antonio Ulloa, pese a sus vínculos con Hermosilla, y fue el Senado, en noviembre de 2025, el que lo destituyó vía acusación constitucional.

El texto añade que partidos de derecha habían exigido públicamente la remoción de Urrutia, lo que hace «imprescindible esclarecer» si hubo influencias ajenas a criterios jurídicos. Cita la alerta de julio de 2026 del Observatorio de FIDH y OMCT sobre un hostigamiento político e institucional en su contra. Señala que 18 jueces, Urrutia incluido, habrían sido afectados por procedimientos por viajes durante licencias, algunos con restricciones que no regían al momento de los hechos. Exige una revisión independiente de la decisión, con pleno respeto de su fuero y del debido proceso.

El tercer capítulo apunta al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. La AAJ cuestiona que, mediante decretos administrativos, se redujeran las penas de al menos 56 condenados por delitos sexuales contra menores, incluidos casos de violaciones y abusos graves, algunos con evaluaciones penitenciarias desfavorables y alto riesgo de reincidencia. El ministerio alegó inicialmente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo obligaba. Pero, según el pronunciamiento, el propio ministerio había rechazado solicitudes semejantes en los primeros meses de la administración. En noviembre, CIPER reveló que, de al menos nueve solicitudes rechazadas e impugnadas, seis terminaron con fallos que respaldaron la negativa. El documento cita casos como un condenado por violar y abusar de una niña en Punta Arenas, liberado sin información oportuna a la víctima; un hombre que violó a su hijo de 10 años, con 18 meses de rebaja; un condenado por abusar de una adolescente con discapacidad intelectual, con 21 meses de reducción; y un padre que violó a su hija desde los 11 años, con tres años menos por un decreto firmado por Rabat.

La AAJ agrega que, según investigaciones periodísticas, entre los 56 decretos hay dos condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura que no cumplirían los requisitos internacionales: colaboración sustancial, cumplimiento de dos tercios de la pena o 25 años en presidio perpetuo, arrepentimiento e intención de reparar. Observa que los textos firmados por orden del Presidente no han sido entregados a la opinión pública ni a los parlamentarios que los pidieron, y que la Contraloría representó al ministerio su negativa a colaborar con la fiscalización de la Defensoría de la Niñez. Todo ello, dice, ocurre en un contexto de propuestas de indultos a integrantes de las fuerzas de seguridad condenados por hechos de las protestas de 2019 y de solicitudes de antiguos agentes de la dictadura.

En su resolución, la AAJ reafirma que la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso son indispensables en una democracia. Reclama el cese de la persecución contra Jadue, la revisión de la destitución de Urrutia y el esclarecimiento de las responsabilidades administrativas y políticas por las rebajas, mediante investigaciones independientes y transparentes. Rechaza además cualquier indulto, amnistía o beneficio incompatible con la obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, y exhorta a Chile a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Convoca a organizaciones de juristas, movimientos sociales y organismos internacionales a mantener una «vigilancia activa» sobre Chile. El pronunciamiento, fechado el 7 de noviembre de 2026, lleva las firmas de la presidenta continental, Claudia V. Rocca, y la secretaria general, Vanessa Ramos.

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AAJ. Pronunciamiento sobre la situación del estado de derecho en Chile