Por Leopoldo Lavín Mujica
El martes 17 de noviembre, La Moneda pasó la tarde pidiendo perdón.
El vocero, Gonzalo Arenas, tuvo que retractarse después de describir al Partido de la Gente (PDG) como una clase media «con visión de consumo». No fue un gesto de cortesía con virtuales aliados, sino un cálculo: de esa bancada depende la suerte del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La oposición lo acusó constitucionalmente el 12 de noviembre; es la primera acusación contra un ministro de José Antonio Kast.
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, Rabat firmó 56 decretos que rebajaron las condenas de 27 abusadores y 29 violadores de niños. Firmó también otros dos, a favor de un secuestrador y de un torturador presos en Punta Peuco.
El 23 de octubre anunció que suspendía esos trámites. El 5 de noviembre firmó otra rebaja, esta vez para un homicida. Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Se construyó en 1995 para que Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cumpliera su condena lejos de los presos comunes.
Rabat alega que en 20 años se concedieron 40 rebajas a condenados por crímenes de 1973. Es cierto, pero ese dato no lo exculpa: acusa a toda la transición. Usarlo como coartada es pisotear la memoria histórica.
Rabat no actuó por descuido. En 2017, Kast contó que había ido dos veces a Punta Peuco y que Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años, le había regalado su libro. En diciembre de 2021 defendió la idea de indultarlo con el argumento de que «nadie merece morir en la cárcel». En septiembre pasado volvió a hablar de «caso a caso».
El ministro solo administra esa promesa. Rabat repitió en los decretos, ante la prensa y ante el Congreso que la jurisprudencia y las comisiones de reducción de condena lo obligaban a firmar. No es cierto.
Según el Centro de Investigación Periodística (CIPER), negó el beneficio en al menos 22 casos. Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, concluye hoy en La Tercera que Rabat «falseó la verdad». Le mintió descaradamente al pueblo de Chile, con la lógica que se atribuye a Goebbels: miente, miente, que algo quedará.
El segundo capítulo toca un punto aún más sensible. Desde el fallo Almonacid Arellano contra Chile, de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a ejercer el control de convencionalidad. Su doctrina exige colaboración con la justicia y arrepentimiento para conceder beneficios en crímenes de lesa humanidad.
La ultraderecha llama «soberanía» al rechazo de esa doctrina. Es una soberanía para los verdugos, no para las víctimas.
El gobierno es coherente en su desprecio por los derechos humanos, y eso es lo inquietante. Desde marzo estudia indultos para los uniformados condenados por la represión de la rebelión de octubre de 2019. Además, según reveló la diputada oficialista Macarena Santelices, Kast rechazó la renuncia de Rabat.
De 1973 a 2019 el mensaje no cambia: para los agentes del Estado, clemencia; para los niños abusados, paciencia.
Con 12 diputados del PDG, la oposición ronda los 75 votos y necesita 78. Pamela Jiles, expresa política de la dictadura, anunció el lunes 16 que votará a favor, después de haberse mostrado dispuesta a defender a Rabat. Ella sabe lo que está en juego. Quien vote en contra o se abstenga traicionará la memoria de las víctimas. No hay voto neutro.
Leopoldo Lavín Mujica
