Gobierno deja sin financiamiento el Plan Nacional de Búsqueda: Alertan que podría quedar sin ejecución

La Cámara de Diputados rechazó dos glosas presupuestarias que eran clave para la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda. Si bien el Ejecutivo podía reponer el financiamiento que se cayó en la Cámara, finalmente el gobierno decidió no hacerlo. Desde el Comité de Seguimiento del Plan afirman que la decisión de Kast iría en contra de los tratados internacionales que ha suscrito Chile en la materia.

Gobierno deja sin financiamiento el Plan Nacional de Búsqueda: Alertan que podría quedar sin ejecución

Una profunda preocupación manifestaron agrupaciones de derechos humanos por el rechazo de dos glosas presupuestarias que podrían dejar sin ejecución el Plan Nacional de Búsqueda, esto durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027.

Según denuncian desde el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, el proyecto original del Gobierno incluía recursos para garantizar la continuación de esta política pública. Estos recursos se materializaban a través de las glosas de dos programas, uno del Servicio Médico Legal y otro del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Sin embargo, durante la tramitación de la Ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados, estas dos glosas fueron rechazadas por los parlamentarios. Si bien el Ejecutivo podía reponer los recursos rechazados por la Cámara, desde el Gobierno optaron por no hacerlo. En resultado, los recursos destinados para el Plan Nacional de Búsqueda quedaron reducidos a $1.000 para el año 2027.

La decisión del gobierno fue duramente criticada por el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, instancia conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria, la Iglesia Católica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la academia.

Desde el Comité de Seguimiento calificaron como «una ofensa» la decisión del Gobierno de no reponer las glosas y recordaron que la búsqueda de víctimas de desaparición forzada constituye una obligación del Estado de Chile, de acuerdo a los distintos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país.

«El Plan Nacional de Búsqueda representa un avance fundamental en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile. Su labor requiere esfuerzos sistemáticos, coordinados y sostenidos en el tiempo. No se trata de un programa accesorio ni de una iniciativa que pueda quedar sujeta a las prioridades circunstanciales de un gobierno. Se trata de una política de Estado, indispensable para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto», afirman.

Alicia Lira: «El ministro Rabat no se ha reunido con nosotros en ocho meses»

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos de Santiago, afirma que el rechazo de la glosa presupuestaria del Servicio Médico Legal se traducirá en falta de peritos profesionales e instrumentos para realizar la búsqueda, mientras que la glosa rechazada del Ministerio de Justicia impedirá a los jueces trasladarse a los lugares donde se sospecha que existen restos de familiares.

«Estamos hablando de 1.162 personas en calidad de detenidos desaparecidos que no han sido encontradas. Este Gobierno primero trató de desmantelar el plan sacando a la Coordinadora. Y pese a que tenemos reunión una vez al mes en el Ministerio de Justicia, nadie nos ha dado una respuesta concreta sobre el presupuesto», afirmó Lira a El Ciudadano.

«El ministro Rabat jamás en ocho meses se ha presentado, ni siquiera por educación, o por la investidura que tiene, a conocer a los dirigentes que estamos representando al comité de seguimiento. Ni siquiera a entregarnos alguna opinión», agregó.

Desde el Comité de Seguimiento le han exigido al presidente José Antonio Kast reponer los recursos durante la siguiente etapa de tramitación de la Ley de Presupuesto. También piden al ministro Rabat informar públicamente de las gestiones y medidas concretas que adoptarán para garantizar la continuidad del Plan.

«La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda no es optativa. No puede quedar reducida a $1.000 ni depender de la voluntad de un gobierno. Las personas detenidas desaparecidas siguen siendo buscadas. Sus familias siguen esperando verdad y justicia. El Estado tiene la obligación de responder«, sentencian.

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